José Fernando Carbonell
Abogado-Matrícula profesional 1.434
Yacimientos Petrolíferos Fiscales nació a fines de 1922 siendo su primer conductor el Coronel Enrique Mosconi, quien en ocho años la llevó a ser una de las principales empresas hidrocarburíferas estatales e integradas del mundo. Durante el gobierno del presidente Carlos Menem, fue convertida en sociedad anónima y declarada como sujeta a privatización, lo que se llevó adelante mediante la ley 24.145 que tuvo gran apoyo en ambas cámaras del Congreso. En un proceso de adquisición de acciones de varios años, la petrolera española Repsol se hizo del 98% de sus acciones hacia 1999, luego de un desembolso de U$S 15.000 millones, y convirtiéndose en Repsol YPF. Durante ese período, YPF no sólo no creció, sino que fue perdiendo áreas y volúmenes de reserva, capacidad de exploración y explotación de petróleo y gas, agudizando esa tendencia con la crisis mundial de 2008.
A fines de 2007, y por decisión del entonces presidente Néstor Kirchner, el Gobierno decide imponer a Repsol la venta de 14,9% de las acciones; años después se llegó al 25,46%, al llamado Grupo Petersen, propiedad de la familia Eskenazi, que ya controlaba varios bancos provinciales, entre ellos el de Santa Cruz, con la particular modalidad que para el pago de estas acciones la empresa debía dar dividendos sobre el 90% de sus ganancias y, sin poner un dólar de su patrimonio. Además, podían pagar la deuda de más de U$S 1.000 millones, solo a la firma española y el resto a bancos que, con aquellas garantías, prestaron dinero para la operación, entre ellos el Credit Suisse, Paribas, Itau y Goldman Sach.
A comienzos de 2012, algunas provincias petroleras fueron retirando concesiones para la explotación de yacimientos en sus territorios, hechos que agudizaron la caída del valor bursátil de la empresa y en abril de ese año, el gobierno promovió una ley de expropiación de YPF, que también tuvo fuerte apoyo parlamentario, e intervino la conducción de la compañía nombrando a Julio de Vido y a Axel Kicillof, previa expulsión física de los gerentes de Repsol de su administración. Para la indemnización hubo un proceso de casi tres años, con acusaciones e intentos de represalias españolas. Finalmente, se le pagó a Repsol U$S 5.000 millones por el 57,43% de las acciones -más que el valor bursátil de la empresa a la fecha de la expropiación- en bonos soberanos de la Nación.
En la discusión de las comisiones parlamentarias, Kicillof argumentó enfáticamente a favor de la decisión de no hacer la Oferta Pública de Adquisición de acciones a los minoritarios, afirmando que era estúpido cumplir lo contemplado en el art. 7 de los estatutos de YPF. Esta omisión y la no entrega de dividendos dispuesta por la intervención, generaron la rápida cesación de pagos del Grupo Petersen, y su presentación en concurso de sus dos empresas radicadas en Madrid, y con controlantes australianos, en el que los principales acreedores fueron los bancos arriba citados. En este concurso el Juzgado con acuerdo del síndico dispuso de la cesión de las acciones litigiosas del grupo fallido en contra de Argentina e YPF al fondo Burford, por U$S 15 millones, con un acuerdo de reparto de resultados entre dicho fondo y la familia Eskenazi, eventualmente con destino al concurso en la medida de su pasivo.
La cesión, consecuencia directa de la cuestionada e insólita compra con dividendos que hizo Kirchner, con beneficiario explícito, fue la causa eficiente y única que generó el juicio en un Juzgado de Nueva York y en el fallo de la jueza Loretta Preska fijándose la desmesurada suma de U$S 16.100 millones, que con más sus intereses y costas hubiera superado los 20.000 millones de indemnización. Aparentemente el 70% de eso hubiera vuelto a los miembros del grupo Petersen, o sea la familia Eskenazi.
La jueza llamó también la atención por acceder fácilmente a un tenaz Discovery, como se llama a la pesquisa sobre activos embargables de la Argentina y de YPF.
Angustia
Que quede claro, de no mediar el regalo accionario a este grupo por los medios y formas descriptas, la reestatización hubiera tenido otras características y el juicio no habría existido. Tampoco la angustia de un país que vivió a la sombra de semejante cargo en los últimos años y de los cientos de millones de dólares gastados para la defensa judicial.
Destaco que hubo voces y acciones judiciales, aun dormidas, de destacados actores de la política argentina que cuestionaron la inusual entrega de acciones y demandas judiciales como la de Elisa Carrió. Y también notorios abogados del sector público que advirtieron de los errores de la expropiación, que tienen nombre y apellido y claras responsabilidades. El fallo de la Cámara de Apelaciones, no cuestiona ni la facultad expropiatoria del país ni el derecho de los actores, ni entra en la consideración de los montos a los que arribó Preska; rechaza la demanda básicamente por los medios, ámbitos judiciales y formas elegidas por Burford; cuestiona la pretensión de aplicar el derecho del Estado de Nueva York y la violación a la soberanía argentina, que ello hubiera implicado; aunque no se priva de cuestionar la ausencia de la OPA a los accionistas minoritarios. Fallo, que, a pesar de no haber sido unánime, tiene altas posibilidades de obtener firmeza definitiva, porque, como lo detallo el abogado Bernardo Saravia Frias, de larga participación en la defensa, existen vías de apelación, pero de difícil acceso y altos costos.
Como reflexión final, cabe destacar la falta de interés que demostró la política, el periodismo, la Justicia y la sociedad en general por indagar sobre la inusual manera en que el grupo Petersen accedió a las acciones de YPF, y de qué manera indulgente se ha venido tratando el proceso de expropiación desprolijo, sobre todo por el cabal conocimiento que hoy tienen los argentinos del monumental daño que hubiera tenido la economía nacional con un fallo distinto.
