VIÑA. El legislador opositor recordó que cuenta con dictamen un proyecto similar, presentado en 2025.
Resumen para apurados
- El legislador Claudio Viña impulsa en Tucumán test de drogas obligatorios para funcionarios públicos tras la medida tomada en Salta, buscando asegurar la ética en el poder estatal.
- La iniciativa busca reactivar la Ley 8.850 de 2016 para exigir controles anuales. Contempla licencias y tratamientos de recuperación para funcionarios con resultados positivos.
- Esta medida pretende fortalecer la lucha contra el narcotráfico desde el Estado. De aprobarse, elevará los estándares de idoneidad y transparencia exigidos a los cargos jerárquicos.
El debate para la aplicación obligatoria de exámenes toxicológicos para funcionarios públicos de todos los niveles del Estado se reactivó en Tucumán luego de la determinación que tomó Salta. Por DNU -luego refrendado por el Poder Legislativo-, las disposiciones en la vecina provincia alcanzan a representantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de intendentes, concejales y autoridades municipales, y contempla controles aleatorios y periódicos. Y en la Cámara tucumana proponen avanzar en igual sentido.
El legislador Claudio Viña (Compromiso Tucumán) reclamó la plena vigencia de la Ley 8.850, una norma sancionada en 2016 que, según advirtió, “permanece en el olvido”. El planteo surgió a partir del avance que se dio en Salta en los últimos días.
“En hora buena el Gobierno provincial emprendió una política de estado concreta y valiente para combatir el narcotráfico y sus nefastas derivaciones. Decisiones políticas contundentes e inversiones de gran envergadura hacen gala de un importante despliegue en la provincia contra la droga”, reconoció Viña.
El parlamentario opositor, sin embargo, cuestionó: “sería muy oportuno que se actualice la Ley 8.850, y se cumpla íntegramente, de manera tal que quienes ocupamos cargos públicos de responsabilidad institucional, en cualquier lugar de la administración pública, podamos y debamos demostrar estándares de ética e idoneidad moral, que incluyan la total prescindencia de cualquier adicción a sustancias prohibidas en el desempeño de estas.
Para continuar con acierto combatiendo al narco, quienes estamos en cargos públicos de responsabilidad debemos cumplir con la Ley 8.850”.
A través de un comunicado, Viña recordó que en febrero de 2025 presentó una iniciativa -que ya cuenta con dictamen- para actualizar y relanzar la ley vigente en Tucumán. La propuesta contempla la realización de test anuales obligatorios para todos los funcionarios públicos, incluidos integrantes de organismos de control, con el objetivo de verificar que no consuman drogas ni sustancias psicoactivas.
“El proyecto también contempla que, en caso de que un funcionario o agente público dé positivo en el test de drogas, deberá ser licenciado y someterse a un tratamiento de recuperación antes de poder retomar su cargo”, mencionó el líder de Nueva Fuerza.
Iniciativa salteña
La ley salteña establece que los exámenes podrán realizarse bajo dos modalidades: controles programados y pruebas sorpresivas. La inclusión de evaluaciones sin previo aviso busca impedir maniobras que puedan alterar los resultados y garantizar una fiscalización efectiva.
A la vez, la normativa incorpora mecanismos de resguardo para los funcionarios alcanzados. Entre ellos, la reserva sobre los resultados obtenidos y la posibilidad de solicitar una contraprueba en caso de desacuerdo con el análisis inicial.
