La compra-venta de los votos

En su fundamentación para invalidar un contrato de "alquiler" de vientre de una madre sustituta, que en EEUU forma parte de una industria de más de U$S 40 millones anuales, la Suprema Corte de Justicia de New Jersey afirmaba hace algunos años que "en toda sociedad civilizada, existen cosas que el dinero no puede comprar". Lo que este caso particular muestra es que tratar a los hijos como mercancía los degrada, puesto que los usamos como instrumentos de ganancia más que como personas que requieren nuestro cuidado y nuestro amor.
El contrato de "alquiler" de su vientre degrada también a la mujer, tratando su cuerpo como una fábrica y pagándole por algo que no es la finalidad esencial del embarazo, esto es, el lazo emocional con su hijo. En términos generales, este caso muestra los peligros que acarrea la extensión sin límites de la lógica del mercado, que abarca la subcontratación de funciones militares que algunos Estados realizan con empresas privadas, mostrando que la privatización de la guerra, lo mismo que la privatización de las prisiones carcelarias, muestran una tendencia claramente creciente.
En 1990, el avance de la privatización de la seguridad en EEUU, por ejemplo, llevó a que la cifra de agentes de seguridad privados supere a los agentes públicos.

Se puede ir a los extremos
Si justificamos todos estos avances con los argumentos que la economía utiliza para defender los intercambios en mercados competitivos, podemos llegar al extremo de justificar incluso la compra y venta de votos en una sociedad democrática. Después de todo, los más de U$S 4.000 millones gastados durante la última campaña presidencial de EEUU, destinados esencialmente a propagandas que prometen a los electores una vida mejor, podrían ido directamente a parar al bolsillo de estos mismos electores. Esta extensión lógica de las prácticas propias de un mercado a las prácticas de elección en una democracia sólo puede romperse si nos percatamos de un gran error que esta extensión encierra. Este error consiste básicamente en suponer que el propósito de una democracia es sumar los intereses y preferencias de la gente y traducir esta sumatoria agregada en políticas adecuadas a su servicio. De acuerdo con esta teoría, los ciudadanos no son más que consumidores, y la política no es más que economía con otros medios.
Si se acepta que esta teoría de la democracia es correcta, no hay entonces ninguna razón para prohibir que los votos de las elecciones se compran y vendan.