Resumen para apurados
- La jueza federal Marra Giménez dispuso que la demanda de la CGT contra la reforma laboral del Gobierno tramite en el fuero Contencioso Administrativo, dándole la razón al Estado.
- El fallo surge tras el pedido oficial de quitarle el caso a la justicia laboral, que había suspendido 83 artículos de la ley por considerar que afectaban derechos constitucionales.
- Este giro favorece la estrategia oficial para reactivar la reforma laboral. Se espera que el nuevo fuero revise la validez de la norma y defina el futuro de los cambios estructurales.
Un fallo judicial introdujo un giro clave en la disputa por la reforma laboral. La jueza federal Macarena Marra Giménez resolvió que la causa iniciada por la Confederación General del Trabajo contra el Estado Nacional no debe tramitar en la Justicia Nacional del Trabajo, sino en el fuero Contencioso Administrativo Federal, en línea con la postura sostenida por la Casa Rosada.
La decisión implica que será la justicia federal la que analice la constitucionalidad de distintos artículos de la Ley N°27.802 de Modernización Laboral, desplazando a los tribunales laborales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La demanda presentada por la CGT cuestiona la validez de varios puntos de la norma por considerar que afectan derechos individuales y colectivos de los trabajadores consagrados en la Constitución Nacional, en particular en los artículos 14 bis, 16, 17, 18, 28, 43 y 75, además de tratados internacionales de derechos humanos. El sindicato sostiene que la ley vulnera principios como la progresividad, la tutela judicial efectiva, la no discriminación, la libertad sindical y el debido proceso.
El planteo sobre la competencia había sido impulsado por el Ministerio de Capital Humano, en representación del Estado Nacional, que solicitó la inhibitoria del Juzgado Nacional del Trabajo N°63. Argumentó que el caso debía tramitarse en el fuero contencioso administrativo federal por involucrar cuestiones de derecho público con el Estado como parte demandada.
En su resolución, Marra Giménez analizó el marco normativo vigente, con especial referencia al artículo 79 de la Ley N°27.802, que modifica la competencia laboral cuando el Estado es parte. También consideró disposiciones constitucionales y leyes conexas que asignan este tipo de controversias a la justicia federal, publicó Infobae.
El fallo subraya que la pretensión de la CGT apunta directamente a cuestionar la legalidad de actos estatales y reformas estructurales, y no a conflictos individuales de trabajo. En ese sentido, advierte que permitir que la Justicia Nacional del Trabajo intervenga en la revisión de políticas públicas nacionales podría alterar el sistema federal y el esquema de control sobre los actos del Estado.
La resolución establece que el fuero Contencioso Administrativo Federal tiene competencia exclusiva para tramitar la demanda. En consecuencia, ordena al Juzgado Nacional del Trabajo N°63 remitir el expediente. En caso de negativa, la causa deberá ser elevada a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
El criterio adoptado formaliza la exclusión del fuero laboral en causas que impugnan políticas públicas o normas generales dictadas por el Estado Nacional, al tiempo que mantiene en ese ámbito los reclamos individuales de trabajadores.
La jueza dictó su decisión en línea con el dictamen fiscal y la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, reforzando el rol de la jurisdicción federal en el control de legalidad de reformas estructurales.
El trasfondo del conflicto
El expediente tiene su origen a fines de marzo, cuando el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°63, a cargo del juez Raúl Horacio Ojeda, dispuso la suspensión provisoria de 83 artículos de la Ley 27.802 tras un pedido de la CGT.
La medida cautelar se adoptó para evitar posibles daños irreversibles en los derechos de los trabajadores hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad de la norma. Según el fallo, la suspensión alcanza a todas las relaciones laborales comprendidas en la Ley de Contrato de Trabajo y sus normas complementarias.
La central sindical, representada por Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, solicitó la inconstitucionalidad de una amplia franja de la reforma publicada en el Boletín Oficial el 6 de marzo de 2026.
Entre los puntos cuestionados figuran la reducción del alcance de la Ley de Contrato de Trabajo N°20.744, cambios en jornadas laborales y vacaciones, modificaciones en la representación sindical y en la negociación colectiva, la derogación de la ley de teletrabajo (N°27.555), la flexibilización de condiciones salariales y de protección frente a despidos, la restricción de la tutela judicial y la limitación de la responsabilidad solidaria de empleadores.
En su análisis, el juez Ojeda consideró que la CGT cuenta con legitimación colectiva para promover este tipo de acciones de intereses difusos, habilitando la vía de la acción declarativa prevista en el artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
El magistrado advirtió que la eventual aplicación de las normas cuestionadas antes de una sentencia definitiva podría generar daños irreparables sobre derechos protegidos constitucionalmente. Por ello, remarcó que la cautelar tiene carácter provisorio y no afecta el debate de fondo, sino que busca otorgar mayor seguridad jurídica a trabajadores e instituciones.
La suspensión alcanza, entre otros aspectos, la exclusión de trabajadores de plataformas digitales del régimen general, la eliminación de la presunción de relación laboral por servicios prestados, la reducción de garantías para trabajadores tercerizados, la flexibilización de la jornada laboral, cambios en el régimen de vacaciones, restricciones a atribuciones sindicales, modificaciones en los mecanismos indemnizatorios y la creación de nuevos fondos laborales que, según la CGT, impactan en la financiación de la seguridad social.
Con el cambio de fuero dispuesto por Marra Giménez, el Gobierno apuesta ahora a revertir esa medida cautelar en la instancia federal, en un expediente que seguirá concentrando la atención política y judicial en torno a la reforma laboral.
