La abogada Paula Morales Soria
Las estafas generan una polémica entre los penalistas. Por un lado, están quienes consideran que el castigo que puede recibir una persona es demasiado leve para el perjuicio que provocan. Otros, en cambio, aseguran que hay que buscar mecanismos alternativos para evitar que estas maniobras se concreten, antes que pensar en endurecer las penas.
“El Código Penal contempla penas de entre tres meses y seis años para las personas que cometen estos ilícitos. Lo más grave es que muchas veces los autores aceptan una pena condicional y se quedan con el dinero de los damnificados. Así es muy difícil que abandonen esta actividad”, sostuvo Juan Herrero. “El ejemplo es lo que sucedió con el caso de la concesionaria de Yerba Buena. En menos de cinco años afrontaron tres procesos judiciales”, indicó.
El penalista Marcelo Cocianci considera que hay un problema mucho más grave. “Hay una baja respuesta del sistema penal. En la práctica, una estafa es un delito que muchas veces no se investiga con la profundidad necesaria. Las causas se dilatan, no hay pericias tecnológicas a tiempo y eso genera un mensaje muy claro: quien estafa tiene altas probabilidades de no ser sancionado. Ese déficit de persecución alimenta directamente el crecimiento del delito”, sostuvo.
“Está demostrado que el castigo no alcanza. Se debería poner el foco en la prevención social”, opinó Ernesto García Biagosch. “Hay que hacer campañas de alfabetización en ciberseguridad y de higiene digital. También se debe concientizar sobre el uso de claves, tokens y el funcionamiento de las billeteras virtuales. Para ello, es indispensable implementar sistemas de difusión masiva ante nuevas modalidades detectadas y, principalmente, educación financiera”, destacó.
Desafío doble
“Desde el derecho, el desafío es doble. Por un lado, dar respuestas eficaces frente a estas nuevas modalidades delictivas, con investigaciones ágiles y herramientas acordes”, señaló la abogada Paula Morales Soria. “Pero por otro, y quizás más importante, entender que la solución no es solo punitiva. La prevención, la educación digital y la reconstrucción de valores vinculados a la confianza, el esfuerzo y la legalidad son fundamentales para abordar el problema de fondo”, agregó en una entrevista con LA GACETA.
Javier Lobo Aragón (h) coincidió con sus colegas, pero agregó: “Los bancos también deberían maximizar los controles sobre los ataques informáticos, ya que a través de ellos se vulneran los datos de los clientes y resultan perjudicadas las personas que ponen a su cuidado su dinero”.
