Manuel Adorni.
La Justicia Federal profundizó esta semana la investigación sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras el polémico viaje en avión privado a Punta del Este realizado durante el último feriado de Carnaval. El fiscal Gerardo Pollicita solicitó nuevas de prueba luego de la declaración testimonial de Vanesa Elizabeth Tossi, gerente de la empresa de aviación involucrada, quien confirmó bajo juramento que los pasajes fueron gestionados por el periodista Marcelo Grandío. Según el testigo, el cronista de la TV Pública solicitó que los vuelos no fueran facturados, mencionando que se trataba de una “invitación”.
Ante la sospecha de beneficios indebidos, la fiscalía ordenó un exhaustivo cruce de información para determinar si existieron otros traslados conjuntos entre el funcionario y el periodista. Para ello, se libró un oficio a la Dirección Nacional de Migraciones exigiendo el registro total de egresos e ingresos al país de ambos involucrados desde enero de 2023 hasta la actualidad. El requisito incluye detalles sobre horarios, pasos fronterizos y medios de transporte utilizados, extendiéndose también a la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, y a cualquier otra persona que haya integrado la comitiva hacia Uruguay.
Presunto enriquecimiento ilícito
En paralelo, la situación judicial del jefe de Gabinete se completa con una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito que tramita en el mismo juzgado de Ariel Lijo. El fiscal Pollicita ya dispuso medidas para rastrear el patrimonio del funcionario, centrando la atención en los registros de propiedad y los gastos operativos de una vivienda ubicada en el Country Indio Cuá Golf, en el partido de Exaltación de la Cruz. Los investigadores buscan establecer si el nivel de vida y las adquisiciones del ministro guardan compensación con sus ingresos declarados.
A pesar del frente judicial abierto, la actividad oficial en la Casa Rosada no se detuvo. Este lunes, la mesa política del Gobierno se reunió durante más de dos horas bajo la conducción del propio Adorni para terminar de delinear la estrategia parlamentaria de cara al próximo mes. El encuentro, realizado en las oficinas del Ministerio del Interior, fue más extenso de lo habitual, reflejando la urgencia del oficialismo por consolidar acuerdos que permitan destrabar las reformas estructurales que el Ejecutivo considera prioritarias para su gestión.
El objetivo central de la administración para el mes de abril es lograr el tratamiento de un ambicioso paquete legislativo que incluye la denominada ley de “Hojarascas”, orientada a derogar más de 70 normas consideradas obsoletas. Asimismo, la agenda oficial contempla reformas en materia de propiedad privada, endurecimiento de penas para nuevos delitos y modificaciones clave en las leyes de glaciares, discapacidad y financiamiento universitario.
