Las barras y la impunidad política
Erróneamente se denomina "violencia en el fútbol" a hechos delictivos que involucran a hinchas de algún equipo en instancias próximas a algún partido, o a "ajustes de cuenta" o situaciones similares, protagonizadas por barrabravas en hechos ajenos a lo estrictamente deportivo.

La violencia en el fútbol no existe como tal, salvo la que a veces se produce entre los jugadores, como lógica consecuencia de un deporte con mucho roce, o una que otra discusión en las tribunas, protagonizada más que nada por exaltados que van al estadio a descargar sus frustraciones. Algo normal y común en todos los deportes y países del mundo.

Lo que no es normal y común en todas partes son los asesinatos (274 en Argentina, según consignó el periodista Gustavo Rodríguez el 5/3 en la columna "Violencia para todos"), los robos a mano armada, el tráfico de drogas, de entradas y de favores, y la complicidad delictiva con sectores de la Policía y de la política.

La violencia en el fútbol es delincuencia simple y llana, encubierta de la peor manera: detrás de los "trapos" de la pasión futbolera. Las barras bravas son organizaciones delictivas amparadas por el poder político, dedicadas a hacer negocios vinculados con el fútbol, que van desde vender entradas, drogas y alcohol, hasta administrar cantinas y clubes, estacionamiento de autos, viajes con los equipos y suministrar "servicios varios" a dirigentes y jugadores, entre otras actividades, según el club.

El otro negocio de las barras es la política. Son tan habituales las banderas partidarias o de algún candidato o funcionario en las tribunas, como son las hinchadas con toda la música en los actos políticos, así como parte de la logística en las elecciones. Unos y otros se necesitan. Esta parte del negocio es la que provee la impunidad que necesitan los otros negocios que están fuera de la ley.

Lo que ocurrió durante el último clásico tucumano, con varios policías heridos y destrozos en el estadio de Atlético y en decenas de casas y autos de la zona, es parte de ese paquete al que nadie se atreve (o quiere) desatarle el moño. Es por eso que tanto los dirigentes de ambos clubes, como el jefe de Seguridad Deportiva de la Policía, reconocieron que en Tucumán, en estas condiciones, no puede jugarse nunca más un clásico con las dos hinchadas.

Gran parte de las hinchadas van a la cancha a drogarse y emborracharse antes, durante y después de los partidos. Sin esos "incentivos" no hay fiesta y algunos ni siquiera miran el encuentro. Y son esos "incentivos" los que luego derivan en violencia.

Los policías, desde el anonimato, reconocen que hay gente que "no se puede tocar". Ni siquiera pasan por el cacheo en los ingresos, que sí se cumple rigurosamente para el resto de los mortales, incluidos ancianos y niños.

Los dirigentes se quejan, pero ninguno responde quién les da a las barras las entradas que venden o de dónde sacan el dinero para los viajes.

Por otro lado, el gobernador José Alperovich considera que tener un estadio decente en la cuarta provincia más futbolera del país es "tirar la plata". Estadio que, por otra parte, podría servir para Los Pumas, la Selección Argentina, la Copa América, recitales internacionales o distintos eventos multitudinarios en condiciones seguras y cómodas. Tucumán es la única provincia del NOA que no cuenta con un estadio moderno (Santiago ya aprobó el proyecto).

Así las cosas, se entiende que la mal llamada "violencia en el fútbol" siga creciendo. Es un combo complejo que involucra a muchos intereses y está claro que con la política actual no habrá cambios en el horizonte.

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