Centro de cargas, viviendas y energía: se “caen” tres obras por falta de fondos

El Gobierno provincial puso un freno a tres procesos de expropiación de terrenos para llevar adelante obras de infraestructura en logística, vivienda y energía. En todos los casos, el argumento para prescindir de la adquisición de esos inmuebles es la falta de fondos nacionales para la ejecución de cada uno de los proyectos, cuya sumatoria superaría los 500 millones de dólares.

Se trata del Centro de Transferencia Multimodal de Cargas, en Cevil Pozo (departamento Cruz Alta), planteado por primera vez en 2014; del Complejo Habitacional de 650 viviendas de Los Gutiérrez (Alderetes), que incluía una escuela y había sido anunciado en 2021; y de la estación transformadora “El Espinillo”, prevista en la comuna de El Chañar (departamento Burruyacu) y planteada hace cinco años.

Esta semana, el Poder Ejecutivo publicó los respectivos decretos que dan cuenta de la decisión de desistir de los procesos judiciales enmarcados en las leyes de expropiación sancionadas por el Poder Legislativo para cada caso, y a tramitar el recupero de las sumas depositadas, una vez cubiertos los gastos originados por estos litigios judiciales.

Las medidas fueron instrumentadas a través de la Dirección Judicial de la Fiscalía de Estado, cartera que conduce Gilda Pedicone, y contaron con la intervención de los ministerios encargados de los distintos proyectos (Obras Públicas e Infraestructura, a cargo de Marcelo Nazur, y Economía y Producción, que encabeza Daniel Abad).

Si bien el gobierno de Osvaldo Jaldo había logrado sostener el desarrollo de algunas obras anunciadas o iniciadas con anterioridad a esta gestión -como el Procrear de Tucumán, transferido por la Nación, o la repavimentación de la ruta 307, en los Valles Calchaquíes-, no existen precedentes en los registro oficiales de que el Ejecutivo resolviera dar marcha atrás con procesos de expropiación en curso para inversiones de infraestructura.

Desde lo técnico, el argumento central del Gobierno radica en que, más allá de la sanción de las leyes para la declaración de utilidad pública de los predios escogidos y del avanzado estado de los expedientes judiciales, la normativa aplicable a estos trámites establece que no se han dictado sentencias firmes y, por ello, “no se perfeccionó la adquisición del dominio”. Al margen de lo formal, y aunque los proyectos quedarán en poder de la Provincia, estas obras “caen” por no contar con fondos federales, según los decretos publicados esta semana.

1) Un “puerto seco” con un rol estratégico

El Centro Multimodal de Cargas de Cevil Pozo había sido ideado como un “puerto seco”, con un rol estratégico para la logística y la conectividad terrestre de Tucumán y de la región. Desde 2014, cuando se dio tratamiento a la ley de expropiación de un terreno de unas 120 hectáreas -perteneciente al empresario Emilio Salvador Luque-, el proyecto fue anunciado por distintos funcionarios de orden nacional y provincial. Ahora, sin financiamiento, la idea quedará solo en los planos. 

La iniciativa original sancionada por la Legislatura había sido girada por el entonces gobernador, José Alperovich, en el marco del Plan Quinquenal de Obras Públicas de la Provincia. Tuvo un reimpulso durante la gestión del ahora senador Juan Manzur, tanto durante la presidencia de Mauricio Macri como de Alberto Fernández. Pero en los terrenos donde se cultivaban cañas no se llegó a edificar ni siquiera una primera etapa.

“Era un proyecto muy ambicioso, de más de 300 millones de dólares”, indicó una fuente de la Casa de Gobierno a LA GACETA. Y recordó a la vez que el nodo logístico, planteado cerca del aeropuerto Benjamín Matienzo, contemplaba desde oficinas administrativas para Aduana, hasta espacios para camiones, galpones ferroviarios y todo lo necesario para una “zona franca”.

El decreto 564/1 (FE), publicado esta semana, autorizó a la Fiscalía de Estado a desistir del proceso para la adquisición de este inmueble. En los considerando, el instrumento recuerda que el expediente judicial cuenta con una sentencia de primera instancia, dictada en octubre de 2024, que hizo parcialmente lugar a la acción de expropiación en contra de Luque, condenando a la Provincia a abonar la suma de $1.313 millones. Sin embargo, el fallo fue apelado por ambas partes, y la Cámara Civil y Comercial Común dispuso en septiembre de 2025 “modificó el monto indemnizatorio fijándolo en $910 millones, con más intereses hasta el efectivo pago”. Se interpuso un recurso de casación, que había quedado pendiente de resolución de la Corte Suprema de Tucumán.

Según informes oficiales, de continuar con el proceso expropiatorio, se estimaba una erogación de $5.500 millones; y la obra tampoco aparece en los presupuestos de la Provincia, ni de la Nación. “La falta de disponibilidad financiera para encarar el proyecto evidencia la imposibilidad de concretar la finalidad que justificó la declaración de utilidad pública y la consecuente expropiación”, se marcó en el decreto que pone freno al nodo logístico.

2) Más energía para miles de usuarios de Tucumán

En diciembre de 2021, la Legislatura sancionó un proyecto de ley para declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación un terreno de casi 80 hectáreas situadas en El Chañar, destinado a la construcción de la obra “Nueva Estación Transformadora de Extra Alta Tensión y Vínculos en 132 KV”, a localizar debajo de la línea de 500 KV “Cobos”. Se trataba de una inversión destinada a resolver en buena medida los problemas energéticos de la Capital y alrededores, de la zona norte de Tucumán y con impacto incluso en provincias vecinas. Pero no se concertará.

“Todos los informes coinciden en que no existen soluciones alternativas, económicas y oportunas que posibiliten resolver los problemas de abastecimiento planteados y que puedan competir con el presente Proyecto, en particular, teniendo en cuenta que el único vínculo de la Provincia de Tucumán con el Sistema Argentino de Distribución (SADI) es la Estación Transformadora El Bracho, que opera al 90% de su capacidad instalada, sin posibilidades geográficas de expansión”, señalaba la propuesta. La población en el área de influencia del plan de obras, elaborado por organismos nacionales, alcanzaba “255.000 clientes residenciales y 12.4100 clientes comerciales comprendidos en el área de San Miguel de Tucumán, Tafí Viejo y Yerba Buena”.

Según el decreto 563/1 (FE), está en curso el juicio “Provincia de Tucumán c/Cerro María Fernanda y otra s/Expropiación”, con una sentencia de marzo de 2025 que declara transferido el dominio a favor del Gobierno provincial, y condena a abonar a las propietarias una suma cercana a los $1.000 millones (de acuerdo a una actualización de marzo pasado, el monto por las dos fracciones en disputa se estimaba en casi $1.400 millones). “El Director de Energía, dependiente de la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio de Economía y Producción, señala que la obra para la cual se declaró la utilidad pública estaba planificada para iniciarse en el año 2024. No obstante, por decisión del Gobierno Nacional se paralizaron todas las obras destinadas a transporte de energía”, apunta el decreto 563/1. Y agrega que la ejecución de este proyecto, a la fecha, “superaría los 100 millones de dólares estadounidenses, por lo que sería improbable su ejecución a través de los mecanismos económicos financieros actuales, aconsejando en consecuencia desestimar la acción expropiatoria”. Con estos argumentos, y sin sentencia definitiva, el PE resolvió desistir de la expropiación.

3) Con “Casa Propia”, para 650 familias

La Provincia decidió no continuar con los trámites para adquirir tres inmuebles situados en Alderetes para la construcción de un complejo habitacional de 650 viviendas y de un edificio para un establecimiento educativo.

La ley sancionada en 2021 por la Legislatura había habilitado los pasos legales para la expropiación de estos predios. “Debido al incesante aumento de la población del municipio, que genera el reclamo genuino de la construcción de viviendas para el núcleo familiar, este proyecto viene a ofrecer a los vecinos de la zona un área para desarrollar su vida familiar en un ambiente sano, cercano a los lugares de movimiento económico y emplazamiento laboral”, señala el texto impulsado por el oficialismo.  

El decreto 565/1 (FE) recuerda que se autorizó a emitir una orden de pago por la suma de $483 millones en el marco de este trámite, y que incluso se hizo entrega de la posesión al Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU). Sin embargo, según informes oficiales elaborados en julio de 2025, “no existe ningún proyecto en ejecución, ni en etapa licitatoria, relacionado a la construcción de un complejo habitacional ni establecimiento educativo en los inmuebles mencionados”. Sucede que la construcción de 650 viviendas estaba enmarcada en “el programa ‘Casa Propia-Construir Futuro’, programa con financiamiento proveniente del extinto Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, motivo por el cual el proyecto existente, solo quedó a nivel de anteproyecto, sin llegar a concretarse en lo más mínimo”. Ante “la carencia de disponibilidad financiera” informada por el IPV, la Fiscalía de Estado solicitó la intervención del Ministerio de Economía y Producción “a a fin que evalúe la conveniencia o no de desistir del proceso judicial, en aras de asegurar, en el contexto económico vigente, el uso racional y eficiente de los recursos públicos”.

En ese sentido, se comunicó sobre el estado procesal de la causa (“Provincia de Tucumán c/ Compañía Azucarera Concepción S.A. y otra s/ Expropiación”), indicando que se encontraba en etapa de prueba, “quedando pendiente únicamente la tasación del inmueble por parte de la Comisión de Tasación”. Así, se aconsejó el desistimiento del proceso de expropiación. “Los fondos para llevarlo a cabo iban a ser provistos por la Nación”, advierten los informes considerados en el decreto 565/1 (FE). Fuentes de la Casa de Gobierno recordaron que está en curso en toda la provincia la ejecución de 1.800 viviendas (unas 500 de ellas, de la primera etapa del Procrear de Tucumán), por lo que no existe viabilidad para financiar las 650 casas de Alderetes por el momento con recursos propios.