Cuáles son los contratos que denuncia la concejal alfarista Ana González en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán
La acusación formulada contra cinco funcionarios cuestiona la contratación de servicios por fabricación de paradas de colectivos, instalación de tótems y limpieza de espacios verdes.
Resumen para apurados
- La concejal Ana González denunció penalmente a cinco funcionarios de San Miguel de Tucumán por supuestas irregularidades en contrataciones directas por $2.700 millones.
- La demanda cuestiona 12 contratos de limpieza y equipamiento urbano adjudicados directamente a firmas y cooperativas, eludiendo licitaciones mediante argumentos de urgencia.
- Este caso tensa la relación política en el municipio de Tucumán y abre el debate sobre el control y transparencia en el uso de fondos públicos para obras de infraestructura.
La denuncia penal formulada contra cinco funcionarios de la Municipalidad capitalina plantea 12 casos en los que se contrataron servicios de manera directa y presuntamente irregular. En su mayoría, se trata de tareas de limpieza de espacios verdes enmarcadas bajo la emergencia ambiental, pero también se cuestiona el proceso de compra de tótems interactivos y la instalación de más de 60 refugios para el transporte público. El detalle de cada supuesto.
La concejal alfarista Ana González acusó ante el Ministerio Público Fiscal (MPF) al secretario General, Rodrigo Gómez Tortosa; a la de Gobierno, Camila Giuliano; al de Economía y Hacienda, Sebastián Ruiz Toscano; al de Servicios Públicos, Luciano Chincarini, y al contador General, Marcelo Albaca de habilitar contrataciones directas por un total de $2.700 millones para servicios que -considera- debieron emplearse a través de licitaciones públicas.
En detalle
Los primeros planteos que impone la demanda corresponden a servicios ambientales, pero los montos más altos se refieren a herramientas para el transporte público de pasajeros.
Por ejemplo, la denuncia cuestiona los contratos efectuados con la firma “Atres Impresiones S.A.” en tres oportunidades. A principios de 2025, dicha empresa fue convocada para la fabricación de 40 paradas de colectivos por $398 millones (lo que arroja un precio unitario de $9 millones), y luego, en diciembre, se ordenaron 20 refugios más por $252 millones (por unidad, unos $12 millones).
La acusación asegura que la firma fue contratada también en 2024 para la instalación de tres refugios multimedia por $68 millones y reclama que “el precio unitario de estos refugios superaba en más de $10 millones a otros similares”.
“Resulta jurídicamente insostenible que el municipio sostenga, simultáneamente, que una adquisición forma parte de un plan integral de movilidad urbana y que, al mismo tiempo, dicha adquisición responde a una situación de necesidad y urgencia que impide cumplir con el procedimiento de licitación pública”, indica la demanda.
Otra compra se habría formulado con “Providers S.A.” por $398 millones para 165 kits de monitoreo para el transporte público. La demanda reprocha la consideración municipal de que fuera una “necesidad inmediata e imprevista” por tratarse de bienes importados con “plazos de logística extensos”.
En tanto, en marzo de este año, el municipio a cargo de Rossana Chahla habría contratado la provisión de 14 tótems interactivos para el Vía Crucis por $141 millones con “Esca Construcciones S.R.L.”, “con un anticipo del 70% antes de la entrega”. Además, la demanda apunta al “sobreprecio” de los artefactos.
Sobre los servicios ambientales, la denuncia expone -por ejemplo- que a la cooperativa “Juntos para Vivir Mejor” se la contrató para tareas de promoción ambiental, eco-canjes y armado de stands por $50 millones para tres meses, y cuestiona que estas actividades eran “claramente previsibles y programables”. A su vez, reclama que la cooperativa no habría estado inscripta en el Registro de Proveedores al momento de la firma, y que no habría poseído “antecedentes técnicos específicos” en las tareas encomendadas”.
Por último, se reclama la adjudicación de contratos a los particulares Alberto Obeid e Ivana Longhino y a las cooperativas “Profeta Isaías”, “Remacoop”, “Constutuc” y “Proyectar Futuro”, que -según denuncia González- habrían presentado irregularidades fiscales o habrían sido creadas contemporáneamente a la contratación por el municipio. También se reclama que, en algunos casos, habría existido una superposición territorial de contratos y una utilización de “fundamentos legales estandarizados para eludir sistemáticamente los procedimientos de licitación pública”.
