El Poder Ejecutivo arrancó las tareas de alistamiento del Establecimiento “San José Gabriel del Rosario Brochero-Benjamín Paz”, que se instalará en el pabellón 8 de la unidad penitenciaria ubicada en la localidad del departamento de Trancas. El gobernador Osvaldo Jaldo firmó hoy el decreto 112/4, mediante el cual se avanzará en el instituto que, por el momento, complementará al Centro para Menores Julio Argentino Roca, y donde se alojarán los menores privados de la libertad personal, ordenados por el Poder Judicial. “Será exclusivamente a fines socioeducativos y de restitución de derechos bajo un régimen diferenciado y con separación del sistema penitenciario de adultos”, dice el mencionado decreto, que también fue rubricado por el ministro de Desarrollo Social, Federico Masso. Precisamente, esa área será la autoridad de aplicación, a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia o el organismo que en el futuro lo reemplace.
En varios tramos de la norma, se resalta que se garantizará el control interinstitucional y “observancia permanente de los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos, aplicables a adolescentes privados de libertad y acceso judicial irrestricto”. “Se han tomado todos los recaudos legales, nacionales e internacionales, para el tratamiento de los menores en conflicto con la ley”, dijo a LA GACETA el gobernador Osvaldo Jaldo.
En cierta medida, la decisión de crear un nuevo centro de alojamiento para menores, se anticipa a la discusión nacional sobre la baja de la edad de imputabilidad, que el Gobierno impulsa y que quiere que sea parte de las sesiones extraordinarias del Congreso. Precisamente en el Anexo II del decreto gubernamental señala que la capacidad operativa del establecimiento socioeducativo no podrá superar el cupo que determine la autoridad de aplicación, conforme criterios técnicos de invertención individualizada, recomendándose que aquella capacidad máxima orientativa sea entre 40 y 60 adolescentes.
Jaldo remarcó que, con esta decisión, se está cumpliendo la palabra dada a su regreso de la licencia, “con una acción de fondo en materia de seguridad, de tal manera que aquellos que cometen crímenes u otros delitos estén en el lugar que deban estar que, en este caso es en Benjamín Paz”. Las obras de remodelación del Pabellón 8 demandarán alrededor de 10 días. Cumplido ese plazo, el mandatario quiere que se disponga el traslado de los menores a la nueva unidad de alojamiento. “Esta medida, sin embargo, tendrá que ser tomada de común acuerdo con el Poder Judicial”, aclara el jefe del Poder Ejecutivo.
En los considerandos del decreto se toma en cuenta, entre otras normas, lo dispuesto por la Convención sobre los Derechos del Niño y las disposiciones locales para garantizar las condiciones de alojamiento; que ese proceso es el último recurso y por un período breve, que garantice un trato humano y respetuoso de la dignidad del menor. Por esa razón, los arquitectos y técnicos del Ministerio de Desarrollo Social han diseñado una planificación de obras de acuerdo con los estándares edilicios que se requieren para tal fin.
¿Qué pasará con el instituto Roca?
En el Poder Ejecutivo consideran que es necesario avanzar con un modelo institucional diversificado y especializado, que requiera el acompañamiento multidisciplinario y terapéutico, además de programas formativos laborales adaptados a las necesidades particulares de los menores. Frente a esa definición, el Gobierno dispuso que los empleados de las dependencias afectadas a los menores en conflicto con la ley trabajen en la nueva unidad en Benjamín Paz, que fue cedida por el Ministerio de Seguridad a la cartera de Desarrollo Social. En compensación, expresan las autoridades, con el tiempo el Instituto Roca pasará a ser una Alcaidía, para el alojamiento temporal de adultos que hayan cometido delitos.
El área conducida por el ministro Eugenio Agüero Gamboa se comprometió, además, brindar apoyo logístico, de infraestructura y seguridad perimetral externa al instituto Cura Brochero, preservando la independencia absoluta de esa institución respecto del resto de la unidad carcelaria.
El establecimiento socioeducativo, finalmente, deberá organizarse en unidades convivenciaes o módulos, con una capacidad máxima recomendada de entre 12 y 20 adolescentes por módulo, a fin de favorecer procesos educativos personalizados y reducir niveles de conflictividad institucional, dice el decreto 112/4.
