Necesidad y límites de la reforma laboral

La nueva legislación laboral no es la solución para el desempleo, la formalización de trabajadores y la mejora salarial sino un elemento más en ese empeño. Nada de fondo en la economía se soluciona con sólo una ley sino que deben confluir varias condiciones.

Una es la proyección del mercado. Si fuera negativa no se tomarán trabajadores, no importa qué diga la legislación. Pero si fuera positiva, cuándo, cuántas y qué tipo de personas se contraten dependerá del costo laboral relativo a la tecnología, lo que incluye conceptos como salario, aportes y probabilidades de cumplimiento y conflicto, todo influido por las normas. 

De las perspectivas surge también la probabilidad de ganancias, en la que incide la comparación entre los costos totales de producción y los precios de venta. Deben agregarse entonces los restantes costos, como ser insumos, servicios a utilizar e impuestos.

Con incidencia directa aparecen las disposiciones del proyecto actual sobre la primacía de los convenios por empresa o región. Aunque la actividad sea la misma, las condiciones de escala y territorio no lo son. Lo usual es que los convenios colectivos respondan a los intereses y condiciones del Gran Buenos Aires lo que, de cumplirse las normas, haría que muchas Pymes provinciales contraten menos trabajadores o incluso que cierren. 

No se trata de romper la regla de igual remuneración por igual trabajo sino de definir dónde está la igualdad. El concepto legal es igualdad de trato en igualdad de circunstancias, y las del NOA o NEA no son las mismas que las del AMBA.

El temor a los jueces laborales suele ser señalado por los empresarios Pyme como un factor desalentador. No se pide permitir violaciones a la ley sino que las sentencias sean coherentes y razonables. La Corte Suprema de Justicia de la Nación viene limitando aparentes desubicaciones de los magistrados y el proyecto plantea algunas reglas generales para el cálculo indemnizatorio que al menos incrementan la previsibilidad.

Un aspecto positivo más es reconocer las actividades mediante plataformas, un avance frente a los intentos por mantener una legislación para una economía que ya no existe. No es una ley ultramoderna, pero es un paso.

Otro punto relevante para la decisión sobre la contratación de mano de obra es la perspectiva de continuidad de las reglas. No se toman compromisos gravosos si hay dudas sobre la probabilidad de permanencia de una norma que hoy alivia pero en dos años puede volver atrás. Y eso quedará claro recién en las cercanías de las elecciones del año que viene.

¿Qué pasará hasta entonces? Probablemente en lo inmediato poca formalización o incremento del empleo en relación de dependencia. Lo que ocurra será en sectores que tienen buenos fundamentos como energía, minería y agro así como en los relativamente poco afectados por importaciones que se tienten por las facilidades para blanquear.

Ahora, no deben dejarse de lado los impuestos. Desde 2024 la Nación redujo o eliminó 24 tributos y aparecen nuevas quitas en el proyecto laboral (también dictó unas 450 normas derogando regulaciones que implicaban costos reales para diversas actividades). No se nota, dirán algunos, pero muchos de tales alivios fueron focalizados, o no son evidentes pues un impuesto no aumentado al introducirse actualizaciones de deducciones no suele ser advertido o provocaron problemas a los protegidos por un tributo caído, pero son beneficios sociales. 

En cambio, las provincias no acompañaron el esfuerzo cuando en la falta de crecimiento y de apertura de empresas hay una enorme influencia de Ingresos Brutos y otros como Salud Pública (de hecho, en algunas hasta se subieron tributos locales aprovechando la baja nacional). Con ese panorama, la aparición y crecimiento de Pymes son muy limitados.

Aquí debe hacerse un aparte para el cierre de Fate, tan meneado por opositores al gobierno nacional. La empresa no está mal desde la asunción de Javier Milei sino que hace 30 años que tiene pérdidas cubiertas por las ganancias de Aluar, que es parte del mismo grupo empresario. Incluso, en 2019 entró en proceso preventivo de crisis y hace tres años que pasa por serias dificultades para producir debido a medidas gremiales, como paros y bloqueos, que paralizan la planta y empeoran su situación (típico de gremios “combativos” que, lo quieran o no, conducen a liquidar empresas).

Fate no cerró culpa de Milei. En todo caso, la facilidad para importar cubiertas aceleró la decisión justo para el día anterior al debate laboral en el Congreso. Pero la firma andaba mal desde mucho antes por un manejo equivocado, un modelo industrial obsoleto y una cultura sindical arcaica agravados por una política económica (del trío Fernández-Fernández-Massa) que impidió el acceso a insumos importados. Sólo hay que pensar un poco: si hace años había personas que iban en sus autos a Bolivia, Chile o Paraguay para cambiar las cubiertas e ingresarlas de esa manera (además de las que pudieran traer legalmente porque en Argentina no se conseguían) evidentemente algo andaba mal con el proteccionismo. Y así con varias compañías, que arrastran problemas desde hace mucho tiempo cargando sus costos sobre todos.

En referencia a la apertura de mercados es común escuchar desde empresarios hasta analistas aceptar que la economía no puede ser cerrada al mundo pero advertir que no es admisible una apertura indiscriminada sino que primero se debe “nivelar la cancha”. Es una vieja excusa para no cambiar. Se pide la nivelación pero no se hace nada para que ocurra, por lo que la protección continúa sostenida en los viejos llantos de la industrialización, la soberanía, la burguesía nacional, el costo social y así. Sin embargo, pareciera que con este gobierno nacional la apertura internacional es un dato, no una posibilidad. Por lo tanto, los involucrados deberán trabajar por la nivelación en vez de declamarla. O sea, más les vale hacer lobby por nuevas leyes tributarias, nacionales y provinciales, así como laborales y educativas, y todo con superávit fiscal. No tienen otra.