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JUDICIALIZADO. Siete personas fueron procesadas por la venta de tierras fiscales en el llamado "Loteo Gaucho Castro".
La recuperación de tierras de la Reserva Natural La Angostura abrió dos frentes. Por un lado, la persecución penal a los sospechosos de haberse apoderado ilegalmente de tierras fiscales para comercializarlas y, por el otro, regularizar la situación para explotar turísticamente la zona.
El fiscal Miguel Varela avanza con la investigación del caso “Loteo Gaucho Castro” en el que el Gobierno actúa como querellante. Según su teoría, un grupo de personas se asociaron ilícitamente para montar una especie de inmobiliaria que se dedicaba a vender tierras fiscales, aprovechando que algunos de los implicados tenían contactos y cargos públicos, haciendo usos de ellos y utilizando oficinas del Estado para falsear documentación. Con el fin de beneficiarse económicamente, habrían loteado el terreno y lo vendieron sin advertirles a los interesados que carecían de la titularidad dominial ya que sabían que las tierras pertenecían a la Provincia.
Las auxiliares fiscales, Gabriela Ghilardi y Luciana Ceccotti, acusaron de esta maniobra a Juan Pablo Castro (el supuesto tenedor de la tierra); a los ex funcionarios de la desaparecida secretaría de Regularización Dominial y Hábitat Rafael Trujillo, Maximiliano Barreiro y Fernando Rogel Chaler; al suspendido comisionado rural de El Mollar, Jorge Cruz; y a los supuestos vendedores Yanina Mamaní y Damián Romano (nieto político de Castro).
Las representantes del MPF imputaron a los siete de ser coautores del delito de estafa y asociación ilícita y además les endilgaron cargos particulares. A Castro lo acusaron por usurpación. A Trujillo, Barreiro y Cruz, por negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de un funcionario público en calidad de coautores. A Chaler, por incumplimiento de los deberes de un funcionario público y falsedad ideológica.
En los últimos días se registraron novedades en el caso. Fuentes judiciales informaron que Castro y Romano estarían dispuestos a brindar información clave para probar cómo habría sido la operatoria. A cambio, se declararían culpables y mejorarían su situación procesal para afrontar un juicio abreviado.
RECUPERACIÓN. En el lugar donde funcionaba una confitería se construyó un mirador.
Por otra parte, Varela continúa analizando la información obtenida de los celulares de los investigados. Allí habría encontrado pruebas que serían determinantes en contra de Trujillo, Barreiro y Mamaní y además podría desvincular a Rogel Chaler. El fiscal tiene hasta marzo para cerrar el expediente.
Un equipo
“Lo más importante es que estos resultados se consiguieron porque el gobernador Osvaldo Jaldo tomó la decisión política de recuperar lo que es de todos los tucumanos y porque se formó un gran equipo de trabajo para seguir esa línea”, explicó Gilda Pedicone de Valls, fiscal de Estado.
La funcionaria ponderó el aporte de las direcciones de Catastro, Flora y Fauna, Recursos Hídricos y el Ente Tucumán Turismo. “Todos, desde el lugar que ocupan, no sólo aportaron información clave para avanzar con la recuperación, sino que además están trabajando para determinar qué hacer con esos predios”, añadió. “Estamos trabajando para aprovechar el uso de las tierras fiscales. Proyectos hay muchos, pero vamos a analizarlos a todos para aprovechar uno de los lugares más bellos que tiene Tucumán”.
En la entrada al Valle de Tafí durante años funcionó una confitería y un comercio. Esos emprendimientos se habían instalado en tierras fiscales y sus ocupantes no tenían permiso para explotarlos. La Provincia recuperó el lugar, demolió las construcciones y Turismo construyó El Mirador dique La Angostura, un lugar que, además de permitir observar la migración de aves, es una enorme ventana para observar paisajes.
Para la pesca, a nivel nacional, La Angostura es un sitio único. Está considerado como el mejor lugar en altura para la captura de pejerreyes. En la Reserva había dos emprendimientos “Pesca ‘El Pelao’” y “Migui Pesca”. Al primero se lo desalojó por haber ocupado tierras en las orillas del lago, mientras que el otro dejó de operar desde que el Yacht Club debió devolver al Estado sus instalaciones.
Los responsables de ambos emprendimientos, después de presentar un plan de explotación turística y cumplir con los requisitos legales, fueron reubicados y desde hace semanas volvieron a prestar servicios que no sólo incluyen alquiler de botes a pescadores, sino también paseos en embarcaciones.
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