PENAL DE OLMOS. Los policías secuestraron ocho celulares de la celda de un acusado de abuso sexual de una menor.
Resumen para apurados
- Autoridades realizaron el operativo 'Aliados por la Infancia VI' en Tucumán y 16 países para desarticular una red de abuso infantil, logrando 86 detenciones por distribución de material.
- La investigación fue coordinada por EE.UU. y la fiscalía porteña, rastreando IPs en la dark web. Hubo allanamientos en 18 provincias argentinas y el secuestro de múltiples dispositivos.
- El despliegue marca un hito en la lucha contra el cibercrimen infantil. El análisis de los elementos incautados será clave para identificar a más consumidores y distribuidores globales.
Tucumán fue una de las 18 provincias del país donde se realizaron allanamientos en el marco de una investigación internacional en la que se investigan casos de explotación sexual con fines de distribución. El operativo se desarrolló en simultáneo en otros 16 países y se detuvo a unas 80 personas. Las autoridades secuestraron una importante cantidad de material y dispositivos electrónicos. Una funcionaria trans de Santa Cruz fue desplazada del cargo por estar siendo investigada en esta causa.
El procedimiento, bautizado como “Aliados por la Infancia VI”, fue planificado en conjunto por la embajada de los Estados Unidos, el Departamento de Seguridad estadounidense y el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, con la articulación de Daniela Dupuy, la fiscal especializada en cibercrimen.
Según consignó el diario “Clarín”, Dupuy recibió información de las autoridades norteamericanas sobre una organización internacional que se dedicaba a la distribución de este material. Comprobó que en nuestro país un grupo de personas distribuía filmaciones de abusos sexuales en las que menores de edad eran víctimas.
LA CAUSA. El operativo se desarrolló en simultáneo en otros 16 países y se detuvo a unas 80 personas.
Estas investigaciones son muy complejas y pueden llevar meses e incluso años para ser descubiertas. Normalmente, las autoridades de Estados Unidos envían a sus pares argentinos los datos de personas que podrían estar dedicadas a la producción o comercialización de este material pornográfico. A partir de ese momento, se abre un expediente en el que se trata de identificar a los acusados. Conseguir pruebas no es sencillo, ya que estas filmaciones circulan en la dark web, es decir, en contenidos cifrados.
Los pesquisas llegan a los sospechosos al identificar la IP del servicio de internet que utilizan para distribuir este material. “Hay que tomar muchas precauciones porque hemos tenido casos de personas que realizan estas actividades con los datos de un vecino o de un pariente. Son investigaciones muy complejas”, explicaron fuentes judiciales.
En Argentina, por esta causa, se ordenaron allanamientos en Ciudad de Buenos Aires (15), Santa Cruz (11), Buenos Aires (ocho), Córdoba, Jujuy y Misiones (cuatro), Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza y Chubut (tres), Catamarca y Salta (dos), Chaco, Formosa, Neuquén, Tucumán, San Luis, Santiago del Estero y Santa Cruz (uno). En total, se registraron 26 detenciones en nuestro país. También se realizaron medidas en Costa Rica, Honduras, República Dominicana, Ecuador, Paraguay, Panamá, Puerto Rico, Uruguay, Guatemala, Brasil, Colombia, México, España, Francia, El Salvador y Perú. En el marco del operativo “Aliados por la Infancia VI”, fueron detenidas 86 personas, 26 en Argentina.
El nexo tucumano
La fiscal Dupuy tomó contacto con un representante del Ministerio Público de nuestra provincia y recibió colaboración para concretar la medida. Aunque no se brindaron mayores detalles, se supo que en el domicilio del sospechoso se secuestraron computadoras, celulares y dispositivos de almacenamiento que serán peritados. No hubo orden de detención en su contra. “Normalmente estas personas quedan en libertad hasta tanto se defina su participación en el caso. Es importante aclarar que en este delito no sólo se persigue a quienes distribuyen el material, sino también a quienes lo compran para consumirlo”, sostuvo una fuente judicial.
El operativo realizado por las autoridades reveló detalles sorprendentes. Uno de los procedimientos se desarrolló en el penal de Olmos. Los policías secuestraron ocho celulares de la celda de un acusado de abuso sexual de una menor.
En Santa Cruz, los allanamientos generaron un escándalo político. Los pesquisas se presentaron en el domicilio de Ivana Álvarez, directora del Centro Integrador Comunitario “Nuestra Señora del Luján”, en búsqueda de evidencias. La funcionaria, una de las primeras mujeres trans en llegar a ocupar un cargo de este tipo, fue desplazada de sus funciones.
