La jueza María Carolina Ballesteros dijo que su defensa llegará hasta por vía judicial

La comisión de Juicio Político plasmó en la Resolución 616 que la jueza Carolina Ballesteros tuvo conductas que son incompatibles con los estándares de la magistratura. Según el dictamen, el comportamiento de la magistrada del Colegio de Jueces y Juezas del Centro Judicial Capital no solo violó principios de decoro y profesionalismo, sino que también afectó el normal funcionamiento del servicio de justicia. Se subrayó que usó su cargo para presionar a fiscales y alterar procesos judiciales. El comité concluyó que esto constituye una causal suficiente para recomendar su destitución.

La jueza Ballesteros asistió a la primera audiencia pública del proceso que el Jurado de Enjuiciamiento lleva en su contra, a pesar de estar con licencia médica y de encontrarse en un delicado estado de salud. De hecho, se la vio con dificultad para caminar y emitiendo algunos gestos de dolor debido a dos intervenciones quirúrgicas a las que se sometió este año. De todos modos, la magistrada dialogó posteriormente con la prensa y rechazó todas las acusaciones. Además, anticipó que agotará todas las instancias administrativas y judiciales que sean necesarias para defenderse.

“No sólo no voy a renunciar, sino que voy a llegar hasta las últimas consecuencias. Esto implica la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Me voy a defender en todas las instancias, tanto en las administrativas como en las judiciales; no voy a renunciar, voy a pelear hasta el último aliento que me quede”, exclamó Ballesteros junto a su nuevo representante, Gustavo Morales (antes era asesorada por Manuel Pedernera).

La audiencia de lectura de los fundamentos en los términos de la Ley 8,734 se desarrolló en el tercer piso de la Legislatura y estuvo encabezada por la vocal de la Corte Suprema y presidenta del jury, Eleonora Rodríguez Campos. El Jurado se completó con: los legisladores Jorge Leal (h), Sara Lazarte, Tomás Cobos, Alberto Olea y Rolando Alfaro (este último reemplaza a Roque Argañaraz); el secretario de Gestión Pública Javier Morof (nuevo representante del Ejecutivo); y Silvia Peyracchia por los abogados matriculados de la provincia. Como parte de la comisión de Juicio Político asistieron: Sergio Mansilla, Claudio Viña, Rodolfo Ocaranza, Mario Leito, Francisco Serra, Sara Assan, Tulio Caponio y Eduardo Verón Guerra.

El secretario del jury, Álvaro Del Barco, dedicó más de dos horas a la lectura de la resolución acusatoria que salió con la firma de los miembros del comité antes mencionados y de José Orellana, Paula Galván y Leopoldo Rodríguez. Previamente, Ballesteros exhibió ante el Jurado los certificados de salud que desaconsejan su presencia y participación en las audiencias. “Mi honor y honorabilidad como magistrada y mi salud tienen el mismo valor. Estoy acá para rendir cuentas a la sociedad tucumana”, manifestó.

En el escrito de 57 páginas se señaló que uno de los casos más graves contra Ballesteros es por su intervención en una causa que tenía a su padre como víctima y sus medias hermanas como imputadas. Según los fiscales José Augusto Zapata e Ignacio López Bustos, la jueza ejerció presión indebida, tanto en persona como a través de mensajes, para influir en las medidas de coerción contra las acusadas. Mencionaron también que hubo un comportamiento intimidatorio así como confrontaciones verbales.

Por la misma causa, la abogada Antonella Burgos denunció un patrón de comportamiento inadecuado en el ejercicio de sus funciones. Dijo que la jueza utilizó su influencia y su posición para intervenir de manera inapropiada en procedimientos que no le correspondían.

En tanto que una auditoría del año 2019 reveló serias irregularidades en la gestión de Ballesteros cuando estaba a cargo del Juzgado de Instrucción Penal de la V Nominación. El informe indicó un ambiente laboral hostil, caracterizado por episodios de intimidación hacia el personal, diferencias de trato según los turnos y múltiples pedidos de traslado por parte de empleados.

Defensa y acusación

En su descargo, la jueza negó rotundamente las acusaciones y las calificó como infundadas y carentes de pruebas. Argumentó que sus intervenciones en causas judiciales en la causa de su padre se dieron en calidad de hija y no como magistrada, descartando cualquier abuso de poder. Asimismo, aseguró que las denuncias de maltrato laboral responden a resistencias del personal frente a las reformas que implementaron para mejorar el funcionamiento del juzgado.

La comisión de Juicio Político, por su parte, destacó que el proceso de destitución no busca sancionar a la jueza como individuo, sino garantizar que los operadores judiciales mantengan los estándares éticos que la sociedad exige. Consideró probado que Ballesteros incurrió en “falta de cumplimiento de los deberes de su cargo”, tal como impulsó el abogado denunciante Mario Leiva Haro.