AL LÍMITE. El vocero del Pequeño Cottolengo de Don Orione, Aníbal Quvedo, alertó sobre su situación.
El Pequeño Cottolengo de Don Orione de Tucumán atraviesa una crisis económica que pone en riesgo la continuidad de su obra, orientada a las personas con discapacidad. La institución advirtió que la interrupción en la cancelación económica de sus servicios y el desfase de los aranceles frente a la inflación comprometen prestaciones básicas, el pago de salarios y la cobertura de necesidades esenciales.
“Se rompió la cadena de pagos”, explicó el sacerdote Aníbal Quevedo, vocero de Don Orione de Tucumán. Según informaron desde la entidad, los pagos de organismos como PAMI e Incluir Salud no se regularizan desde noviembre de 2025. En ese contexto, el funcionamiento se sostuvo durante meses con recursos propios, que actualmente ya se encuentran agotados. “Nosotros brindamos el servicio, lo documentamos y lo facturamos, pero los pagos llegan tarde y en montos que no alcanzan los incrementos inflacionarios”, agregó.
El Cottolengo de Tucumán alberga a unas 90 personas adultas con discapacidad. A nivel nacional, la obra Don Orione asiste a alrededor de 1.200 personas. La institución cuenta con entre 75 y 80 trabajadores, cuyos salarios deben afrontarse mensualmente junto con cargas sociales, medicamentos, alimentos y servicios.
Quevedo atribuyó la situación a una combinación de factores. “Los costos suben -alimentos, servicios, salarios-, lo que se cobra se actualiza tarde y siempre por debajo de los aumentos que se registran, y además atrasado”, resumió.
En relación con los valores que perciben por las prestaciones, explicó que el Estado fija los aranceles. “El Gobierno es quien paga y también quien determina el precio. Esos valores están atrasados respecto de los costos reales”, indicó. Como ejemplo, señaló que durante el año pasado la actualización de los valores se produjo recién el 27 de diciembre, luego de haber atravesado todo el año sin ajustes. “Eso implica haber absorbido la inflación mensual sin ninguna actualización”, afirmó.
A esta situación se suma que la institución funciona en un predio de siete hectáreas y con edificaciones que tienen 82 años, lo que implica una demanda constante de mantenimiento estructural. Sin embargo, la falta de recursos obligó a postergar tareas de conservación, lo que incrementa el riesgo de deterioro en techos, instalaciones y espacios comunes. Además, la crisis limita la capacidad de respuesta ante nuevas demandas: por ese motivo que que, en este momento, no se está incorporando residentes por la imposibilidad de tener un financiamiento garantizado y la imposibilidad de sostener nuevas prestaciones dentro del esquema actual.
En cuanto al personal, se señaló que no existe margen para reducir la planta sin afectar el servicio. “Los empleados son los necesarios para cuidar a las personas. Hay residentes que requieren atención total para alimentarse, higienizarse y realizar actividades cotidianas”, detalló Quevedo. A esto se suman las obligaciones fiscales que deben cumplirse, pese al atraso en los ingresos. “El mismo Estado que no paga en tiempo y forma exige que cumplamos sin demora con nuestras obligaciones. Si nos atrasamos un día, se aplican intereses”, sostuvo.
Desde la entidad indicaron que reciben donaciones de la comunidad, principalmente de artículos de higiene personal y limpieza, aunque aclararon que esa ayuda solidaria no alcanza para cubrir las necesidades. “Son importantes, pero no resuelven el problema de fondo”, señaló el sacerdote.
Sobre el escenario a corto plazo, el vocero advirtió sobre un límite operativo. “No podemos decir que se va a cerrar, pero así no se puede continuar. El sistema colapsa”, afirmó. En caso de que la situación no se revierta, las consecuencias impactarían directamente en los residentes. “Las personas podrían quedarse sin un lugar donde vivir”, alertó.
El reclamo apunta a la regularización de las deudas y a respetar el sistema previsto por la Ley 24.901, que establece la cobertura de prestaciones para personas con discapacidad. “No pedimos un favor ni una donación, pedimos el cumplimiento de la ley”, sostuvo Quevedo.
La problemática, remarcaron, no es exclusiva de Tucumán, sino que afecta a instituciones de todo el país que dependen del mismo sistema de financiamiento. En ese sentido, se advirtieó que la continuidad de las prestaciones depende de una respuesta en el corto plazo y que el funcionamiento cotidiano se sostiene con recursos cada vez más limitados.
