EN CALLE MUÑECAS AL 900. El Poder Legislativo celebra una sesión este jueves. Foto de Archivo
Resumen para apurados
- Este jueves, la Legislatura de Tucumán prevé aprobar la ley de 'Ficha Limpia' para restringir el acceso a cargos públicos a personas con condenas penales por delitos dolosos.
- El dictamen exige doble instancia judicial e incluye a deudores alimentarios. La oposición cuestiona que el registro dependa del Ejecutivo y pide inhabilitar desde la primera instancia.
- La norma busca elevar los estándares éticos en el Estado. Su implementación marcará un precedente en la idoneidad política, aunque persisten cruces por posibles vulneraciones legales.
El oficialismo cuenta con los números suficientes -entre propios y aliados- para darle fuerza de ley en la sesión de este jueves al dictamen de mayoría respecto a la “Ficha Limpia”, el régimen que restringe el acceso y la permanencia de funcionarios jerárquicos de los tres poderes del Estado ante condenas mayores a tres años por delitos dolosos.
Y aunque los detalles de la normativa se dirimirán en el recinto de la Cámara provincial, desde algunos sectores de la oposición anticiparon cuestionamientos sobre la cuestión.
En términos generales, el despacho mayoritario emitido por la comisión de Asuntos Constitucionales, que preside Carolina Vargas Aignasse (PJ), incluye la “doble instancia” como el criterio para la aplicación de la Ley de Ficha Limpia. Además de enumerar un amplio de delitos (como defraudación al Estado, narcotráfico, contra la integridad sexual y de lesa humanidad, entre otros), se incorporó a los sujetos que figuren en el Registro de Deudores Alimentarios.
A la vez, se prevé un Registro Público Provincial de Ficha Limpia; la presentación de una declaración jurada para los aspirantes a ser electos o designados en un cargo jerárquico; y la posibilidad de que los ciudadanos presenten un recurso de impugnación contra un candidato alcanzado por esta normativa.
El legislador radical Agustín Romano Norri firmó un dictamen de minoría este lunes. Y si bien expresó que el tratamiento de este asunto “implica un paso adelante” y coincide con el espíritu de la norma, aclaró que existen varios puntos que podrían hacer “más rápida y operativa” la puesta en vigencia de la Ficha Limpia.
Uno de los puntos objetados por el opositor es que, en principio, el Registro Público debería depender del Poder Judicial, y no de un área del Ejecutivo, como es el Ministerio de Gobierno. “De esa forma, se evitaría cualquier tipo de especulación, de mala interpretación o de mala intención”, dijo Romano Norri.
Además, consideró que se debe establecer un sistema automático para que se activen las restricciones, similar a otras bases de datos con datos públicos donde se constatan habilitaciones o inhabilitaciones. “No debería ser con un mecanismo en el cual un ciudadano impugne a un candidato. Lo que proponemos es una forma más rápida y operativa”, indicó.
El opositor José Macome, en tanto, expuso su proyecto en la última reunión de Asuntos Constitucionales -en total, son seis iniciativas las que forman parte del expediente-, y marcó sus diferencias con la propuesta final.
“Permitir candidaturas con condenas es garantizar una puerta abierta a la corrupción”, advirtió. Según Macome, es clave en qué instancia se activa la prohibición para ser candidato, y apuntó a “elevar los estándares éticos” para quienes aspiran a representar a la ciudadanía. “Mi postura es firme: si hay condena en primera instancia, no hay candidatura”, sentenció el legislador. Frente a las críticas que señalan que esta medida podría vulnerar el principio de inocencia, Macome aclaró la naturaleza de su planteo. “No se trata de proscribir, se trata de cuidar la idoneidad del cargo público. Una verdadera Ficha Limpia exige que el candidato esté libre de condenas fundadas antes de pedir el voto”, afirmó el legislador.
En el orden del día fijado para este jueves, para la sesión convocada por el vicegobernador Miguel Acevedo, se destaca “Ficha Limpia”, aunque el temario también incluye otros asuntos relevantes, como la prórroga a la Ley de Emergencia en el Servicio de Transporte Público Provincial.
