Hoy el juez Amarante procesó a Claudio Tapia, presidente de la AFA.
El juez Diego Amarante fue directo: no se trató de un error, sino de una decisión. Por eso la Justicia procesó a Claudio Tapia, Pablo Toviggino, Cristian Malaspina, Gustavo Lorenzo y Víctor Blanco, la llamada “mesa chica” de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en una causa que investiga una presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por más de $19.000 millones.
Según la resolución, entre marzo de 2024 y septiembre de 2025 la AFA llevó adelante una maniobra sistemática: retuvo impuestos y aportes a trabajadores, pero no los depositó en los plazos legales. La investigación desglosó esa operatoria en hechos concretos: 16 omisiones en IVA, 18 en Impuesto a las Ganancias y 17 en el Sistema Único de la Seguridad Social.
Para el juez, el punto clave es que esos fondos no eran propios. La dirigencia actuaba como garante de dinero retenido a terceros que debía ser transferido al Estado. No hacerlo, sostiene el fallo, implicó redirigir esos recursos con otro fin.
La cronología que marcó la causa
El expediente se construyó de manera progresiva. Las irregularidades comenzaron a detectarse desde marzo de 2024 y se profundizaron con el correr de los meses. En diciembre de 2024, según la investigación, se iniciaron las retenciones indebidas vinculadas a la seguridad social.
El 12 de diciembre de 2025, el organismo recaudador ARCA presentó la denuncia inicial tras detectar incumplimientos en declaraciones juradas de IVA y Ganancias correspondientes a agosto y septiembre de ese año, además de aportes previsionales impagos. Seis días después, amplió la presentación al comprobar que la conducta era sostenida desde el inicio del período investigado. Ya en marzo de 2026, Amarante indagó a los cinco directivos y, finalmente, dictó el procesamiento con embargos millonarios.
Por qué el juez descartó la defensa
Tanto Tapia como Toviggino intentaron desligarse de responsabilidad. El presidente de la AFA sostuvo que su rol es institucional y que, al haber pasado 141 días fuera del país en 2024 y 139 en 2025, le resultaba “materialmente imposible” controlar la operatoria interna. Además, invocó una resolución del Ministerio de Economía que, según su interpretación, suspendía ejecuciones fiscales.
Toviggino, en cambio, planteó un “error de prohibición invencible”: argumentó que la AFA creía estar alcanzada por planes de alivio fiscal que permitían regularizar deudas hasta 2026.
El juez rechazó ambas posturas con un argumento central: la AFA tenía capacidad económica para pagar. Durante el período investigado, la entidad mantenía al menos 24 plazos fijos, con depósitos cercanos a los $32.000 millones y ganancias por intereses de $5.638 millones entre 2024 y 2025. Incluso, en marzo de 2024, la deuda era de $267 millones, mientras que un solo plazo fijo generó $306 millones en intereses en ese mismo mes.
Para la Justicia, ese dato demuestra que no hubo imposibilidad ni confusión normativa, sino una decisión deliberada.
El uso de los fondos y el “afán de lucro”
El fallo también detalla cómo se movía el dinero mientras no se cumplía con el fisco. La AFA operaba con dólar MEP y distribuía sumas millonarias provenientes de sponsors como YPF y Adidas a clubes como Talleres, Gimnasia y Belgrano, que llegaron a recibir $1.000 millones cada uno en un mismo día de mayo de 2025.
Ese contraste -liquidez alta y deuda impaga- llevó al juez a hablar de un “afán de lucro cuestionable” y a remarcar el impacto social de la maniobra, ya que parte de los fondos retenidos estaban destinados al sistema previsional.
Embargos y situación actual
Como parte de la resolución, se dispuso un embargo total de 1.700 millones de pesos: 350 millones para la AFA como institución y 350 millones para cada uno de los cinco procesados.
Además, se mantuvieron restricciones de salida del país para Tapia (por irregularidades detectadas en un intento de modificar un viaje) y para Toviggino, quien registra otros procesos en trámite. En cambio, a Malaspina, Lorenzo y Blanco se les levantó esa prohibición, aunque continúan imputados.
El expediente sigue abierto, pero el razonamiento judicial ya quedó claro: la causa no gira en torno a un descuido administrativo, sino a una operatoria sostenida que, según la Justicia, explica por qué se procesó a toda la cúpula del fútbol argentino.
