La burocracia frena el desarrollo inmobiliario y creen que Tucumán debe flexibilizar trámites

¿Cuánto le cuesta la burocracia a un emprendimiento privado? En algunos casos, implica tiempo y, por ende, costos elevados sin que se ponga todavía un ladrillo en la obra. En otros, puede significar el desistimiento de la inversión. La comisión directiva de la Cámara de Empresas de la Construcción Privada de Tucumán (Cecoprit) sugiere al sector público armar una mesa de diálogo permanente, con el fin de que se simplifiquen los procesos para la ejecución de obras. Y pone a disposición del Estado todo su equipo de profesionales para debatir e intercambiar opiniones que ayuden a que la provincia sea más competitiva en el mercado nacional del desarrollo inmobiliario. Como dijo su titular Ezequiel Coletti, en el marco del ciclo Encuentros Real Estate, organizado por LA GACETA, “necesitamos un Estado eficiente e inteligente que no frene, por cuestiones administrativos un proyecto que, para su aprobación, demanda entre seis meses a un año, además de infraestructura para los emprendimientos”. “El gobernador, los intendentes y los delegados comunales deben entender que somos aliados y que lo único que puede llevar al crecimiento de la provincia es un trabajo de modo conjunto, entre lo público y lo privado”, enfatizó. Reconoció que, en la actualidad, hay algunas charlas respecto de la elaboración de códigos de planeamiento urbano. “No nos quedamos en la crítica o en la queja; hacemos nuestras propuestas para ayudar al Gobierno”, acotó.

Luciano Yañez, vicepresidente de la entidad que representa a más de 30 empresa y que pronto cumplirá dos décadas de existencia, refuerza el concepto de Coletti y considera que hace falta un vínculo más aceitado con el sector público, ya que, a su criterio, hay cánones y regulaciones burocráticas para la aprobación de un proyecto inmobiliario. “Un inversor observa esto y se tira para atrás y se pregunta cómo puedo gastar una cantidad determinada de dinero cuando ni siquiera puse un ladrillo”, indica. En este sentido, caben algunas comparaciones respecto de lo que sucede en otras provincias, como la hizo la secretaria general del Cecoprit, Pilar Navarro. “Tomemos el caso de un edificio de $ 2.500 millones, donde el metro cuadrado cuesta U$S 1.000. Estás invirtiendo U$S 2,5 millones que vuelve en actividad económica. Por ese mismo edificio, en Añelo (Neuquén) el costo en trámites de ese edificio está en los $ 5 millones, mientras que en la capital tucumana o en Yerba Buena, puede salir $ 55 millones (por tasas, permisos, derechos de construcción y otras gestiones)”, indica. “Eso es una barrera de entrada para cualquier proyecto”, fundamenta.

Navarro señala que el Cecoprit quiere trabajar a la par del Estado, “con el fin de que esos trámites sean más rápidos, menos costoso y, de alguna manera, bajar el tiempo de seis o más meses para aprobar un proyecto, ya que eso implica mano de obra que no empezó a trabaja”.

“Esto facilitaría el proceso, en el que el privado construye y aparece la plata de los inversores y también la del cliente que, como decían nuestros padres, la vuelcan al ladrillo”, acota. Para que la construcción salga del freno actual, “los privados necesitamos reglas claras para que la industria sea más eficiente".

Frente a tanta burocracia, el riesgo que se corre no solo es que se vayan los inversores, sino que las empresas pongan su foco en otros distritos, donde las condiciones son más flexibles para el desarrollo inmobiliario. Lo dijo Coletti que destacó que hay al menos seis empresas locales que están trabajando en Jujuy, Salta, Santiago del Estero o Neuquén. “Eligen otras provincias en vez de estar produciendo en territorio tucumano, que tiene mucho potencial para la actividad. Por eso, desde la Cámara hacemos un llamado de atención con la única voluntad de buscar lo mejor para Tucumán”, finalizó.

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