Resumen para apurados
- La Justicia investiga a Facundo Leal, ex titular de Arsat, tras hallarle US$ 2,3 millones en efectivo, bajo sospecha de cobrar retornos por gestiones estatales en Argentina.
- El caso inició por faltante de tecnología y escaló a desvíos en contratos. Leal, con nexos en varias gestiones, operaba en Arsat y Orsna destrabando trámites a cambio de dinero.
- Los peritajes a los dispositivos electrónicos secuestrados serán clave para reconstruir la red de coimas y determinar el alcance real de los negocios paralelos en el Estado.
La detención de Facundo Leal abrió una caja de interrogantes que van mucho más allá del volumen de dinero secuestrado en sus propiedades de Buenos Aires y Mendoza. En el centro de la escena aparece una pregunta incómoda: qué tipo de “favores” o servicios pudo haber facilitado durante su paso por organismos estratégicos del Estado.
Abogado, de 42 años, Leal no fue un funcionario más. Presidió Arsat entre 2022 y mediados de 2025 y luego recaló en el Orsna, dos espacios donde las decisiones administrativas están atravesadas por contratos millonarios y autorizaciones sensibles. En ese ecosistema, distintos actores del sector lo describen como un operador con capacidad para destrabar gestiones y “abrir puertas” en ámbitos donde el acceso es poder.
La investigación judicial, que comenzó por el faltante de equipamiento tecnológico, rápidamente derivó hacia un esquema más complejo vinculado a presuntas irregularidades en contrataciones. En ese entramado, los investigadores ponen la lupa sobre su rol de “articulador”, una función que -según las sospechas- habría compartido con el ex secretario de Transporte, Luis Pierrini, para viabilizar decisiones que excedían los márgenes de la gestión transparente.
El caso no surge en el vacío. El Orsna, donde Leal se desempeñó hasta enero, ya había quedado bajo observación en gestiones anteriores. Durante el gobierno de Alberto Fernández, el organismo fue presidido por Matías Tombolini, hoy también bajo la lupa judicial por su participación en el sistema SIRA, un esquema cuestionado por su discrecionalidad en la asignación de divisas. El paralelismo refuerza la hipótesis de estructuras donde los permisos y autorizaciones pueden transformarse en herramientas de poder económico.
Pero el dato más contundente es el dinero. Más de 2,3 millones de dólares en efectivo, distribuidos entre un departamento en Palermo y propiedades en barrios privados de Mendoza, como Dalvian. A eso se suma un detalle que inquieta a los investigadores: la presencia de divisas de siete países distintos, desde reales brasileños hasta chelines tanzanos, un indicio que alimenta la sospecha de circuitos financieros por fuera del sistema formal.
En ese contexto, la hipótesis que gana terreno es la de un posible “peaje” por gestiones administrativas: pagos informales por facilitar contratos, destrabar expedientes o acelerar autorizaciones. Una lógica que, de confirmarse, ubicaría a Leal como pieza clave de un engranaje donde el Estado funcionaba como plataforma de negocios paralelos.
Su permanencia como empleado de planta en Arsat incluso después de dejar cargos jerárquicos, sumada a su capacidad para moverse entre distintas administraciones -desde el kirchnerismo hasta el actual gobierno-, refuerza la idea de un operador con vínculos transversales y permanencia estructural.
Ahora, todas las miradas están puestas en el contenido de los dispositivos electrónicos secuestrados: pendrives, notebooks y teléfonos que podrían convertirse en la “caja negra” del caso. Allí, la Justicia busca reconstruir el mapa de relaciones, decisiones y eventuales retornos económicos.
La clave será determinar si detrás de cada contrato otorgado o permiso facilitado existió una contraprestación. Es decir, si los “favores” que hoy se investigan tuvieron un precio y si ese precio es el que terminó acumulado, en efectivo, fuera de cualquier circuito legal.
