Jaldo, ante el desafío de romper el statu quo

El 20 de mayo del 2000, pasadas las siete de la tarde, el ministro de Gobierno Miguel Nazur le tomaba juramento a Jorge Lobo Aragón como interventor del municipio de Yerba Buena. Había unas 25 personas, entre familiares y algunos funcionarios del Poder Ejecutivo, en aquella fría tarde en que el abogado reemplazó a Augusto Paz. Paz había llegado al poder de la Ciudad Jardín de la mano de Fuerza Republicana. Y fue un ex FR, que había combatido con rudeza al peronismo, quien asumía la intervención por decreto de necesidad y urgencia de Julio Antonio Miranda.

Pasaron casi 25 años exactos para que otro municipio fuera intervenido, con similitudes y diferencias. En ambos casos, se desplazó a los poderes ejecutivos y legislativos, y en los dos se buscó enviar un mensaje claro. En el año del nuevo milenio, el mensaje era la necesidad de orden en las finanzas, y que se avanzaría contra los que no se ajustaran el cinturón (en un marco de gobierno nacional adverso a la provincia y de profunda crisis económico-financiera). El mensaje de hoy es de orden, pero en lo institucional y en lo relativo a la lucha contra el narcotráfico.

Otro detalle común de aquel 2000 y de este 2025: la Alianza ayer (que terminó con un helicóptero en fuga) y LLA hoy habían plasmado un enojo social potente con la clase política en general. El “que se vayan todos” se instaló con fuerza, mientras se pedía el fin de la corrupción y un país más serio. En aquel momento, Fernando de la Rúa fracasó y dilapidó la confianza que la sociedad le había depositado para romper con un status quo político viciado que había empobrecido a gran parte de la sociedad. Hoy, con Javier Milei, gran parte de los argentinos volvieron a hallar en el modelo anticasta aquel grito que pedía que se vayan todos.

En ese contexto, Osvaldo Jaldo entiende que la intolerancia social controla cada uno de sus actos y no quiere quedar en medio de una marea violeta que ahogue su gestión. Además, si después de ayer alguien no entendió que la lucha contra el narcotráfico es una bandera que el gobernador Osvaldo Jaldo no está dispuesto a bajar, es muy probable que le queden apenas unas vueltas de hilo en el carretel.

Extraño acuerdo casi unánime

El mandatario, otra vez, jugó fuerte y sin medias tintas. Se creyó que iba a especular con lo mal que podría caer puertas adentro del peronismo que interviniera el municipio de “uno de los suyos”, y que ello podría debilitar la estructura oficialista de cara a los comicios. Pero avanzó e intervino al Ejecutivo y al Concejo Deliberante a fuerza de plumazos de sus ministros estampados en el DNU. Fin, dirían los libertarios. Hasta aquí, la apuesta a todo o nada lo deja del lado del ganador, porque oficialistas, opositores, ediles desplazados y vecinos coinciden en que en Alberdi no queda otra: la ciudad sufría la anomia y la intervención podría ser el remedio que aplaque ese mal.

Campos no es cualquier dirigente. Como explicó Fernando Stanich ayer en este espacio, Campos tejió un poder que se extendió por 22 años y que lo catapultó incluso a la Secretaría de Gobierno de la mano de Juan Manzur, en tiempos de Miguel Acevedo como ministro del Interior. Su esposa, Sandra Figueroa, llegó al recinto en el mismo acople de Sergio Mansilla y Javier Noguera. La misma legisladora hoy investigada por la Justicia Federal y envuelta en un intríngulis que no se sabe en qué y a quiénes podría salpicar. ¿Podrá seguir en el cargo?

Todos tan cerca, desde hace tantas décadas, prestándose cargos y lugares. ¿Y ninguno sabía qué hacía el otro? Statu quo puro y duro, propio de la falta de una alternancia en serio en el poder, que no sea la de prestarse los cargos entre parientes. Eso, diría Alberdi, no es democracia. ¡Vaya paradoja!

Volver al pasado

En aquel mayo fresco del 2000, la reacción a la intervención de Yerba Buena no fue la misma que la de hoy. Intendentes y legisladores de todos los partidos cuestionaron la decisión, a la que tildaron de antidemocrática y antojadiza. “Ni Antonio Bussi fue capaz de atentar en contra de las instituciones democráticas como en este caso lo hizo Miranda”, advertía el entonces legislador radical -hoy funcionario provincial- José Ascárate. El ideólogo de aquella intervención había sido otro -hasta ese momento- radical: José Alperovich, el superministro de Economía de Miranda. Por esos días, Yerba Buena sufría una crisis profunda, con falta de prestación de servicios, sueldos impagos y una deuda en crecimiento. Y en los considerandos del decreto de intervención se mencionó “la grave situación municipal, motivada por la paralización de los servicios esenciales que ponen en grave riesgo a la población”.

Si bien los motivos de aquella decisión del Poder Ejecutivo difieren diametralmente de los que llevaron a Jaldo a desplazar a Luis Campos, la excepcionalidad de la medida amerita algunas consideraciones.

En el CuchaMotaGate (tal el apodo del empleado municipal Juan Funez, que denunció parte de las presuntas irregularidades) lo que primó fue una red de presuntos vínculos del poder político con los narcos (la columna de Gustavo Rodríguez hoy mismo publicada en LA GACETA da cuenta de ello), que podría derivar además en el lavado de activos. Ante ello, Jaldo no dudó: desplazó a Campos, a su Gabinete plagado de parientes y al Concejo Deliberante que manejaba su cuñada.

Cuentan los que frecuentan la Casa de Gobierno que “El Comisario” venía molesto desde hacía tiempo con “Pato” (tal el apodo del exlíder municipal). La denuncia contra su secretario de Hacienda, José Roldán, que había formulado el legislador José Cano, ya había provocado un llamado de atención del gobernador al intendente. Más aún cuando un año atrás se supo que Carlos “Kokoz” Rodríguez (mano derecha de Roldán) quedó detenido en Salta, acusado de un doble crimen con ribetes narcos de dos ciudadanos bolivianos en Orán. Además, es el mismo personaje que “Cucha Mota” denunció que lo había apretado para que deje de ventilar las irregularidades en la ciudad que lleva el nombre del padre de la Constitución. Impresentable todo.

Cuentan que ante tremenda seguidilla de hechos desafortunados, Jaldo ya le había advertido a Campos que, o tomaba medidas ante las sospechas sobre su entorno, o ya no habría entorno, sino un responsable: él mismo. La inacción y alguna opereta terminaron con la prolífica carrera del hombre cuyos seguidores llegaban a los actos peronistas ataviados con los amarillentos animalitos estampados en sus ropas.

El intendente tuvo tiempo de apartar de los cargos o denunciar a sus colaboradores -o ellos a los colaboradores de sus colaboradores-, pero el silencio o la inacción lo dejan, como mínimo, bajo sospecha de encubrimiento.

De ahí que Jaldo no dudara en cerrarle la puerta en la cara. Según trascendió, ni siquiera le atendió el teléfono y envió a Darío Monteros a ponerle fin a su mandato y a nombrar al interventor.

Aplausos hoy; desafíos mañana

En definitiva, por ahora Jaldo goza de un aplauso mayoritario para su decisión, que recibió aval político de amplio espectro y buena recepción social. Se anota además un poroto entre el electorado prolibertario y adepto a la mano dura. Sin embargo, están quienes avisan que ahora habrá que “esperar el vuelto”. ¿Qué pasa si aparecen casos similares que salpican a funcionarios más cercanos suyos? ¿O a colaboradores de funcionarios de su confianza? ¿Abrieron la puerta para que desde la oposición incomoden al gobernador con algún “carpetazo” incómodo contra su entorno? ¿Si hay funcionarios implicados o denunciados con pruebas suficientes por hechos de corrupción, seguirán la misma suerte de Campos?

¿La Justicia buscará más pruebas ante denuncias con cierto sustento para avanzar con las investigaciones, como hizo en Alberdi para avalar el inválido audio? ¿O seguirá la eterna mora que caracteriza a las denuncias por corrupción?

Por lo pronto, el desvergonzado nepotismo en el que ya habría puesto el ojo la Justicia podría dejar un antecedente preocupante para los que creen que nombrar parientes a mansalva no encuentra reparos. En el caso de Alberdi, ya llama la atención de los investigadores que en puestos clave de lo que podría ser el circuito del dinero todos son parientes: secretario de Obras Públicas, jefe de Compras y presidenta del Concejo Deliberante, solo para nombrar algunos. Es la ruta que debería seguir un expediente para autorizar, controlar, adjudicar y pagar una obra. El circuito administrativo se “agranda” o se “achica” según los montos y si se hizo por adjudicación directa, concurso o licitación. En gran parte del proceso, el que pone la firma es un “familiar”.

¿Quién controla a los que controlan?