SIGUEN LOS PROBLEMAS. Tapia parece estar entre la espada y la pared. La Justicia decidió ir a fondo..
El fiscal general ante la Cámara en lo Penal Económico, Gabriel Pérez Barberá, se pronunció en contra de los pedidos de sobreseimiento presentados por el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y otros dirigentes en la causa que investiga la presunta retención indebida de más de $ 19.300 millones de pesos en impuestos y aportes.
Según informó el diario Clarín, el funcionario judicial elevó un dictamen ante la Cámara en el que cuestionó los argumentos de las defensas, que sostienen que no hubo delito porque, si bien los pagos se realizaron fuera de término, existen normativas que suspenden la ejecución de deudas fiscales.
En su presentación, Pérez Barberá fue claro al marcar una diferencia central: la suspensión de las acciones de cobro no implica la desaparición de la obligación tributaria. “Que el Estado haya frenado temporalmente los mecanismos de ejecución no significa que la deuda deje de existir ni que los plazos hayan sido modificados”, señaló.
El fiscal también remarcó que, en caso de que se haya retenido dinero que correspondía al fisco y no se lo haya depositado en tiempo y forma, esa conducta no queda sin efecto por una decisión administrativa de diferir las ejecuciones. A su entender, el vencimiento de las obligaciones y la falta de pago en término son elementos clave dentro de la investigación.
La causa apunta a determinar si la AFA incurrió en apropiación indebida de tributos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, en concepto de IVA, impuesto a las ganancias y aportes patronales. Además de Tapia, están involucrados el tesorero Pablo Toviggino, el gerente general Gustavo Lorenzo y los dirigentes Cristian Malaspina y Víctor Blanco.
Las defensas no niegan que los pagos se hayan efectuado fuera de plazo, pero argumentan que no existía obligación inmediata de cancelarlos debido a resoluciones de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y del Ministerio de Economía, que establecían la imposibilidad de ejecutar deudas fiscales de asociaciones civiles sin fines de lucro durante determinado período.
Sin embargo, el fiscal rechazó esa interpretación. En su dictamen sostuvo que esas normas no modificaron los plazos de pago ni eliminaron la obligación, sino que únicamente regularon la posibilidad de iniciar acciones de cobro por parte del organismo recaudador. En ese sentido, recordó que el incumplimiento de una obligación tributaria genera consecuencias desde el momento mismo de su vencimiento, como el devengamiento de intereses.
El planteo de las defensas ya había sido desestimado en primera instancia por el juez en lo Penal Económico Diego Amarante, quien ahora también deberá resolver la situación procesal de los imputados tras las indagatorias realizadas la semana pasada.
Una instancia decisiva
Mientras tanto, la Cámara (integrada por los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio) deberá definir si hace lugar o no a los pedidos de sobreseimiento. Para ello, espera contar con todos los argumentos de las partes, aunque una de las defensas solicitó una prórroga para presentar su posición.
En su descargo, Tapia sostuvo que no tiene intervención directa en las cuestiones tributarias de la AFA. Según explicó, su rol como presidente está enfocado en lo institucional y en la representación del organismo ante entidades como la FIFA y la Conmebol, y no en la gestión administrativa o financiera cotidiana.
Con este escenario, la causa entra en una etapa clave, a la espera de definiciones judiciales que podrían marcar el rumbo del proceso.
