Desde el 1° de abril, YPF puso en marcha un esquema de amortiguación técnica, denominado “buffer”, para mantener estables los precios de sus combustibles en surtidor por un período de 45 días. La medida, confirmada por el presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín, implica que la petrolera estatal no trasladará de forma inmediata el reciente incremento del barril de petróleo Brent -que superó los 100 dólares- al valor de venta al público de la nafta y el gasoil.
La decisión se toma en un contexto de alta volatilidad en el mercado energético global, traccionado por la escalada del conflicto bélico en Medio Oriente. Según datos de la propia empresa, la determinación responde a un cambio en el comportamiento de la demanda: por primera vez en meses, el consumo de combustibles en Argentina mostró signos de elasticidad, registrando caídas ante las últimas actualizaciones de precios. Este desplome en las ventas, que en algunas provincias alcanzó los dos dígitos, obligó a la firma a revisar su estrategia de recomposición de márgenes de ganancia.
Parcial y selectivo
El congelamiento, no obstante, es parcial y selectivo. YPF aclaró que la estabilidad prometida solo rige para el componente vinculado a la cotización internacional del crudo. Otras variables que integran el precio final, como las actualizaciones de los Impuestos a los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono (IDC), o variaciones significativas en el tipo de cambio oficial, quedan fuera de este compromiso. De producirse movimientos en esos frentes, el impacto sí se reflejaría en las pizarras de las estaciones de servicio.
En el mercado local, donde YPF concentra más del 50 % de la participación, se espera que el resto de las operadoras (Shell y Axion) adopten posturas similares para no perder competitividad frente a la firma estatal, cuya red de estaciones actúa históricamente como referencia de precios. Al cumplirse el plazo de 45 días, la compañía realizará una nueva evaluación técnica para determinar la magnitud de la recomposición de precios necesaria, en función de la evolución del escenario internacional y las proyecciones de consumo interno. Este mecanismo de absorción temporal busca, fundamentalmente, evitar que la recesión en el sector minorista se profundice durante el segundo trimestre del año. La medida busca congelar precios y al mismo tiempo no lesionar la recaudación vía impuestos de la Nación, que además riega a las provincias vía coparticipación.
