06 Abril 2012
Si el Gobierno provincial debe o no acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que permite interrumpir embarazos en casos de abuso sexual, merece un tratamiento y un debate mucho más profundo en la Legislatura. Al menos, es lo que reclamó el opositor José Páez, parlamentario por la Democracia Cristiana (DC).
Páez se sumó a las quejas de sus pares Silvia Elías de Pérez (UCR) y Ricardo Bussi (FR). Los parlamentarios ya habían cuestionado que el gobernador, José Alperovich, haya manifestado que el Poder Ejecutivo acatará la sentencia del máximo tribunal nacional. "Hay confusión sobre el tema, y hay que aclarar que el Gobierno, en general, está a favor de la vida. Por otro lado, también es cierto que el Gobierno tiene que apoyar el fallo judicial. No podemos desobedecer lo que dice la Justicia", había dicho el mandatario provincial.
El referente demócratacristiano reprochó puntualmente que Adriana Álvarez, coordinadora del programa de salud sexual y reproductiva del Sistema Provincial de Salud (Siprosa). La funcionaria, en una entrevista concedida a LA GACETA, había explicado las implicancias de la resolución judicial y cómo actúa el sistema público frente a los casos de abortos no punibles. "La Corte, con el fallo, nos dijo a los médicos que dejemos de judicializar temas que no deberían estarlo, porque están incluidos en el Código Penal", remarcó. La especialista se refería al artículo 86 (incisos 1 y 2), que disponen que el aborto no es punible en dos circunstancias: para evitar un peligro para la vida o la salud de la madre; y cuando el embarazo proviene "de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente".
"¿Qué autoridad tiene una encargada del programa de salud sexual para instruir a los profesionales del Siprosa sobre este tema?", se preguntó Páez. Luego cargó contra la sentencia de la Corte Suprema. "El fallo es equívoco, confuso y autocontradictorio. No es una ley o una norma para aplicar o acatar. El Poder Legislativo debe expedirse sobre el tema, y el Poder Ejecutivo en su más alto nivel decidir las políticas a implementar, dictando en todo caso las normas a aplicar. No tenemos dudas de que el acatamiento del fallo está en la línea de consentir las medidas en favor del aborto, porque si bien no fueron resueltas por el Gobierno nacional, cuentan con indudable simpatía del PEN", consideró el legislador.
Páez se sumó a las quejas de sus pares Silvia Elías de Pérez (UCR) y Ricardo Bussi (FR). Los parlamentarios ya habían cuestionado que el gobernador, José Alperovich, haya manifestado que el Poder Ejecutivo acatará la sentencia del máximo tribunal nacional. "Hay confusión sobre el tema, y hay que aclarar que el Gobierno, en general, está a favor de la vida. Por otro lado, también es cierto que el Gobierno tiene que apoyar el fallo judicial. No podemos desobedecer lo que dice la Justicia", había dicho el mandatario provincial.
El referente demócratacristiano reprochó puntualmente que Adriana Álvarez, coordinadora del programa de salud sexual y reproductiva del Sistema Provincial de Salud (Siprosa). La funcionaria, en una entrevista concedida a LA GACETA, había explicado las implicancias de la resolución judicial y cómo actúa el sistema público frente a los casos de abortos no punibles. "La Corte, con el fallo, nos dijo a los médicos que dejemos de judicializar temas que no deberían estarlo, porque están incluidos en el Código Penal", remarcó. La especialista se refería al artículo 86 (incisos 1 y 2), que disponen que el aborto no es punible en dos circunstancias: para evitar un peligro para la vida o la salud de la madre; y cuando el embarazo proviene "de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente".
"¿Qué autoridad tiene una encargada del programa de salud sexual para instruir a los profesionales del Siprosa sobre este tema?", se preguntó Páez. Luego cargó contra la sentencia de la Corte Suprema. "El fallo es equívoco, confuso y autocontradictorio. No es una ley o una norma para aplicar o acatar. El Poder Legislativo debe expedirse sobre el tema, y el Poder Ejecutivo en su más alto nivel decidir las políticas a implementar, dictando en todo caso las normas a aplicar. No tenemos dudas de que el acatamiento del fallo está en la línea de consentir las medidas en favor del aborto, porque si bien no fueron resueltas por el Gobierno nacional, cuentan con indudable simpatía del PEN", consideró el legislador.
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