
¿Por qué el Gobierno quiere cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante el primer cuatrimestre? La primera respuesta es eminentemente técnica: si hay fondos frescos, el Banco Central podrá reconstituir las reservas de tal modo que las netas, aquellas que están verdaderamente disponibles, cambien de signo negativo a positivo. Hoy están en U$S 4.000 millones por debajo de la línea, según la explicación contable. Modificar ese escenario implicará que la Argentina puede mostrarse ante el mundo como un país que logró, en poco tiempo, reconstruir su capacidad de pago y, de esa manera, retornar al mercado voluntario de créditos.
La segunda respuesta está relacionado con lo político: si el presidente Javier Milei logra que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) pase el tamiz del Congreso, habrá logrado cierto oxígeno institucional, más allá de que en el Parlamento no tenga la fuerza propia suficiente para imponer sus proyectos. En otras palabras, en cierta medida, el mandatario habrá pasado de estar en el foco de la criptotormenta a asomarse en un horizonte económico mucho más tranquilo, despejando las nubes de la incertidumbre del mercado, con lo que la calma volverá al plano cambiario sin tanta volatilidad.
Pero hay una tercera respuesta a aquel interrogante y es electoral. El acuerdo con el Fondo es una buena carta de presentación ante la sociedad, más allá de que al organismo se lo relacione con el ajuste. En cierta medida, esta interpretación responde a la batalla cultural. A Javier Milei no le hace tanta mella el discurso del ajuste porque desde que llegó a la Presidencia, hace casi 15 meses, aplicó la motosierra para podar el gasto público. Desde esa perspectiva, una continuidad en ese rumbo implicará una reafirmación de su accionar gubernamental y, por ende, música para los oídos de sus seguidores y de la sociedad que no comulga con los políticos tradicionales.
En el medio de todo esto resta conocer la letra chica del acuerdo. No se sabe cuánto dinero llegará, mucho menos cuáles son las nuevas condicionalidades. El DNU sostiene el Programa de Facilidades Extendidas con un plazo para el pago de intereses de hasta 10 años, con un período de gracia de cuatro años y seis meses. En ese documento, la Casa Rosada señala que, de ninguna manera está dispuesta a comprometer “su política económica de déficit cero”. En ese sentido, advierte que “los fondos recibidos deberán ser utilizados exclusivamente para cancelar deudas del Tesoro Nacional, con el Banco Central y deudas con el FMI”. El mercado, sin embargo, espera que parte de los dólares que llegarán impliquen una salida más acelerada del cepo cambiario.
Ahora, la Jefatura de Gabinete, a cargo de Guillermo Francos, no sólo tendrá la misión de elevar el DNU para el tratamiento de la Comisión Bicameral, sino también deberá sentarse a negociar con cada uno de los bloques parlamentarios. Esta negociación no será demasiado sencilla si tomamos en cuenta que estamos frente a un año electoral, en el que las diferencias políticas brotan hasta desde las baldosas.
Milei tiene la necesidad de firmar el 23° programa con el FMI, con la urgencia natural de seguir encarrilando el rumbo económico, incluso, en un año electoral en el que apuesta todo para que “las fuerzas del cielo” le ayuden a posicionar a La Libertad Avanza como soporte de gestión, pensando más allá de 2027.