¿Gendarmes socios de narcos y de contrabandistas?

Organizaciones que montaron una red de corrupción. Persecuciones a los que cumplen con la ley. Acuerdos con empresas de transporte y con tours de compras. Sorpresivos traslados a los que investigan las irregularidades. Desidia a la hora de analizar la realidad y de actuar. Esas aristas no forman parte de un guión de una serie de streaming que muestra los detalles de las actividades que desarrollan contrabandistas y narcotraficantes. Es lo que ocurre en las rutas del NOA; y tiene como protagonista a Gendarmería Nacional, fuerza que debe luchar contra esos delitos.

Hasta hace unos días, la IV Región abarcaba Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero. Es la zona más caliente del país para el ingreso de droga, todo tipo de mercadería, hojas de coca, cubiertas y paquetes de cigarrillos desde Bolivia. Pero la tarea que desarrollan sus hombres desde hace más de un año está bajo sospechas debido a su ineficacia. No se habla de impericia, sino de corrupción.

En las estadísticas también se refleja esa situación. Sólo así se entiende que en nuestra provincia en menos de cinco meses se haya secuestrado más material de contrabando que en todo 2024 en el marco del Operativo Lapacho. Hay otro dato más preocupante: en estas tierras y en Santiago del Estero, durante el primer cuatrimestre de 2025 se triplicaron los secuestros de droga respecto del año pasado en procedimientos que se concretaron a más de 500 kilómetros del límite con Bolivia y en vehículos que deberían haber superado al menos seis controles.

Casi un escuadrón entero

El año pasado, después de una larga investigación, el fiscal federal Agustín Chit logró desarticular una red de corrupción que operaba en las rutas. Según el expediente, los gendarmes cobraban sobornos a los tours de compras y a bagayeros para permitirles transitar mercadería ingresada ilegalmente al país y también droga. Esta organización operaba en Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero; y en cada una de esas jurisdicciones se abrieron causas. Fueron procesados nada menos que 60 efectivos de la fuerza. Para que se tome dimensión, el Escuadrón 55 con asiento en nuestra provincia cuenta con una tropa activa de 90 uniformados.

Todas las sospechas apuntaban a que había más personas implicadas. Entre los detenidos no había ningún “pez gordo”; solo tropa. Los pesquisas llegaron a la conclusión de que semejante estructura no podría haber actuado sin el conocimiento o complicidad de sus superiores. Decidieron entonces avanzar hacia arriba. Pero el proyecto quedó trunco. El equipo de investigadores que debía realizar esta tarea fue desarticulado, ya que los destinaron a otros lugares. A algunos de ellos les correspondía el traslado, pero a otros no. No hace falta explicar que los reemplazantes que llegarían no trabajarían con el mismo ahínco por el mensaje que dieron los jefes.

Allegados y camaradas les habían advertido a los denunciantes que debían prepararse porque en cualquier momento podrían recibir un “vuelto”. La venganza llegó por medio de una falsa denuncia publicada en las redes sociales por un gendarme, que sería pariente de uno de los detenidos. La maniobra, tan burda como un dólar azul, generó que las autoridades hicieran un sumario interno a los mencionados en el posteo, pese a que habían actuado tal como un juez federal les había ordenado.

Cuentan en los tribunales de calle Las Piedras al 500 que los implicados en la falsa denuncia se presentaron ante la Justicia Federal para pedir ser investigados y solicitar que se haga lo mismo con el autor del mensaje por no haber realizado la denuncia ante los organismos competentes como indican las normas vigentes. Cuando el fiscal Chit comenzó a indagar sobre el caso descubrió que el sospechoso había sido trasladado. Entonces, no es descabellado pensar que los pases de gendarmes ya no sólo serían de premio y castigo, sino también de protección.

Más sospechas

La tarea que desarrolla Gendarmería también está plagada de sospechas. Casi a diario, los hombres de inteligencia de esa fuerza informan sobre la cantidad de micros de tours de compras que se encuentran estacionados en “El Playón”, Orán. En promedio, 14 unidades esperan diariamente a los pasajeros que hacen las compras en Bolivia. Allí cargan la mercadería de contrabando y por último regresan al punto de partida. Según las estimaciones de los especialistas, cada uno transporta al menos $400 millones en productos ingresados ilegalmente al país.

Esa insólita situación genera una pregunta: ¿por qué no se los detiene ahí? No hay respuestas. Pero hay otro interrogante: ¿cómo hacen para no ser descubiertos porque sólo se informan de los micros que son parados en Córdoba o Buenos Aires? En este caso, un bagayero despejó todas las dudas. “Cada pasajero debe aportar $100.000 a la coordinadora del viaje para que arregle con los gendarmes. No sólo permiten el paso, sino que además les avisan por dónde tienen que ir para evitar los controles de los ‘milicos’ que no están prendidos”, indicó Francisco Rivadeneira.

Tampoco se dice nada de los millonarios envíos por encomiendas. Al parecer, las empresas de correo no están bajo la mirada de GNA ni de ninguna otra fuerza de seguridad para controlar lo que se envía. Es cierto que los empleados no pueden revisar la correspondencia porque la ley se lo impide, pero otra cosa es no sospechar que una persona está enviando cubiertas, bultos con ropas y electrodomésticos o kilos de flores de marihuana que tienen una inconfundible fragancia.

La falta de planificación es otro de los problemas. Hasta el intendente de Rosario, Pablo Javkin, cuestionó la falta de controles en las rutas del NOA; en especial, la 34. Pese al pedido de varios funcionarios y jefes de GNA, la fuerza no tiene un puesto de control fijo en 7 de Abril, donde este año se concretó la mayor cantidad de secuestro de droga. En los últimos tiempos, la ruta de los valles se afianzó como ruta narco. Esa tendencia se consolidó luego de que la fuerza nacional decidió eliminar el control que tenía en Colalao del Valle, sobre la ruta 40. Hoy sólo la Policía tiene un puesto allí en el que semanalmente decomisa grandes cantidades de mercadería de contrabando.

Con nombres

Meses después de haberse retirado de Gendarmería, el ex comandante mayor Miguel Ángel Torres fue detenido y procesado en enero por liderar una banda que llevaba cocaína y marihuana desde Orán a Mendoza y de allí, posiblemente, a Chile. No se sabe a ciencia cierta si el acusado en algún momento estuvo destinado en esta región, pero sí quedó confirmado que su misión era realizar las averiguaciones para que los vehículos con droga no sean detenidos o con el fin de conocer dónde estaban controlando. En febrero, las autoridades desmantelaron una organización conocida como “La banda de los peluches”. Estaba liderada por dos supuestos comerciantes litoraleños que contaban con los servicios de dos gendarmes en actividad, dos retirados y un aspirante a ingresar a la fuerza que se dedicaban a trasladar estupefacientes desde Bolivia a Buenos Aires.

En medio de esta compleja situación se generó otra llamativa situación. Desde su creación, por primera vez el jefe de la IV Región permaneció más de un año en su cargo. Si bien no hubo una explicación oficial, la Nación está avanzando en modificar la fuerza en el NOA. Hace cuatro días se creó la IX Región que tendrá jurisdicción en Salta y Jujuy únicamente para fortalecer el Operativo Güemes. Estos cambios despertaron varias dudas y una certeza. El plan que busca frenar el contrabando y el narcotráfico fracasará si es que primero no se quita el manto de sospecha que hay sobre los hombres que deben ejecutarlo.