CARACAS. El chavismo libera presos con restricciones y bajo tensión interna, mientras los familiares esperan afuera de los centros de detención afp
En medio de una serie de excarcelaciones puntuales en Venezuela, posteriores a la captura de Nicolás Maduro, crece la expectativa entre familiares y organizaciones de derechos humanos ante la posibilidad de nuevas liberaciones. Sin embargo, el proceso avanza con extrema lentitud y sin criterios claros. Entre los casos que siguen sin novedades figuran los argentinos Nahuel Gallo y Darío Giuliani, detenido desde diciembre de 2024 y 2025 respectivamente, cuyas situaciones permanecen sin cambios confirmados pese a los anuncios oficiales difundidos por el chavismo.
La liberación de un “número importante” de prisioneros fue presentada como la primera decisión política de peso de la etapa de transición que atraviesa el poder en Caracas, bajo una conducción a distancia de Washington y con un rol central de los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez. No obstante, lo que inicialmente se interpretó como la antesala de una liberación masiva -en un país donde distintos organismos verifican la existencia de más de 800 presos políticos- terminó derivando en excarcelaciones aisladas y controladas.
En las primeras horas posteriores a los anuncios, el chavismo sacó de centros de detención a apenas una decena de personas retenidas de manera arbitraria. Además, a los excarcelados se les impusieron severas restricciones, en particular para referirse públicamente a su paso por prisión, lo que fue interpretado por activistas como una estrategia para evitar denuncias y testimonios que expongan el funcionamiento del sistema represivo.
Durante esas horas de incertidumbre, familiares y militantes por los derechos humanos aguardaron en las inmediaciones del Helicoide, uno de los principales centros de detención del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), con la esperanza de confirmar la salida de sus seres queridos. Recién más tarde se conoció la liberación de tres figuras relevantes: el ex candidato presidencial Enrique Márquez, el dirigente político Biagio Pilieri y el abogado Alejandro Rebolledo.
El periodista venezolano Vladimir Villegas fue quien registró en video el momento en que Márquez y Pilieri se reencontraron con sus familias, imágenes que rápidamente se viralizaron. Además, pudo dialogar brevemente con ellos tras su liberación y aportó detalles clave sobre las condiciones impuestas por el régimen. “Me notificaron que salen de la cárcel con medidas restrictivas. En la excarcelación continúan sometidos a limitaciones. En materia de declaraciones, tienen trabas para hablar del proceso, con la prensa y el manejo de redes sociales. Son libertades con condiciones”, remarcó Villegas.
El periodista también subrayó un aspecto que no pasó desapercibido para los familiares de otros detenidos. “Fueron liberados frente a la Plaza Altamira, no en las puertas del Sebin, como era habitual”, destacó. Para muchos, esa decisión fue interpretada como un gesto deliberado para evitar escenas de celebración frente a los centros de detención y minimizar el impacto político de las excarcelaciones.
La demora en el proceso no fue explicada oficialmente por el régimen. Analistas y dirigentes opositores la atribuyen a las tensiones internas dentro del chavismo. De un lado, los hermanos Rodríguez, señalados como interlocutores en las negociaciones con Estados Unidos; del otro, Diosdado Cabello, número dos del régimen y referente del sector más duro del oficialismo.
La incertidumbre domina hoy el escenario de poder en Caracas, y algunos opositores ven la influencia directa de Jorge Rodríguez detrás de las dilaciones. “Diosdado Cabello no tiene el poder para frenar una negociación con Estados Unidos por los presos políticos. En todo caso puede demorarla”, señaló a Clarín un ex diputado venezolano que permanece en la clandestinidad dentro del país, con una causa abierta por el delito de “incitación al odio”.
Los argentinos
En este contexto, la situación de los detenidos argentinos sigue generando preocupación. María Alexandra Gómez, esposa de Nahuel Gallo, habló con el canal LN+ y aseguró que la incertidumbre continúa. “Desde el sábado no sabemos qué ocurre dentro de la cárcel”, afirmó, y remarcó que las visitas fueron suspendidas. “La angustia persiste porque las cárceles siguen custodiadas. Cada día es más difícil”, confesó, aunque sostuvo la esperanza de que su marido pueda regresar a la Argentina.
Gómez relató que la captura de Maduro le generó una ilusión inicial. “Pensé que ese mismo sábado se iban a abrir las puertas de las cárceles y que sacarían a los presos políticos”, dijo. Sin embargo, advirtió que “todavía queda la cúpula del poder” dentro del país, lo que mantiene intacto el control sobre los centros de detención.
En ese sentido, comparó la situación judicial del ex presidente venezolano con la de su esposo. “Maduro tuvo derecho a defensa privada y pide respeto por los derechos humanos. Me gustaría preguntarle a Nahuel si a él se lo respetaron”, planteó. Según contó, su familia nunca pudo acceder a una llamada ni recibir información oficial sobre su estado.
Gallo fue detenido el 8 de diciembre de 2024, tras ingresar a Venezuela por vía terrestre desde Colombia. Tanto su familia como autoridades argentinas sostienen que viajaba para visitar a su pareja venezolana y a su hijo pequeño. Sin embargo, fue arrestado por fuerzas de seguridad y acusado de delitos graves, entre ellos supuesta conspiración y terrorismo.
NAHUEL GALLO. El gendarme argentino fue detenido en 2024.
El caso generó un fuerte reclamo diplomático desde la Argentina. El Gobierno calificó la situación como una “detención ilegal”, denunció la falta de acceso consular adecuado y elevó el caso ante organismos internacionales. La situación de Gallo incluso fue presentada ante la Corte Penal Internacional (CPI) en enero de 2025.
Un escenario similar atraviesa el abogado Giuliani, detenido en mayo de 2025 tras viajar a Venezuela por motivos comerciales. Según informaron medios y fuentes diplomáticas, fue procesado por cargos de terrorismo, narcotráfico y conspiración, acusaciones que su defensa considera infundadas y parte de una estrategia de persecución política del régimen venezolano.
