Por Martín Soto
31 Mayo 2025
De las tierras de La Quebradita que en los registros de la Dirección de Catastro figuran a nombre del Gobierno y tienen casas construidas, hay un terreno en particular que desde la creación del loteo estuvo reservado para espacio verde y para las escorrentías de agua. Se trata de un padrón de más de cuatro hectáreas de extensión y una edificación en su centro (ver imagen). En 2020, la Provincia inició acciones legales en un juicio por reivindicación. Sin embargo, días atrás recibió un segundo revés ya que la Justicia confirmó una sentencia la caducidad del litigio por supuesta “falta de impulso procesal”. El Gobierno anticipó que llevará el caso a instancias superiores dado que consideran una decisión equivocada.
El padrón en cuestión está registrado como 682.474 en Catastro y está ubicado en la intersección de la ruta 307 y la avenida San Martín (más conocida como “la subida del hospital”). En el Registro Inmobiliario también figura a nombre de la Provincia. En las tierras, sin embargo, hay una vivienda que cuenta con siete ventanales con vista al espejo de agua, según comentaron quienes conocen la zona y puede observarse a través de Google Maps. El inmueble habría sido edificado por una persona llamada Hugo Alfredo Yapura, de acuerdo a las acciones judiciales.
Juicio de reivindicación
Las actuaciones legales dieron cuenta que el 24 de agosto de 2020, el letrado Horacio Geria Lepore, apoderado de la Provincia, se presentó ante la Justicia e inició una acción de reivindicación contra Yapura, con domicilio en El Churqui (causa “Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán c/ Yapura Hugo Alfredo s/ Reivindicación”). Se indicó que el objeto de la acción es lograr la restitución de una fracción del terreno en cuestión, ubicado en el kilómetro 63 de la ruta 307. Se añadió que el inmueble fue adquirido por la Provincia en 1942, a través de una expropiación a Miguel Estevez.
El letrado relató que en marzo de 2019 se inició un expediente administrativo cuando el director de Catastro de la Municipalidad de Tafí del Valle realizó un relevamiento para la confección de un plano de mensura en la fracción del terreno mencionado. Allí encontró a Yapura, quien le manifestó que el terreno le pertenecía. El abogado hizo saber que en los registros de Catastro Municipal y Provincial no existe documentación que indique alguna ocupación, y pidió que se dicte una medida cautelar de no innovar, a la que se hizo lugar.
Primer revés judicial
En octubre de 2024, el abogado Juan Pablo Torres, apoderado de Yapura, planteó la caducidad de instancia del proceso ya que, según manifestó, el Gobierno dejó transcurrir el plazo legal para que opere la caducidad de instancia, al no observar movimiento procesal con idoneidad. Aseguró que su defendido tampoco fue correctamente notificado de la denuncia (no residiría en el terreno en disputa).
En su fallo, la jueza civil y comercial Luciana Eleas del Centro Judicial de Monteros hizo lugar al planteo de Torres al constatar que hubo dos periodos concretos con inactividad procesal (de más de seis meses) y afirmó que el desinterés “fue incluso reconocido expresamente por el propio letrado de la parte actora”, quien notificó que se encontraban haciendo todos los trámites necesarios para individualizar al poseedor del inmueble. Citó que al no hallar a nadie en el inmueble estaban haciendo los trámites necesarios para iniciar obras previstas en el inmueble y, una vez comenzadas, pedir el archivo de la causa por haberse agotado el objeto del reclamo.
Apelación desestimada
La Provincia interpuso en diciembre de 2024 un recurso de apelación, que fue resuelto de modo adverso el 19 de mayo por la Cámara Civil y Comercial Común (Sala II) del Centro Judicial de Concepción. Los jueces Roberto Santana Alvarado y María José Posse no hicieron lugar a la petición de Lepore, quien se expresó contrariamente a la resolución de Eleas y afirmó que su parte “jamás abandonó el trámite del proceso”, habiendo actuado diligentemente en el impulso de la causa desde el inicio de las actuaciones.
El apoderado del Gobierno insistió a su vez con la dificultad de dar con el paradero de Yapura, pero afirmó que nunca se descuidó el proceso; dijo que no cuenta con las facultades de desistir de un proceso por sí solo; y sostuvo que la decisión impugnada “perjudica directamente el interés público, ya que se castiga con la extinción del proceso una conducta que tuvo por finalidad proteger un bien del Estado y garantizar una prestación de interés general”. A su vez, reprochó que “se haya beneficiado una conducta procesal evasiva y oportunista por parte del demandado”, quien se mantuvo oculto durante todo el proceso y solo compareció para interponer el planteo de caducidad.
Fuentes de la Fiscalía de Estado indicaron que consideran equivocada la determinación que se tomó, por lo que se aprestan a recurrir la sentencia ante tribunales superiores para demostrar que sí hubo actuaciones que suspendieron el plazo de caducidad y que, por lo tanto, el juicio debe continuar.
Proyecto de helipuerto
Por su ubicación conveniente, muy cerca del hospital, de la Policía y a metros del cuartel de Bomberos, el padrón 682.474 había sido pensado para la construcción de un helipuerto. De hecho, en las actuaciones se deja asentado que el Siprosa tenía prevista la obra en el inmueble. En la Legislatura, incluso, se presentó en 2017 un proyecto de ley para que se construya un helipuerto oficial en dichas tierras “por considerarse un punto estratégico de la ciudad”.
Posiblemente por la disputa legal con Yapura, en 2022 la Legislatura sancionó una ley para transferir a los Bomberos otro terreno en La Quebradita para el helipuerto (por un error técnico en la descripción de los padrones, el tema volvió a tratarse en octubre de 2024, se aprobó, se promulgó y se otorgó el N° 9.812 a la ley).
El legislador Manuel Courel (Cambia Tucumán) acercó recientemente a la Fiscalía de Estado que lidera Gilda Pedicone un relevamiento que realizó con su equipo de trabajo, en base de un informe que la Legislatura requirió a Catastro hace cinco años sobre el loteo La Quebradita. Tras un minucioso trabajo, detectó que hay unos 20 lotes con viviendas construidas, a pesar de que en los registros figuran a nombre del Gobierno. Se estimó que pueden ser irregularidades administrativas, pero la Provincia se comprometió a realizar un relevamiento minucioso de cada caso.
La administración que encabeza el gobernador Osvaldo Jaldo tomó la determinación política en febrero de crear la Unidad Ejecutora de Protección Jurídica del Medio Ambiente y el Patrimonio Cultural, con el fin de recuperar tierras fiscales usurpadas en distintos sectores de la provincia, principalmente en villas veraniegas. En pocos meses se logró recuperar y desalojar tierras del perilago en El Mollar, entre otros terrenos.
Disputas en el loteo
En febrero, se dio a conocer que unas 10 hectáreas (padrones 682.842 y 682.843), conocidas como el ex golf, una pradera verde debajo del Cristo, fueron adquiridas en un juicio por prescripción por Carmen Mamaní (fallecida), y administrados por su hija. Ambos lotes, valuados en unos U$S 3,5 millones, se encuentran dentro de un tercer padrón (680.111), que pertenece al Gobierno, cuenta con una superficie aproximada de 46,5 hectáreas y actualmente se encuentra cercado y cerrado con un portón.
La sucesión de Mamaní inició en 2012 un primer juicio por las tierras (Expediente N° 18/12), pero fue rechazado por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) en 2014. Se alegó que en el plano de mensura presentado figuraba un camino público y que se rechazó dado que no se acreditó la inexistencia de dicho sendero ni su desafectación.
Por un pedido de informes de la Legislatura, recientemente se conoció que la Fiscalía rechazó que haya habido de parte de la Provincia una “absoluta orfandad probatoria” como alegó la Corte Suprema de Tucumán en el fallo adverso que dictó en 2017. En el escrito se cuestionó al alto tribunal y se dijo que “ignoró y prescindió de pruebas decisivas”. También se lanzaron cuestionamientos contra el Ente Tucumán Turismo, quien tiene poder de policía en La Quebradita dado que el loteo se encuentra bajo su órbita.
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