Diez propuestas para la reforma impositiva que se viene

1. Superar la transaccionalidad:

Hoy la mayor parte de la recaudación proviene de impuestos al consumo y a las transacciones, con menor peso en renta y patrimonio. Este sesgo erosiona el poder adquisitivo y genera inequidad.

• Propuesta: reducir la dependencia de impuestos al consumo y fortalecer un esquema basado en renta y patrimonio. El rediseño del Impuesto a las Ganancias debe contemplar la distorsión inflacionaria, de modo que solo se graven rentas reales y no resultados nominales ficticios.

2. Ampliar la base de contribuyentes:

La presión fiscal consolidada sobre las empresas argentinas es una de las más altas del mundo. Según la UIA, Argentina ocupa el décimo puesto en presión tributaria medida sobre el PBI, pero pasa a liderar el ranking global cuando se mide sobre el sector formal, soportando la carga más alta en Ganancias, Bienes Personales y Sellos. Esto significa que quienes cumplen son castigados, mientras gran parte de la población permanece en la informalidad.

• Propuesta: ampliar la base “simplificando” la entrada al sistema y “formalizando” sectores hoy excluidos, de modo que el esfuerzo fiscal no recaiga únicamente sobre el sector formal. En paralelo, “coordinar” Nación, provincias y municipios para evitar nuevos tributos distorsivos y garantizar que la presión efectiva sobre las utilidades empresarias se mantenga en niveles competitivos internacionales.

3. Eliminar regímenes distorsivos de recaudación en la fuente:

Retenciones, percepciones y anticipos generan saldos crónicos a favor que inmovilizan capital de trabajo. Ingresos Brutos, además, concentra más de 80 regímenes de recaudación anticipada, lo que convierte a este impuesto en el más distorsivo del país.  Además, las retenciones que impactan en las cuentas bancarias atentan contra la bancarización de la economía.

• Propuesta: eliminar estos mecanismos o transformarlos en pagos a cuenta con devolución automática y ágil.

4. Revisar exenciones y privilegios:

El sistema tributario argentino acumula más de un “centenar de exenciones”, reducciones de alícuotas y tratamientos preferenciales que en muchos casos carecen de sustento económico o social actualizado. Esta proliferación de beneficios genera inequidad horizontal, porque contribuyentes en idéntica capacidad contributiva terminan enfrentando cargas muy distintas, y además erosiona la recaudación efectiva “sin una contrapartida clara en términos de desarrollo productivo o inclusión social”. A esto se suma que gran parte de estos regímenes se perpetúan en el tiempo sin evaluación periódica, transformándose en privilegios sectoriales indefinidos. 

• Propuesta: avanzar hacia un sistema de revisión integral y periódica de todos los gastos tributarios, con publicación anual de su costo fiscal, análisis de su eficacia y obligatoriedad de cláusulas de caducidad. Solo deben mantenerse aquellas exenciones con justificación explícita de política pública -por ejemplo, vinculadas a innovación, transición energética, inclusión laboral o promoción de economías regionales- y con mecanismos de control de resultados. De lo contrario, la política tributaria deja de ser un instrumento de equidad y desarrollo para transformarse en un entramado de privilegios que mina la legitimidad del sistema.

5. Retenciones a la exportación

Las retenciones constituyen un “tributo excepcional” a nivel internacional. Mientras la mayoría de los países promueven la inserción de sus bienes en los mercados globales, Argentina penaliza la competitividad externa con un impuesto que reduce precios al productor, desincentiva la inversión y frena el agregado de valor. Estas retenciones actúan como un “impuesto ciego”, desconectado de la capacidad contributiva y contrario al principio de neutralidad fiscal, ya que gravan indistintamente proyectos rentables y marginales, afectando particularmente a las economías regionales y a los sectores con menor margen de rentabilidad. Además, lejos de ser un recurso transitorio, este tributo se ha consolidado como mecanismo de financiamiento corriente, generando incertidumbre permanente y erosionando la previsibilidad necesaria para planificar inversiones de largo plazo. La evidencia empírica muestra que su peso recae en los productores y limita el potencial exportador del país, con efectos negativos sobre el empleo y la generación de divisas. A ello se suma un problema técnico insoslayable: las retenciones constituyen, en la práctica, una doble imposición. Los ingresos alcanzados por este gravamen vuelven a tributar en el Impuesto a las Ganancias, lo que duplica la carga fiscal sobre la misma base imponible.

• Propuesta: avanzar hacia la eliminación progresiva de las retenciones a la exportación. En una etapa intermedia, deben transformarse en pagos a cuenta del Impuesto a las Ganancias, de modo que no constituyan un costo definitivo sino un adelanto del tributo que corresponde según la verdadera capacidad económica del contribuyente. Esta transición permitiría recomponer incentivos a la producción y exportación, sin poner en riesgo inmediato la recaudación.

6. Reordenar el IVA

El IVA en Argentina presenta una de las alícuotas más altas de la región, combinada con un mosaico de reducciones y tratamientos diferenciales que, lejos de favorecer la equidad, generan distorsiones profundas. Esta estructura provoca la acumulación crónica de saldos técnicos, especialmente en el sector agropecuario y en actividades exportadoras, donde los créditos fiscales al 21% o 27% se enfrentan con débitos fiscales reducidos, transformando al IVA en un costo financiero permanente en lugar de un tributo neutro. La situación no se limita al agro: afecta a empresas industriales, de servicios intensivos en inversión y a proyectos de larga maduración, que deben financiar capital inmovilizado durante años. En la práctica, el Estado utiliza a los contribuyentes como financistas involuntarios, contrariando el principio de neutralidad que constituye la esencia del IVA como impuesto al consumo.

•Propuesta: avanzar hacia una homogeneización de las tasas del IVA que reduzca la proliferación de alícuotas especiales y asegure un campo de juego parejo para todos los sectores. Además, implementar un sistema de devolución automática y ágil de los créditos fiscales, en particular para exportadores y actividades con alto componente de inversión, garantizando que el IVA recupere su naturaleza de impuesto neutral y no se convierta en una carga estructural sobre la producción.

7. Simplificación y transparencia

El costo de cumplimiento tributario en Argentina es de los más altos del mundo. Según el índice Doing Business - Paying Taxes (Banco Mundial), el país se ubica en los últimos lugares globales: las empresas formales destinan miles de horas al año solo a cumplir con obligaciones fiscales, en un entramado de declaraciones juradas, regímenes de información, percepciones y trámites redundantes. La existencia de más de 155 tributos, de los cuales apenas una docena concentra el 90% de la recaudación, refleja un sistema sobrerregulado, ineficiente y con una alta propensión al litigio. Este diseño no solo encarece la operatoria privada, sino que también genera un costo elevado para el propio Estado, que debe administrar y fiscalizar un entramado de tributos de baja o nula relevancia recaudatoria.

• Propuesta: avanzar hacia una simplificación radical del sistema. Esto implica eliminar tributos de escasa incidencia, unificar regímenes de información hoy dispersos, automatizar devoluciones de créditos fiscales y saldos a favor, e implementar ventanillas únicas digitales que reduzcan tiempos y costos. El objetivo es que cumplir con los impuestos sea un proceso transparente, ágil y previsible, que libere recursos productivos y fortalezca la relación de confianza entre contribuyentes y Estado.

8. Ordenar la presión municipal

En la actualidad, numerosos municipios utilizan las tasas como un instrumento de recaudación general, desvirtuando su naturaleza jurídica. En lugar de constituir una contraprestación vinculada a un servicio público efectivamente prestado, muchas veces exceden ampliamente el costo real del servicio o incluso se aplican sin que exista prestación alguna. En los hechos, terminan funcionando como impuestos encubiertos, vulnerando los principios de legalidad, razonabilidad y equivalencia reconocidos por la doctrina y la jurisprudencia. Este fenómeno no solo incrementa la presión fiscal consolidada, sino que también genera un terreno fértil para la conflictividad judicial. Numerosos fallos han declarado la invalidez de tasas municipales desproporcionadas o sin relación con servicios concretos, lo que demuestra la necesidad de una reforma estructural en este ámbito.

Propuesta: limitar de manera estricta la base imponible de las tasas municipales al costo efectivo, comprobable y auditable de los servicios prestados, prohibiendo su utilización como fuente de financiamiento general. Asimismo, establecer mecanismos de coordinación fiscal entre Nación, provincias y municipios para evitar la superposición de tributos sobre las mismas actividades económicas. Solo de este modo se podrá asegurar que las tasas recuperen su carácter de retribución razonable por servicios y no continúen operando como impuestos encubiertos.

9. Crear un régimen de promoción para PyMEs y proyectos de larga maduración

El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) ha sido diseñado con un enfoque en grandes inversiones estratégicas , pero en la práctica deja al margen a las pequeñas y medianas empresas (PyME) y a los proyectos cuya maduración excede varios años, como ocurre en la agroindustria, la energía, la biotecnología o la infraestructura tecnológica. Estos sectores enfrentan un problema estructural: la inmovilización de saldos técnicos de IVA y otros créditos fiscales, que los obliga a financiar al Estado en lugar de destinar sus recursos a expandir capacidad productiva o generar empleo. Esta falta de neutralidad convierte al sistema tributario en un freno a la innovación y a la competitividad, erosionando la posibilidad de que las PyME se conviertan en actores claves de la economía formal y exportadora.

• Propuesta: crear un régimen de promoción específico para PyME y proyectos de larga maduración, que contemple la libre disponibilidad inmediata del crédito fiscal de IVA y mecanismos de devolución automática para evitar la descapitalización, incentivos a la inversión en bienes de capital, mediante esquemas de amortización acelerada y deducción preferencial de intereses sobre capital propio aplicado a proyectos productivos y beneficios fiscales atados a la generación de empleo formal, innovación tecnológica y agregado de valor, para asegurar que la promoción no sea un subsidio ciego, sino una herramienta de transformación productiva. De este modo, se corrige el sesgo pro-corto plazo del sistema y se potencia la capacidad de las PyME y sectores estratégicos de contribuir al crecimiento sostenido del país.

10. Redefinir la coparticipación y frenar la superposición de tributos

El federalismo fiscal argentino se encuentra distorsionado. La Nación concentra la mayor parte de la recaudación, pero las provincias y municipios recurren a crear una multiplicidad de impuestos y tasas que agravan la carga tributaria. De este modo, el esfuerzo fiscal nacional se diluye en tributos locales que carecen de contraprestación real o que superponen su base imponible con impuestos ya existentes, generando una triple imposición que afecta directamente a la producción y la inversión.

La actual Ley de Coparticipación, que debería ser transitoria según la Constitución de 1994, se mantiene sin reforma ni actualización. Ello genera incentivos perversos: provincias y municipios prefieren aumentar tributos propios -como Ingresos Brutos, Sellos o tasas municipales- en lugar de mejorar la eficiencia del gasto o consensuar una distribución equitativa de recursos.

• Propuesta: sancionar una nueva Ley de Coparticipación Federal, con reglas claras de distribución, transparencia y responsabilidad fiscal, que premie la eficiencia recaudatoria y desaliente la proliferación de impuestos distorsivos. En paralelo, avanzar en mecanismos de coordinación fiscal interjurisdiccional que unifiquen bases imponibles y reduzcan la superposición de gravámenes. Las tasas municipales deben quedar estrictamente limitadas al costo real y auditable de los servicios efectivamente prestados, evitando que funcionen como impuestos encubiertos. Solo de esta manera se puede reconstruir un federalismo fiscal sano, que garantice previsibilidad a los contribuyentes y promueva un marco de competitividad en lugar de un laberinto impositivo.