Rechazan la inhibición de bienes de Rigourd

Rechazan la inhibición de bienes de Rigourd

Un procurador denunció connivencia entre el fiscal y un estudio jurídico

28 Noviembre 2014
La jueza de Instrucción de la V° Nominación, Mirta Lenis de Vera, rechazó el pedido que había realizado el fiscal Guillermo Herrera para que se declarara la inhibición general de bienes del financista Jorge Rigourd. La magistrada también desestimó el requerimiento de intervención judicial de las empresas del CEO de Cofin, según informaron fuentes tribunalicias.

El fiscal había solicitado esas medidas ante el temor de que Rigourd (quien está detenido en el penal de Villa Urquiza) se desprenda de sus bienes. Sin embargo, fuentes judiciales afirmaron que Lenis de Vera rechazó el pedido ya que habría considerado que las medidas cautelares civiles sólo pueden ser solicitadas por quienes se hayan presentado en la causa como actores civiles.

La investigación de las supuestas estafas que habría cometido Rigourd se hizo pública con los allanamientos que el fiscal llevó adelante el 7 de noviembre pasado. La semana siguiente el financista fue detenido, al igual que su contador Hugo Sánchez.

Por otra parte, a principios de esta semana se conoció que el procurador José Rolando Carbajal solicitó al ministro Fiscal Edmundo Jiménez que el fiscal Herrera sea apartado de la investigación, por su supuesta connivencia con uno de los abogados de las presuntas víctimas.

Carbajal denunció que son al menos tres las causas penales en las que actúa el fiscal Herrera luego de una denuncia efectuada por el estudio jurídico “Falú”, “donde se encuentra en juego dinero espurio y de importantes aristas económicas”. Estas causas, afirmó el denunciante en su presentación, finalizaron con un arreglo económico. Además, el procurador (que es patrocinado por el abogado Gustavo Morales) aseguró que los denunciantes son presuntas víctimas de estafas de menor cuantía, y que algunos de los que se presentaron son “prestanombres”.

Por otro lado, Carbajal requirió que el expediente sea girado a la Justicia Federal, para que se investigue el delito de lavado de activos.

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