Resumen para apurados
- Esta semana, la intendenta Rossana Chahla propuso evaluar la aptitud de los cuidacoches en San Miguel de Tucumán para integrarlos al debate del nuevo estacionamiento medido.
- La discusión surge tras la anulación judicial del contrato de concesión de 2022 y la derogación de la ordenanza reguladora por parte del Concejo Deliberante de la capital.
- Se busca diseñar un sistema moderno que combine orden vial e inclusión laboral, estableciendo un estándar de atención al vecino y regulando la informalidad en la vía pública.
El debate por la reimplementación del sistema de estacionamiento medido en San Miguel de Tucumán continúa sumando voces. La intendenta Rossana Chahla analizó que es una herramienta útil para ordenar el tránsito, y consideró que la inclusión de los cuidacoches podría darse bajo un control de aptitudes. En tanto, concejales de distintos bloques cruzaron alternativas de integración para los trabajadores informales.
El Concejo Deliberante capitalino derogó la semana pasada la Ordenanza N° 4.758, que fue la que habilitó en su momento el llamado a licitación y los pliegos para la implementación del estacionamiento medido. La decisión se tomó luego de que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) declarara nulo el contrato por la concesión del servicio firmado durante la intendencia de Germán Alfaro.
Gestión público-privada
Durante una visita oficial por Overo Pozo, donde se inauguró una nueva celda de disposición final, la intendenta fue consultada por LA GACETA sobre la postura del municipio frente al sistema. “Creemos que todo lo que sea estacionamiento medido ordena el tráfico, y también que la gestión público-privada es muy interesante, porque se cumplen con muchos de los estándares”, señaló.
Además, la jefa municipal aseguró que cree que “un porcentaje de las personas con discapacidad tienen que estar” incluidas en una nueva ordenanza, pero advirtió que “tiene que haber una evaluación de competencias y de buen trato”. “En algunas partes los quieren mucho, pero en otras recibimos quejas por maltrato a los vecinos”, remarcó.
Chahla aseveró que la intención del municipio es avanzar sobre una alternativa inclusiva. “Si tienen las competencias y las capacidades, nos encantaría (integrarlos), porque no queremos que queden sin trabajo. Pero tampoco vamos a permitir el destrato o el maltrato hacia los vecinos”, reiteró.
En casos puntuales
En el Concejo Deliberante, en tanto, se sostiene la necesidad de manejar el tema de los “trapitos” con un meticuloso análisis, aunque apoyan el sistema de estacionamiento medido.
El edil de Acción Vecinal, Cristian Abel, mencionó que el formato aplicado en 2022 consiguió “un reordenamiento de la movilidad y del tránsito”. “En los pocos meses que funcionó, comenzó a haber lugares para estacionar porque se desalentó a que las personas salgan en el auto. Es una medida que ayuda”, dijo.
Acerca de los trabajadores informales, el concejal sugirió que se los tenga en cuenta, aunque para momentos puntuales, como eventos o celebraciones masivas. “Eso va a estar definido en los pliegos, pero creo que sí se pueden determinar zonas donde en cierto evento o actividad puedan estar. Si no, es mentirle a la gente, porque hoy los sistemas no funcionan así”, opinó.
Abel ahondó sobre este último punto y manifestó que “hoy vas Mar del Plata o a Mendoza y no hay cuidacoches. Vos vas, te logueás en el cartel que está en las paradas, entrás al sistema, pagás y estacionás. Pero depende mucho de cómo se elabora el pliego y cuál es el objetivo que queremos alcanzar”.
El oficialista Emiliano Vargas Aignasse apoyó la decisión de avanzar “en un sistema de estacionamiento medido moderno, ordenado e inclusivo”, pero consideró que no hacía falta derogar la ordenanza que lo regulaba.
De hecho, el concejal no participó de la votación del pasado 23. “Mi postura obedeció a que entendía que el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) ya contaba con una herramienta legal que podía ser mejorada mediante su reglamentación”, justificó.
Vargas Aignasse aseveró que “el desafío no era eliminar la ordenanza, sino mejorarla para que cumpliera un doble objetivo: ordenar el uso del espacio público y generar oportunidades de trabajo para quienes más lo necesitan”.
Por su parte, el radical Leandro Argañaraz partió del reconocimiento de que “hay una realidad en Argentina y en Tucumán sobre el trabajo informal”, y analizó que debe buscarse la manera de que convivan las herramientas y los actores. “En el nuevo sistema tiene que estar contemplada, por lo menos, la incorporación de algunos de ellos (los “trapitos”) por una contratación por parte de la empresa concesionaria, que puede aprovechar el conocimiento que ellos tienen sobre el trabajo”, indicó.
El concejal sumó que, del otro lado, también debe garantizarse que los trabajadores informales cumplan con un estándar mínimo de requerimientos. “Claramente nosotros tenemos una responsabilidad, y hay una necesidad de que todos los que transitamos por la ciudad sepamos y tengamos en claro quiénes son las personas que trabajan en la vía pública”, insistió.
Por último, José María Canelada (Unión Cívica Radical) evaluó que se debe “dejar de discutir el estacionamiento como un problema aislado”. “Lo que ocurre en el centro es la consecuencia de una ciudad que hace años no tiene una política integral de movilidad ni de planificación urbana. Que sea casi imposible encontrar un lugar para estacionar es un síntoma de ese problema de fondo”, determinó.
Sobre los cuidacoches, el concejal indicó que se trata de personas que atraviesan “situaciones de enorme vulnerabilidad” y que “el Estado no puede seguir mirando para otro lado”. “Hace falta una política que combine orden, inclusión y cumplimiento de la ley”, aseveró Canelada.
