La trama oculta del “narcoescándalo” de Alberdi

Alberdi pasó a la historia. Una charla telefónica grabada dejó al descubierto lo peor de la política. Funcionarios denunciados por tener vínculos con la comercialización de drogas y un intendente investigado por no haber denunciado ese ilícito. Supuestas irregularidades en la adjudicación de obras públicas en esa ciudad. Sospechas de que utilizaron las cuentas municipales para el lavado de activos generados por el narcotráfico.

El jueves, cerca de las 11, en la ciudad ubicada a unos 100 kilómetros de San Miguel de Tucumán, comenzó a viralizarse una charla que había mantenido el intendente Luis “Pato” Campos con el empresario Roque “Chipi” Giménez. Ahí se encendió la mecha de una bomba que explotó, y cuyas esquirlas nadie sabe a ciencia cierta hasta dónde llegarán. Desde 2018, cuando comenzó a conocerse el fenómeno llamado “narcopolítica”, nunca llegaron a vincularse personas de tan alto perfil como el de Alberdi. Hasta ahora los condenados e investigados habían sido empleados de la Legislatura o del Concejo Deliberante capitalino. Jamás hubo un intendente, un concejal y un funcionario investigados por sus contactos narcos.

La teoría

Los investigadores, a través de las denuncias realizadas en los últimos tiempos, elaboraron una teoría. Un grupo de personas vinculadas con el secretario de Hacienda, José Roldán, podrían estar implicados en el tráfico de drogas. Dos de ellos, que fueron mencionados en el audio, están tras las rejas. Carlos “Kokoz” Rodríguez, mano derecha del funcionario denunciado, fue detenido por un doble crimen con tintes narcos registrado en la ciudad salteña de Orán. El imputado de un delito que contempla la pena de perpetua, jamás habría sido separado de su cargo municipal y, según sospecha el legislador opositor José Cano, seguiría cobrando su sueldo.

Por ese mismo hecho también fue imputado Elvio Díaz, puntero que trabajó para varios partidos. En su declaración exculpatoria dijo que no tenía que ver con el doble homicidio y que sólo había viajado para ofrecerle a una de las víctimas comprar una avioneta y tierras en la zona de Alberdi. No es un dato menor: los investigadores consideran que esa jurisdicción se convirtió en una zona roja de vuelos narcos, y las víctimas tenían antecedentes por el tráfico de drogas. El otro mencionado en el audio fue un tal “Patón”. Se trata de Rodrigo Campo, que fue detenido el martes cuando transportaba poco más de un kilo de cocaína.

Los habitantes de esa ciudad cuentan que “Kokoz” y “Patón” eran inseparables. Ellos, junto a otros, fueron mencionados por amenazar a todos aquellos que se atrevieron a denunciar a las personas que se dedicaban a esta actividad ilícita. Los señalados, según explicaron fuentes de la investigación, habrían formado parte del grupo de choque que tenía Roldán, un hombre mimado por la familia Campos, ya que se hizo cargo de los números del municipio durante más de 20 años. Ese grupo, además de los dos encarcelados -según reveló “Pichi” Giménez en la grabación-, también estaría integrado por el concejal Albano Loru y un tal “Toro” que sería hijo de una funcionaria municipal que se quedó sin trabajo ayer al ser intervenida la Municipalidad.

Herencia

Tiempo atrás, en una charla en off the record con un café de por medio, al analizar los casos de la “narcopolítica”, una actual legisladora había asegurado que era una herencia del legado alperovichista en la provincia. “Con tal de llegar, cualquiera que sume votos debía ser bien recibido en cualquier sublema, sin importar antecedentes o actividades que desarrollaban”, señaló.

Roldán era el hombre fuerte en Alberdi. Opositores y oficialistas coincidieron en señalar que él era el que aseguraba los triunfos electorales a la familia Campos desde hace más de 20 años. Incluso, en las últimas elecciones el ex intendente ganó por más de 4.000 votos. Los vecinos, el legislador Cano y el diputado Roberto Sánchez denunciaron públicamente que habían cambiado dosis de droga por votos.

Esta será la segunda vez que los Campos aparecen mencionados en una causa narco. En octubre de 2021, la Dirección General de Drogas Peligrosas desarticuló una red de narcomenudeo que operaba en Alberdi, en otras ciudades del sur de la provincia y hasta en Termas de Río Hondo. Uno de los “quioscos” de venta de drogas estaba ubicado al frente de la casa del intendente. Roque “El Colorado” Carrazam (sic) fue condenado por la Justicia Federal al ser considerado líder de la organización. Ese narco, que era visitado por empleados y por funcionarios del municipio de Alberdi, fue investigado, además, por un doble crimen en La Invernada, que también tuvo tintes narcos.

Dos frentes

Campos por ahora afronta en la Justicia ordinaria una investigación por incumplimiento de los deberes de funcionario público, ya que no denunció la supuesta venta de drogas en su ciudad, tal como se lo imponen las leyes. Giménez también podría ser procesado, pero por haber intentado extorsionar al ex titular del municipio de Alberdi. Los investigadores creen que lo amenazaba con denunciar sus vínculos narcos si es que no le otorgaban obras públicas.

El fiscal federal Rafael Vehils Ruiz acusó a él; a su esposa, Sandra Figueroa; a Roldán, y a otras personas de narcotráfico, de lavado de activos y de asociación ilícita. No logró que el juez ordenara su detención (menos para Figueroa, que debido a su función de legisladora cuenta con fueros), pero dejó en claro que mantendrá esa imputación hasta que declaren como imputados.

Esa hipótesis agrava aun más el caso. No sólo porque Roldán ocupaba el cargo de secretario de Hacienda, sino porque podría haber contado con toda una estructura. La legisladora Figueroa, cuando era intendente, había contratado de manera directa a la empresa de Giménez. También estarían siendo investigados porque habrían prestado colaboración parientes del ex intendente. La lista está integrada por: su hermano Jesús Campos (jefe de Compras), su cuñado Juan Lescano (secretario de Obras Públicas), su prima Sonia Flores (directora de Recursos Humanos) y Rebeca Figueroa (ex titular del Concejo Deliberante).

La reacción

Por primera vez en la historia de la provincia, un municipio quedó bajo la mira de la Justicia por su supuesta vinculación con el narcotráfico. Esta es una realidad que se vive desde hace años en las localidades que limitan con Bolivia, donde ya no sorprende que sus funcionarios sean detenidos por causas narcos o por crímenes relacionados a este tipo de delito.

Al gobernador, Osvaldo Jaldo, no le tembló el pulso a la hora de decidir la intervención de la Municipalidad. Fundamentó su decisión al considerar que era responsabilidad de la Provincia velar por la seguridad y salubridad de la comunidad que estaba siendo amenazada por el avance de la comercialización de la droga. Como si eso fuera poco, apuntó a las autoridades municipales y a los concejales por esta situación.

El dirigente tranqueño también hizo las gestiones necesarias para que la Justicia ordinaria y la federal investigaran a los mencionados en el audio y a todas las personas que pudieran surgir en la pesquisa. La dureza de estas acciones tiene un objetivo: llevar un claro mensaje de que la “narcopolítica” no puede instalarse en Tucumán.