Resumen para apurados
- El imputado Ontiveros será indagado este viernes en el Juzgado Federal por presunto tráfico de influencias, tras el rechazo judicial a los planteos de su defensa para dilatar el caso.
- La defensa acudió a la Cámara para cuestionar la validez de las pruebas antes de la indagatoria, pero el juez Díaz Vélez decidió mantener la fecha y avanzar con el proceso penal.
- Esta instancia es determinante para el futuro de la causa por corrupción. Los resultados de la indagatoria marcarán el rumbo de la investigación sobre la red de influencias local.
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La investigación por presunto tráfico de influencias y maniobras de corrupción en el seno de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán ha ingresado en una fase de definiciones sobre la situación procesal de Luis Alejandro Ontiveros. En una reciente audiencia ante un tribunal de alzada conformado especialmente por los jueces Ana Carina Farías, Jorge Basbús y Enrique Lilljedahl, la defensa técnica intentó desarticular la causa mediante planteos de falta de acción y nulidad. La estrategia defensiva, llevada adelante por el estudio de Miguel Ángel Pierri, se centró en sostener la inexistencia de delito y cuestionar la legitimidad del secuestro del celular del imputado, alegando una supuesta violación a las prerrogativas de la abogacía y tachando de "agresivas e irracionales" las medidas de prueba.
El expediente tuvo su origen el 29 de abril de 2025, cuando Mario Alberto Martínez Salazar Pérez, jefe de investigación en la actual ARCA (ex AFIP), se presentó ante la fiscalía federal. El funcionario denunció que Ontiveros le habría exigido sumas de entre 80.000 y 100.000 dólares para favorecer la situación procesal de su hijo, Jerónimo Martínez Parada, quien se encontraba involucrado en una causa por presuntas estafas piramidales y lavado de activos en Catamarca. Según la denuncia, Ontiveros ofrecía "solucionar" el incidente de prisión preventiva invocando un poder de influencia real sobre la Cámara, basado en que decía vínculos directos con el entorno del tribunal, sostiene la acusaciój.
La tesis de la fiscalía, liderada por Agustín Chit, sostiene que Ontiveros comercializaba una influencia basada en su estrecha relación con el camarista Mario Leal, de quien se presentaba públicamente como su "sobrino de corazón". La esposa del acusado, Solana Casella, se desempeña como relatora exclusiva en la vocalía de Leal y es actualmente aspirante a ocupar el Juzgado Federal N° 1. Además, dos hermanos de Ontiveros trabajan como secretarios privados del mismo magistrado.
Durante el debate ante la Cámara ad hoc, tanto la querella representada por Juan Andrés Robles como la fiscalía federal de Pedro Simón expusieron las evidencias halladas en el teléfono de Ontiveros. Según ellos, el análisis forense detectó geolocalizaciones que sitúan al imputado en los bares y horarios relatados por Martínez Salazar Pérez, además de notas digitales con claves de sistemas internos del Poder Judicial y seguimientos de causas ajenas a su labor profesional. Incluso se halló una captura de pantalla de un correo oficial del sistema Zimbra, de uso exclusivo judicial, con información sensible sobre el expediente del hijo del denunciante, lo que probaría el acceso indebido a datos reservados.
Los camaristas aún no resolvieron el planteo defensivo de Ontiveros. En paralelo, Pierri solicitó ante el juez federal José Manuel Díaz Vélez postergar la indagatoria fijada para este viernes 15 de mayo. Pierri solicitó una nueva reprogramación alegando una superposición material con el inicio de un debate oral en La Plata y sus compromisos en la causa por la muerte de Diego Maradona. Sin embargo, la respuesta del juez fue contundente: el magistrado resolvió no hacer lugar al pedido, recordando que la fecha ya había sido postergada por "única vez" y que el derecho de defensa puede garantizarse mediante la designación de un sustituto o codefensor. El magistrado subrayó que Ontiveros fue notificado personalmente de esta audiencia el pasado 25 de abril, con una antelación muy superior a la que el defensor tuvo respecto de sus otros compromisos. Para la justicia, el proceso no puede quedar supeditado a la agenda de los letrados cuando existen alternativas procesales previstas en la ley. La resolución advierte que la comparecencia de este viernes a las 9.30 horas se mantiene bajo apercibimiento de ley, lo que implica que la inasistencia podría derivar en el uso de la fuerza pública para asegurar el acto procesal. Tras esto, el propio Pierri interpuso un recurso de reposición con apelación en subsidio en contra del decreto de Díaz Vélez, insistiendo con que se reprograme la audiencia.
Mientras la defensa insiste en que se trata de un "montaje" para dañar la carrera de Solana Casella, el cúmulo de pruebas tecnológicas y patrimoniales que dicen los acusadores que tienen obliga por ahora a Ontiveros a sentarse frente al juez este viernes para dar respuestas.
