Canelada y Cobos: “La SAT no solo ignora a los vecinos; ahora también incumple órdenes judiciales”
La Justicia volvió a intimar a la Sociedad Aguas del Tucumán por cumplir con una sentencia favorable a vecinos afectados por la deficiente prestación del servicio. Si no cumple en el plazo fijado, deberá afrontar astreintes de $100.000 diarios.
Resumen para apurados
- La Justicia de Tucumán intimó a la empresa estatal SAT a cumplir una sentencia por deficiente servicio de agua potable, tras una denuncia de los concejales Canelada y Cobos.
- El fallo judicial responde a un amparo de vecinos. Si la empresa estatal no normaliza la prestación del agua en diez días hábiles, recibirá multas diarias de 100.000 pesos.
- Los concejales exigen que el ente regulador controle a la SAT, advirtiendo que el acceso al agua no puede depender de constantes litigios ni de la voluntad de la empresa.
Los concejales José María Canelada y Gustavo Cobos advirtieron que la Sociedad Aguas del Tucumán volvió a quedar bajo intimación judicial por no haber cumplido con una sentencia dictada en favor de vecinos afectados por la deficiente prestación del servicio de agua potable.
La nueva resolución fue dictada en el marco del expediente “Pérez Rita y otros c/ Sociedad de Aguas del Tucumán S.A.P.E.M. s/ amparo”.
Allí, el Juzgado Civil y Comercial Común de la XIV Nominación señaló que la SAT no acreditó haber cumplido con lo ordenado mediante resolución del 4 de marzo de 2026. Por ese motivo, la Justicia intimó nuevamente a la empresa a cumplir en un plazo de 10 días hábiles, bajo apercibimiento de aplicarle astreintes por la suma de $100.000 diarios hasta que cumpla con la orden judicial.
“Esto confirma algo muy grave: los vecinos tuvieron razón cuando reclamaron, tuvieron razón cuando fueron a la Justicia y ahora vuelven a tener razón cuando denuncian que la SAT no cumplió. No estamos hablando de una demora administrativa menor. Estamos hablando de una empresa estatal que presta un servicio esencial y que no cumplió conuna sentencia”, señalaron Canelada y Cobos.
Los concejales recordaron que en marzo se habían conocido los fallos favorables en amparos promovidos junto a vecinos de distintos barrios de San Miguel de Tucumán, en los que la Justicia ordenó a la SAT adoptar medidas para garantizar la normal prestación del servicio de agua potable.
“La sentencia fue un paso importante, pero no alcanza con ganar un amparo si después la empresa no hace lo que la Justicia le ordena. Un vecino que no tiene agua o que vive con un servicio deficiente no debería tener que convertirse en abogado, gestor y auditor de la SAT. Primero reclama, después espera, después vuelve a reclamar, después va a la Justicia, gana el amparo y aun así tiene que volver a tribunales para denunciar que la empresa no cumplió. Eso es inaceptable”, afirmó Canelada.
En esa línea, Cobos planteó que el incumplimiento judicial agrava la responsabilidad institucional de la empresa. “La SAT no solo tiene que responder por la calidad del servicio. También tiene que respetar las decisiones judiciales. Una sentencia no es una sugerencia ni una recomendación: es una orden que debe cumplirse”, expresó.
Finalmente, Canelada y Cobos exigieron que la SAT informe públicamente qué medidas adoptará para cumplir con lo ordenado y que el ERSEPT ejerza un control efectivo en defensa de los usuarios. “Los tucumanos pagan por un servicio esencial y tienen derecho a recibirlo. No puede ser que cada barrio tenga que organizarse, reclamar durante años y judicializar su situación para conseguir una respuesta. El agua potable no puede depender de un amparo, y una sentencia no puede depender de la voluntad de la SAT”, concluyeron.
