La recuperación de las riberas del río Salí es un proyecto anterior incluso a la creación del Parque 9 de Julio (1916), pantanales ganados al río desde fines del Siglo XIX, por iniciativa del sanitarista Alberto León Soldati para combatir las plagas de la época, como el cólera y la malaria, entre otras. Hay que recordar que ese cauce llegaba hasta casi lo que hoy son las avenidas Avellanedas-Sáenz Peña, y de allí la denominación de “El Bajo” para esa zona.
Faltaban décadas para que existiera el dique El Cadillal, que se construyó con varios fines, entre ellos mitigar las fuertes crecidas.
La geografía nos demuestra que el cauce del Salí se va desplazando hacia el este. Por esta razón resulta incomprensible y negligente que las autoridades hayan permitido que su ribera se haya ido urbanizando de forma caótica y peligrosa, causando los destrozos que se producen cada vez que el dique se desborda.
El debate sobre la reforestación de las costas del Salí y la recuperación del cauce lleva más de un siglo, que incluye decenas de proyectos y anuncios. El último, quizás el más resonante, ocurrió en 2011, durante la intendencia de Domingo Amaya, quien tras un profundo estudio encargado a la Universidad de La Plata, propuso hacer un parque lineal de 18 kilómetros, que beneficiaría a los cuatro municipios ribereños (Capital, Las Talitas, Alderetes y Banda del Río Salí), e impactaría sobre el millón de habitantes del Área Metropolitana de Tucumán. Previamente había que reubicar a los habitantes costeños, quienes 15 años después no paran de multiplicarse.
Este grave problema no acaba en el Salí. En una reciente entrevista con LA GACETA, Edgardo Pero, doctor en Ciencias Biológicas, contó que es uno de los científicos que hoy trabaja en una línea clave para Tucumán: la recuperación de bosques ribereños como herramienta para mitigar inundaciones y frenar la erosión de los ríos. “Descuidar este tipo de ecosistemas también implica pérdidas productivas, no solamente biológicas” y remarcó que la degradación afecta tanto a la biodiversidad como a las actividades agroindustriales que dependen del suelo. Explicó que en Tucumán hay tanto tierras ribereñas de dominio público como extensiones en manos privadas: “Parte de nuestro trabajo tiene que ver con ir generando esa red de contactos con propietarios privados que tengan problemas y que tengan intenciones de revertir esta situación”. Ahora el INTA Famaillá impulsa un programa de restauración de bosques ribereños.
Por otra parte, en su paso por la provincia, la doctora Eliane Cecoon, ingeniera forestal de Brasil e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), formalizó un interrogante fundamental: “No sé por qué en Argentina todavía no hay una ley que obligue a restaurar las zonas ribereñas en las áreas donde hay pendientes, por ejemplo”, cuestionó la investigadora y comparó la situación con la de otros países limítrofes, como Brasil. “Allí, por ley, existe la obligatoriedad de que cada propiedad de 400 hectáreas tenga un 20% de bosque, cada propietario debe brindar las coordenadas del área y se verifica el cumplimiento de la conservación a través de Google. La multa es muy cara y el Gobierno no otorga ningún préstamo si no se cumple”, explicó.
