Abuso contra menores y pornografía

La violencia es una acción ejercida por una o varias personas, por la cual se somete de manera intencional al maltrato, presión, sufrimiento, manipulación u otra acción que atente contra la integridad física, moral y psicológica de cualquier individuo o grupo social. En psicología, se da el nombre de perversión al desorden o alteración mórbida de alguna función psíquica, principalmente de las tendencias innatas o adquiridas. En la segunda parte del siglo XX, la violencia, en sus distintas facetas, se ha instalado en el seno de la sociedad. Algunos especialistas atribuyen el incremento de la violencia a las desigualdades políticas y económicas, a la ausencia de comunicación, así como a factores educativos y sociales.
El maltrato a las mujeres y a los niños ha sido -y sigue siendo- una constante en la historia. Su incremento en las últimas décadas es un reflejo de una sociedad inmersa en una crisis profunda que va perdiendo paulatinamente sus valores éticos.
La pedofilia (el abuso sexual de menores) que parecía lejana a Tucumán, ha comenzado a salir a la luz. En febrero pasado, se detuvo a un hombre, acusado de pagar a menores para dejarse fotografiar en poses eróticas. Las imágenes eran difundidas luego por un sitio en internet. La Fundación Adoptar consignó que el hombre, de 32 años, ya había sido denunciado en varias oportunidades en 2003 a través del teléfono gratuito 102 y las denuncias habían sido remitidas a la Justicia y a la Policía. La entidad informó que, en los últimos tres años, se detectó y se denunció a 479 abusadores de niños en la provincia.
El martes pasado, nuestro diario dio a conocer la detención de un presunto abusador de menores que trabajaba en el Siprosa -adscripto a la Secretaría del Interior- y en la Escuela de Enfermería de la UNT. El presunto violador trabajaba desde la anterior gestión en Casa de Gobierno, pese a que tiene una condena en Buenos Aires por corrupción de menores. En Tucumán, el detenido había sido condenado nuevamente por emplear una credencial falsa de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). En ámbitos judiciales se supo que el detenido habría mantenido contactos en ámbitos gubernamentales y en la Policía, y que se comunicaba en forma permanente con ex oficiales jefes de la fuerza. Pese a sus antecedentes, el acusado se valió de diferentes ardides para sortear los controles de la administración pública y de la Universidad, que mostraron su ineficacia.
Este hecho, sin duda, es alarmante porque pone en evidencia graves falencias en los organismos e instituciones del Estado, que no tienen un conocimiento cabal de los antecedentes de su personal, que debería actualizarse al cabo de un tiempo determinado, solicitando informes no sólo a la Policía, sino también a la Justicia. Es preocupante asimismo si se confirma que el presunto violador era protegido por funcionarios y por policías.
Ante estos hechos, el Estado debe reaccionar con rapidez: debe diseñar y poner en práctica una política de prevención que tienda a proteger a los niños y a los adolescentes de los abusadores sexuales y del maltrato en general. Esta tarea puede impulsarse a través de la misma escuela. Por otro lado, en el seno de la familia es indispensable que los padres dialoguen en forma constante con sus hijos para alertarlos sobre estos peligros y para inculcarles la confianza necesaria para que no oculten los problemas que pudieran presentárseles. La Justicia también tiene un rol primordial: debe investigar y aplicar sanciones rigurosas a los culpables.
La sociedad tucumana no debe esperar que casos como los mencionados se incrementen. A la violencia se la combate con educación, con comunicación, con la dignificación de los ciudadanos a través de un trabajo decente, con controles desde el Estado y con una Justicia que debe ser implacable.