Beatriz Avila.
Resumen para apurados
- La senadora Beatriz Ávila presentó en el Congreso un proyecto de ley para regularizar deudas familiares en Argentina, buscando aliviar la morosidad y reactivar el consumo interno.
- El régimen propone condonar un 40% de intereses, ofrecer planes de hasta 60 cuotas y suspender embargos para quienes destinen el 30% de sus ingresos al pago de pasivos acumulados.
- La iniciativa busca frenar la exclusión financiera y mitigar el impacto social de la crisis, priorizando la salud mental y económica de jubilados, trabajadores y jóvenes.
La morosidad en los créditos familiares y la situación agobio que enfrentan miles de familias de la Argentina, son los principales fundamentos del proyecto de ley que impulsa la senadora Beatriz Avila. La referente del Bloque Independencia propone un régimen especial para facilitar la regularización de esas deudas y habilitar la refinanciación de pasivos en los bancos.
La iniciativa de Avila fija un marco obligatorio para que las entidades financieras ofrezcan condiciones especiales a quienes destinen al menos el 30% de sus ingresos disponibles al pago de deudas. El beneficio alcanzará a deudas de tarjetas de crédito, préstamos personales y otras formas de financiamiento vinculadas a relaciones de consumo, así como a servicios públicos o privados asociados a bienes y servicios de primera necesidad.
Según un comunicado, la senadora tucumana impulsa una condonación mínima del 40% de los intereses moratorios y punitorios acumulados. Además, propone planes de pago de hasta 60 meses con tasas razonables. Se dispondría, también que los bancos deban suspender embargos, ejecuciones judiciales y reportes negativos en los registros crediticios. “Es indispensable dar un alivio inmediato a los deudores y frenar procesos que profundizan la exclusión financiera. Es otra forma de reactivar la economía”, sostuvo la parlamentaria.
Ávila advierte que el endeudamiento por consumo se transformó en una carga que condiciona decisiones básicas de las familias. “La carga de los intereses moratorios sobre sectores con ingresos deteriorados, como jubilados, trabajadores y jóvenes se torna dramática. Hay que dar una respuesta política a un problema que excede lo económico para transformarse en una crisis social que impacta en la salud mental”, justificó.
El proyecto, que ya tomó estado parlamentario, prevé una vigencia de dos años desde su aprobación.
