24 Abril 2005 Seguir en 
BUENOS AIRES.- La sucesión de reclamos salariales, que atraviesa la mayoría de los sectores y regiones del país, deja a los empleados públicos provinciales en la peor de las situaciones, ya que un fuerte condicionamiento legal obliga a dejar su sueldos congelados durante todo el año.
Ese cepo legal es una derivación de la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) a la que adhirieron hasta el momento 17 provincias y que establece límites a los aumentos del gasto. Sin embargo, la presión no es pareja. La Nación, tan signataria de la ley como cualquier provincia, se encuentra en una situación privilegiada, en cuanto al margen del que dispone para ajustar los salarios. En este caso, el privilegio es una consecuencia directa del desquiciado régimen de relaciones fiscales, en el que los derechos casi nunca van acompañados por las obligaciones.Luego de décadas de transferencias de recursos y prestación de servicios de la Nación a las provincias, desde 1992 el esquema de las finanzas públicas quedó cristalizado en dos sectores bien diferenciados: el Estado nacional, que recauda y distribuye, y las provincias, preferenciales prestadores de los servicios sociales, que gastan lo que la Nación les transfiere y una mínima parte de su propia recaudación. A los efectos de establecer una política salarial, la divisoria no puede ser más perjudicial: la Nación fija los criterios macro, pero es en las provincias donde se concentra la mayoría de los empleados. Un reciente informe de la consultora Economía & Regiones (E&R) muestra en números esa disparidad: para el Estado nacional los salarios representan el 10,8% de su gasto total, en tanto en el promedio de las 17 provincias adheridas a la LRF esa proporción se eleva al 48,1%.
Esa disparidad explica las quejas de varios gobernadores cuando la Nación dispuso subas salariales por decreto: a una provincia le representa un esfuerzo cinco veces mayor que a la Nación cumplir con esa medida. Pero a pesar de las diferencias en las proporciones que en cada caso representa el gasto salarial, las provincias están mucho más rezagadas que la Nación en lo que respecta a incrementos del gasto. De lo que se desprende que es mayor la urgencia de los gobernadores (y a su vez, la presión ejercida por sus empleados) en mejorar sueldos notoriamente deprimidos. Es allí donde se siente el condicionamiento de la LRF. La norma, aprobada en agosto de 2004, establece topes a los aumentos en el gasto público, que cada año no podrá superar la evolución del PBI nominal, es decir el PBI real más la inflación, que este año sumarían poco más del 16%. De acuerdo con los cálculos de E&R, si las 17 provincias adherentes a la LRF destinaran absolutamente todo el aumento del gasto a los haberes de sus empleados, el costo salarial por agente sólo podría incrementarse en $ 131, lo que implicaría una suba en los sueldos de bolsillo de $ 80 en promedio, variando en cada caso según las deducciones que se realicen en cada provincia.
Pero es altamente improbable que el 100% del aumento del gasto se destine exclusivamente a los salarios, teniendo en cuenta que hay otros flancos a atender por la administración provincial. En 2004, se derivó a ese fin el 41,9%, siempre en las 17 provincias analizadas. Si se repitiera el porcentaje en 2005, el costo salarial no podría incrementarse en más de $ 55, algo así como $ 33 en el sueldo de bolsillo. En momentos en que hay agentes que reclaman subas de $ 300, no debe haber peor pesadilla para un gobernador que imaginarse la reacción de los empleados si se les realizara una oferta nueve veces menor.Tal como lo planteara E&R, "si la Nación dispone nuevos aumentos salariales para recomponer el poder adquisitivo de los salarios (en el marco de un año eleccionario y de un contexto inflacionario cada vez más intenso), las provincias tendrán serios problemas" en seguir sus pasos. Son los dictados del virtual "Fondo Monetario Interprovincial", inevitable desencadenante de una sucesión de anormalidades en un país que se empecina en seguir denominándose "federal", a pesar de que en los hechos profundiza día a día su centralismo. (DYN)
Ese cepo legal es una derivación de la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) a la que adhirieron hasta el momento 17 provincias y que establece límites a los aumentos del gasto. Sin embargo, la presión no es pareja. La Nación, tan signataria de la ley como cualquier provincia, se encuentra en una situación privilegiada, en cuanto al margen del que dispone para ajustar los salarios. En este caso, el privilegio es una consecuencia directa del desquiciado régimen de relaciones fiscales, en el que los derechos casi nunca van acompañados por las obligaciones.Luego de décadas de transferencias de recursos y prestación de servicios de la Nación a las provincias, desde 1992 el esquema de las finanzas públicas quedó cristalizado en dos sectores bien diferenciados: el Estado nacional, que recauda y distribuye, y las provincias, preferenciales prestadores de los servicios sociales, que gastan lo que la Nación les transfiere y una mínima parte de su propia recaudación. A los efectos de establecer una política salarial, la divisoria no puede ser más perjudicial: la Nación fija los criterios macro, pero es en las provincias donde se concentra la mayoría de los empleados. Un reciente informe de la consultora Economía & Regiones (E&R) muestra en números esa disparidad: para el Estado nacional los salarios representan el 10,8% de su gasto total, en tanto en el promedio de las 17 provincias adheridas a la LRF esa proporción se eleva al 48,1%.
Esa disparidad explica las quejas de varios gobernadores cuando la Nación dispuso subas salariales por decreto: a una provincia le representa un esfuerzo cinco veces mayor que a la Nación cumplir con esa medida. Pero a pesar de las diferencias en las proporciones que en cada caso representa el gasto salarial, las provincias están mucho más rezagadas que la Nación en lo que respecta a incrementos del gasto. De lo que se desprende que es mayor la urgencia de los gobernadores (y a su vez, la presión ejercida por sus empleados) en mejorar sueldos notoriamente deprimidos. Es allí donde se siente el condicionamiento de la LRF. La norma, aprobada en agosto de 2004, establece topes a los aumentos en el gasto público, que cada año no podrá superar la evolución del PBI nominal, es decir el PBI real más la inflación, que este año sumarían poco más del 16%. De acuerdo con los cálculos de E&R, si las 17 provincias adherentes a la LRF destinaran absolutamente todo el aumento del gasto a los haberes de sus empleados, el costo salarial por agente sólo podría incrementarse en $ 131, lo que implicaría una suba en los sueldos de bolsillo de $ 80 en promedio, variando en cada caso según las deducciones que se realicen en cada provincia.
Pero es altamente improbable que el 100% del aumento del gasto se destine exclusivamente a los salarios, teniendo en cuenta que hay otros flancos a atender por la administración provincial. En 2004, se derivó a ese fin el 41,9%, siempre en las 17 provincias analizadas. Si se repitiera el porcentaje en 2005, el costo salarial no podría incrementarse en más de $ 55, algo así como $ 33 en el sueldo de bolsillo. En momentos en que hay agentes que reclaman subas de $ 300, no debe haber peor pesadilla para un gobernador que imaginarse la reacción de los empleados si se les realizara una oferta nueve veces menor.Tal como lo planteara E&R, "si la Nación dispone nuevos aumentos salariales para recomponer el poder adquisitivo de los salarios (en el marco de un año eleccionario y de un contexto inflacionario cada vez más intenso), las provincias tendrán serios problemas" en seguir sus pasos. Son los dictados del virtual "Fondo Monetario Interprovincial", inevitable desencadenante de una sucesión de anormalidades en un país que se empecina en seguir denominándose "federal", a pesar de que en los hechos profundiza día a día su centralismo. (DYN)
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