Aseguran que no hay riesgo de derrumbe en el edificio de ex Rentas

”Se hicieron estudios estructurales que certificaron que no hay riesgo de derrumbe. A partir de esos informes se llevan a cabo constantemente trabajos de limpieza, mantenimiento de desagües y canaletas entre otras intervenciones necesarias para su conservación”, explicó Darío Amati, subinterventor de la Caja Popular de Ahorros, quien afirmó que se están realizando tareas de mantenimiento de manera periódica en el ex edificio de la Dirección General de Rentas, ubicado en la esquina de Maipú y San Martín.

Vallado

El inmueble, cerrado desde hace varios años, había tenido unos desprendimientos de mampostería que obligaron el viernes pasado a que, por orden de Defensa Civil, se pusiera una cinta de protección en las veredas, a fin de aventar riesgos. Amati indicó que se están tomando medidas. “Si hubo un desprendimiento podría haber sido consecuencia de las tormentas recientes. Solicitamos un nuevo plan de trabajo al departamento técnico de la Caja para evaluar las tareas necesarias en la fachada”, detalló.

En pleno centro de San Miguel de Tucumán, el ex edificio se alza como vestigio de una época en la que la arquitectura y el patrimonio eran parte del progreso provincial.

Su situación muestra la de varios inmuebles protegidos por la Ley de Patrimonio Cultural N° 7.535, que regula la conservación de bienes de valor histórico, entre ellos la Casa de Gobierno, la Legislatura, el Casino Savoy y edificios de uso público como estaciones ferroviarias, plazas, parques, escuelas y hospitales.

La normativa establece la obligación de la preservación de los inmuebles, pero en la práctica, muchos de ellos presentan signos de intervenciones mínimas.

Juan Bautista García Posse, quien participó en la elaboración del Catálogo del Patrimonio Edilicio Urbanístico de Tucumán publicado en 2015, explicó que la Ley de Patrimonío (de 2005, seguida por la 7.535 de 2007) estableció un sistema de protección para bienes identificados a partir de estudios de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT).

“El listado de inmuebles patrimoniales se organizó según ubicación, tipología arquitectónica y función, incluyendo escuelas, museos, entornos de plazas, pueblos industriales, parques, cementerios y estaciones de ferrocarriles. La identificación de estos bienes requirió la colaboración de organismos como la Dirección Provincial de Catastro, El Registro Inmobiliario, el Archivo Histórico y otras instituciones”, dijo. A partir de este trabajo la Comisión Provincial de Patrimonios se consolidó como un espacio de articulación entre el Estado y distintos sectores. “La Comisión dicta resoluciones con carácter vinculante para la preservación del patrimonio e intervino en procesos de restauración de la Ex Casa Sucar, el Cine Plaza, la Iglesia San Francisco y otros bienes”.

Sobre los edificios consultados explicó que su conservación implica ciertos desafíos. “El Ex edificio de Rentas y el Casino Savoy son inmuebles que perdieron su función original y en el caso del primero pertenece a la Caja Popular de Ahorros. La refuncionalización de estos espacios requieren estudios técnicos y decisiones de largo plazo que involucran distintas áreas del Estado y en algunos casos inversión privada”, sostuvo.

Sin presupuesto

Por su parte, la arquitecta Gabriela Lo Giudice, representante de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (Unsta) en la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural, explicó que el problema principal es la falta de asignación presupuestaria. “El mantenimiento de estos bienes recae sobre el dueño del dominio, ya sean el Poder Judicial, el Ejecutivo Provincial o entidades privadas. En el caso del Ejecutivo, la situación es más compleja porque los edificios dependen de distintas reparticiones y no cuentan con fondos específicos”, señaló.

Desde la Comisión de Patrimonio se han propuesto soluciones. “Nos reunimos varias veces en la gestión del ex gobernador Juan Manzur e incluso el año pasado en la Legislatura para impulsar una Ley que garantice un porcentaje del presupuesto provincial para la conservación del patrimonio pero no se concretó. La política cultural no ha sido una prioridad en los últimos 15 años”, afirmó.

A la falta de fondos se suma la presión demográfica sobre el uso del patrimonio edilicio. Lo Giudice ejemplificó con el ex edificio de Rentas, cuya responsabilidad de conservación recae sobre la Caja Popular de Ahorros. “La ley obliga a la Caja a mantenerlo. El estado de abandono es tal que si se revisa la normativa, podría haber incluso sanciones penales”, advirtió.

El subinterventor Amati, no obstante, puso énfasis que se realiza el mantenimiento de manera periódica, si bien no dio precisiones sobre cuándo serían levantadas las vallas.

Sobre el futuro del inmueble, señaló que aunque no hay un proyecto en curso para su reutilización, el objetivo es mantenerlo en condiciones por si surgiera alguna propuesta. “Se realizaron refacciones internas y en caso de que surja un proyecto que beneficie a la comunidad el edificio estará en condiciones de ser utilizado”, concluyó.