DEBE RESPONDER VARIAS PREGUNTAS. Kaleñuk ya fue testigo en uno de los juicios, y ahora está imputado por encubrimiento, según la fiscalía. La Gaceta / Foto de Jorge Olmos Sgrosso (Archivo)
A 10 días de cumplirse dos décadas del crimen y a dos semanas del inicio pactado para que se celebre uno de los juicios más importantes del caso, el debate por el crimen de Paulina Lebbos permanece hoy en una nebulosa por una cuestión procesal: no se sabe aún si uno de los dos acusados, Sergio Kaleñuk, el llamado “verdadero hijo del poder” por el padre de la víctima, Alberto Lebbos, podrá ser enjuiciado. Es que mediante una presentación, podría ser la Corte Suprema de Justicia la que decida si el proceso está ajustado a Derecho, lo que podría derivar en una demora en que el expediente regrese a la Cámara que debe sustanciar el debate, lo que significaría una postergación.
En junio de 2023 el fiscal Carlos Sale solicitó la elevación a juicio de la causa en la que Kaleñuk está imputado de encubrimiento agravado en el marco del crimen de Paulina. El pedido fue admitido, pero luego el defensor del sospechoso, Patricio Char, fue en Casación, lo que fue denegada por la Cámara. El representante legal expuso dos cosas: por un lado que el delito por el cual se pretende acusar está prescripto, y por otro que la salvedad que hizo el fiscal de que Kaleñuk debe ser juzgado ya que es funcionario público (es empleado de la Legislatura) es ilógica ya que, argumentó, obtuvo ese empleo posteriormente del homicidio, y no antes. El miércoles, la Cámara, integrada por los jueces Fabián Fradejas, Luis Morales Lezica y Gustavo Romagnoli, decidió no hacer lugar a la Casación. Por eso, esta semana, Char irá en queja ante la Corte, que puede admitirla o no. Si lo hace, deberá requerir el expediente, por lo que no se sabe si llegarán a tiempo para resolver y que el juicio se tramite. Además de Kaleñuk, en el debate debe ser juzgado César Soto, ex pareja de Paulina, padre de su hija y quien, según los investigadores, fue quien la asesinó. Pero la participación de Soto, según los pedidos de elevación a juicio, está íntimamente relacionada con lo que hizo posteriormente Kaleñuk, por lo que ambos deben ser juzgados juntos. Sin embargo, si el expediente permanece en la Corte, las audiencias deberían ser postergadas.
Según Sale, la intervención de Kaleñuk fue decisiva para ocultar el asesinato de Paulina, cometido, indicó el investigador, por Soto en la madrugada del 26 de febrero de 2006, y para asegurar que el crimen permaneciera impune durante años.
De acuerdo con la reconstrucción fiscal, Paulina llegó esa mañana al domicilio de Soto, en la calle Estados Unidos al 1200, luego de salir de un boliche. Allí, “por motivos que se desconocen”, se produjo una discusión que derivó en el ataque mortal. El requerimiento es categórico: Soto “la tomó del cuello con sus manos y, abusando de su preeminencia física, y con la clara intención de quitarle la vida, la ahorcó con la violencia y durante el tiempo necesario para producirle la muerte por asfixia”.
Siempre según la acusación, tras consumar el homicidio, Soto recurrió a Kaleñuk, a quien conocía por su relación con el Club Atlético Tucumán y por su condición de funcionario público. El fiscal sostiene que le pidió ayuda “tanto para deshacerse del cuerpo de Paulina Lebbos como también para obtener impunidad por el crimen cometido”. Esa ayuda, afirma el Ministerio Público, fue inmediata y concreta.
La fiscalía sostuvo que Kaleñuk participó activamente del traslado del cuerpo sin vida de la joven hasta la zona de Tapia, donde fue abandonado. “Junto a Víctor César Soto, trasladaron el cuerpo sin vida de Paulina Lebbos hasta el kilómetro 2,8 de la ruta provincial 341, donde lo depositaron y permaneció hasta el día 11 de marzo de 2006”, cuando fue hallado por dos hermanos que transitaban por la zona, dice el requerimiento. La autopsia confirmó que Paulina murió por “asfixia mecánica por estrangulamiento manual” y que el deceso ocurrió en la época de su desaparición.
EL PEOR FINAL. El cuerpo de Paulina fue encontrado en la tarde del 11 de marzo de 2006 en la zona de Tapia.
Luego de abandonar el cuerpo, siempre según el escrito fiscal, Kaleñuk regresó a la capital tucumana, dejó a Soto nuevamente en su casa y se dirigió al Club Central Córdoba. El objetivo, remarca el fiscal, fue “fijar una coartada en caso de ser necesario”. Ese mismo domingo, Kaleñuk se presentó en la venta de entradas para el clásico entre Atlético Tucumán y San Martín, intentando construir una versión de su actividad durante las horas críticas.
El celular
El requerimiento también atribuye a Kaleñuk la eliminación de una prueba clave. “Una vez en el lugar, Sergio Hernán Kaleñuk se deshizo del celular de Paulina Lebbos con el fin de eliminar todo rastro de su accionar criminal”, afirma el fiscal. Los informes técnicos incorporados a la causa permiten reconstruir las últimas activaciones del teléfono de la víctima y su posterior uso con chips de terceros, lo que para la acusación confirma el intento de borrar rastros.
Uno de los ejes centrales del pedido de juicio es el análisis de las comunicaciones telefónicas. La fiscalía remarca que el celular de Kaleñuk se activó en la misma antena que el de Paulina en las horas posteriores a su desaparición, y que mantuvo contactos con el entonces subjefe de Policía, el condenado Nicolás Barrera. Para el fiscal, estos cruces “no resultan casuales” y se inscriben en un entramado de relaciones funcionales orientadas a encubrir el crimen. El requerimiento también recoge las severas observaciones realizadas por el tribunal que juzgó la causa “Gómez”, donde Kaleñuk declaró como testigo. Allí, los jueces, que luego condenaron a la cúpula de seguridad de la provincia, advirtieron “imprecisiones, olvidos y contradicciones” en su relato sobre horarios, recorridos y actividades del 26 de febrero de 2006. Incluso, destacaron que fue el propio Kaleñuk quien espontáneamente se ubicó “en tiempo y espacio cercano al último destino de Paulina con vida”, en inmediaciones del domicilio de Soto, en una franja horaria clave.
Un dato que el fiscal califica como grave es la insistencia con la que Barrera intentó comunicarse con Kaleñuk la noche del 26 de febrero, minutos después de haber sido alertado de la desaparición de Paulina. Según se desprende de la prueba, Barrera realizó tres llamadas consecutivas a Kaleñuk tras recibir el aviso de que el padre de la joven estaba denunciando su desaparición. Para la acusación, esas comunicaciones pudieron haber tenido como finalidad “poner al tanto a Kaleñuk de la situación y de la búsqueda desesperada de la familia Lebbos”.
Mérito suficiente
En su conclusión, Sale sostiene que existe “mérito suficiente” para llevar a Kaleñuk a juicio oral como autor de encubrimiento agravado, delito previsto en el artículo 277 del Código Penal. El caso, subraya, se inscribe en una trama más amplia de ocultamientos, falsificaciones y desvíos de la investigación que ya derivaron en condenas contra el secretario de Seguridad Eduardo Di Lella, los jefes de Policía Hugo Sánchez y Barrera, el jefe de la Regional Norte, Héctor Brito, y el ex fiscal Carlos Albaca, y que constituyen “una deuda histórica del Estado con la familia de Paulina Lebbos y con la sociedad”.
Las claves de la acusación contra Kaleñuk
- Encubrimiento: ayudó a Soto tras el crimen para garantizar impunidad
- Cuerpo: participó del traslado y abandono en la ruta 341
- Pruebas: eliminó el celular de Paulina para borrar rastros.
- Coartada: armó una presencia falsa en la venta de entradas.
