Resumen para apurados
- El gobierno de Venezuela confirmó su retiro definitivo de la Corte Penal Internacional en la ONU, al denunciar un sesgo geográfico y persecución política.
- La medida ocurre tras la aprobación parlamentaria que derogó el Estatuto de Roma y en medio de investigaciones de la CPI por crímenes de lesa humanidad desde 2017.
- La salida desconoce la jurisdicción internacional sobre el país, tensando la relación con organismos multilaterales e impactando causas por derechos humanos.
Venezuela anunció su salida definitiva de la Corte Penal Internacional (CPI) luego de notificar a Naciones Unidas y a la comunidad internacional que dejó de reconocer la jurisdicción del tribunal. El gobierno de Delcy Rodríguez presentó la decisión como una respuesta a lo que calificó como un trato parcial y una justicia internacional “sesgada”.
La medida se tomó en medio de una extensa disputa entre Caracas y la CPI por el alcance de la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por funcionarios venezolanos.
Desde el Ejecutivo sostuvieron que el tribunal actuó de manera desigual y cuestionaron que sus principales investigaciones se hayan concentrado en países africanos y latinoamericanos.
El canciller Félix Plasencia afirmó que la decisión respondió a la convicción de que la Corte no actuó con equidad y que utilizó sus mecanismos para responder a intereses alejados de la justicia internacional. Según explicó, el accionar del organismo vulneró el derecho de los pueblos a la autodeterminación y la soberanía.
Venezuela acusó a la CPI de utilizar la justicia como una herramienta política
El gobierno de transición venezolano sostuvo que la concentración de investigaciones sobre países del sur global no fue una casualidad procesal, sino parte de un patrón que profundizó desigualdades y afectó la situación del país.
Plasencia aseguró que el retiro de Venezuela representaun rechazo a lo que definió como una “instrumentalización de la justicia internacional” y vinculó a la Corte Penal Internacional con una supuesta utilización política mediante la figura del lawfare, concepto que el gobierno venezolano relacionó con una persecución política.
La salida del tribunal se concretó luego de que el Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, aprobara por unanimidad en diciembre una ley que derogó la adhesión del país al Estatuto de Roma, el tratado que dio origen a la CPI.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, justificó la norma al señalar que representaba una denuncia ante la comunidad internacional sobre “la inutilidad y el vasallaje” de la Corte Penal Internacional.
