Francisco y Manuel Adorni, en una foto de sus redes sociales.
Resumen para apurados
- El juez Casanello ordenó levantar el secreto bancario y fiscal de Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete, por presunto incremento patrimonial no justificado en Argentina.
- La causa, impulsada por el fiscal Marijuán tras una denuncia de Marcela Pagano, investiga cómo Adorni canceló una deuda de $60 millones en un año con su sueldo en el Estado nacional.
- La medida busca transparencia en la función pública y audita la evolución patrimonial oficial. El avance judicial marcará un precedente sobre el control ético de los funcionarios.
El juez federal Sebastián Casanello ordenó levantar el secreto bancario y fiscal de Francisco Adorni, hermano del actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de una investigación por presunto incremento patrimonial no justificado.
La medida busca reconstruir la evolución de su patrimonio entre 2020 y la actualidad mediante una serie de requerimientos a organismos públicos y entidades financieras.
La decisión judicial incluye pedidos al Banco Central (BCRA) para que solicite a bancos y entidades financieras información sobre cuentas corrientes, cajas de ahorro, transferencias, depósitos en efectivo, tarjetas de crédito, plazos fijos, cajas de seguridad y operaciones de compra y venta de moneda extranjera vinculadas a Francisco Adorni.
También se libraron oficios a ARCA y otros organismos, tal como había requerido el fiscal Guillermo Marijuán al impulsar la causa, consignó el diario "Ámbito".
Casanello, quien subroga el Juzgado Federal 6, hizo lugar a las medidas impulsadas por Marijuán a partir de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano. La investigación se centra en “la hipótesis sobre el presunto incremento patrimonial no justificado de Francisco Jorge Adorni”.
Según la denuncia, el funcionario habría registrado ese crecimiento patrimonial mientras ocupaba cargos en el ámbito Poder Ejecutivo Nacional (PEN), primero como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y luego, desde junio de 2025, al frente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF).
En el dictamen fiscal se señaló que Francisco Adorni “no registraba antecedentes públicos de trayectoria en la función pública nacional ni patrimonio compatible con la incorporación de bienes registrables de alto valor en plazos breves”.
Al asumir funciones públicas, Adorni declaró ante la Oficina Anticorrupción el 50% de una vivienda en City Bell valuada en $38,79 millones y el 50% de un vehículo Chery Tiggo modelo 2017 tasado en $5 millones. También informó bienes y dinero por un total de $43,79 millones y “ninguna suma en concepto de deudas”.
Sin embargo, en la declaración jurada anual correspondiente a 2025 declaró un patrimonio neto de $80,5 millones. Según se indicó, el incremento patrimonial “se explicaría sustancialmente” por la incorporación del 50% de una Jeep Renegade 2020 valuada en $8 millones y por la cancelación en un año de un crédito hipotecario cercano a los $60 millones otorgado por el Banco Provincia.
En uno de los tramos del dictamen, el fiscal sostuvo que “incluso asumiendo una capacidad de ahorro extraordinaria del cien por ciento (100%) del salario percibido, el flujo disponible en el período resultaría insuficiente para explicar la cancelación en un breve lapso de 12 meses de un pasivo hipotecario por aproximadamente $60 millones”.
Aunque mencionó la existencia de otra causa relacionada con el patrimonio de Manuel Adorni, Marijuán aclaró que “aquellas menciones que a su respecto efectúa en la denuncia no serán objeto de esta investigación”.
Para avanzar con la pesquisa, el juez ordenó una amplia serie de medidas. Además del levantamiento del secreto bancario y fiscal, solicitó a ARCA información sobre declaraciones juradas, movimientos patrimoniales, cuentas bancarias, consumos con tarjetas, operaciones cambiarias, bienes registrables y eventuales movimientos vinculados a activos virtuales.
También requirió al Banco Provincia un “detalle pormenorizado de la totalidad de los pagos imputados a la cancelación del referido crédito durante los ejercicios 2024, 2025 y 2026”, incluyendo fecha, monto, medio de pago y origen de los fondos utilizados.
La investigación busca además reconstruir posibles vínculos societarios, operaciones inmobiliarias y movimientos financieros del funcionario. Para ello, se libraron pedidos de información a la UIF, IGJ, registros de propiedad inmueble, automotor, aeronaves y buques, compañías aseguradoras y empresas de envío de dinero.
Asimismo, el fiscal solicitó al Ministerio de Defensa el legajo completo de Francisco Adorni, las resoluciones de designación y el detalle de haberes percibidos desde 2023. A la Oficina Anticorrupción le requirió las declaraciones juradas patrimoniales públicas y sus anexos reservados.
