Por Patricia Vega
26 Febrero 2012
"!Es el sistema, estúpido!". La voz de un senador radical, que pretendía emular aquella frase de Bill Clinton dicha hace 10 años sobre la economía, estaba cargada de bronca el viernes por la tarde. Hacía apenas un rato, había aparecido el cuerpo de la última víctima del accidente de Once, un joven de 20 años aplastado desde hacía dos días y medio dentro del tren y a quien el Estado había abandonado dos veces. "El Gobierno no lo va admitir y buena parte de la sociedad no lo quiere ver, pero lo que desnuda esta tragedia es que lo que ha fracasado en la Argentina es la construcción de un modelo conservador y prebendario que apenas tiene vigencia en otros países, pero que además presume de lo que no es. Porque pese a los discursos de propaganda progresista, el Estado tiene agachadas a cada rato, no atiende lo que debería atender, no todos los ciudadanos son iguales ante la Ley y la distribución de la riqueza es siempre una promesa", se descargó.
Pero más allá de lo ideológico, que hay que poner sobre el tapete a ver si surge de una vez la discusión que enriquezca el monólogo gubernamental, hay que observar políticamente este drama humano en un contexto de otros graves tropiezos de la administración, producto de dos situaciones: las internas en el seno del poder y la percepción de la opinión pública de que no todo es oro lo que reluce, tal como difunde el Gobierno. Dicho de otra forma, la gente ha comenzado a "manyar" de qué se trata.
En estos días, los vericuetos del discurso para intentar el disimulo han quedado bastante a la intemperie y eso le pega duro en la línea de flotación al Gobierno, a quien no le gusta quedar en evidencia, está claro, pero que no atina a otra cosa que a repetir los clichés. El silencio presidencial ante las adversidades, la negación de la realidad, el soltarle la mano a los amigos, echarle la culpa a los demás o cambiar de postura lo más campante son marcas registradas del kirchnerismo para tratar de desviar la atención.
En cuanto a la interna, está claro que en sordina se están registrando por esta horas serruchadas de piso, todos contra todos, a favor de la ocupación de espacios de poder. La Cámpora, el morenismo, el devidismo y hasta los alineados con el declinante vicepresidente Amado Boudou, están planeando con las alas extendidas sobre los temas del momento para ver cómo picotean mejor y acomodan sus fuerzas hacia el futuro. Desde ya, que poco y nada se inquietan por los lastres fiscales y de precios del modelo, por el retiro de subsidios a tarifas, por los bolsones de pobreza, por la carencia de planificación en infraestructura que lleva a estos accidentes por la falta de financiamiento externo o por el alejamiento de la Argentina del mundo, y claro está que apenas toman en cuenta cómo cada una de estas cuestiones impactan en la vida de la gente.
Lejos de las necesidades cotidianas de los ciudadanos, aunque diciendo que piensan en ellos, a la hora de buscar mayor protagonismo, los grupos internos de poder comenzaron a poner sobre el tapete algunos temas que los obnubilan: el rol que debe tener un Estado empresario y director, el futuro de los servicios públicos privatizados, el manejo discrecional del comercio exterior, cambios en la política energética, el total control político de la seguridad y hasta la búsqueda de la sumisión de los jueces.
Ante este cuadro de codazos que van y que vienen, hay que especular necesariamente con el rol que ocupa la Presidenta en esas pujas. Hasta ahora, no había duda, porque Cristina Fernández era el vértice adónde abrevaban todas estas corrientes y se sabía que ella ejercía un duro liderazgo, a la hora de sintetizar las opiniones. Pero, ahora, tras una salida de escena probablemente táctica y la anarquía que se observa en cada una de estas facciones por llevar agua para su propio molino, hay quienes se han puesto a pensar si ella misma no ha quedado "tocada" por la situación, para adentro, pero también para afuera.
Nunca antes se había escuchado antes con tanta furia el "Cristina, ¿dónde está?" como sucedió en el hall de la estación Once, tras la aparición del cadáver del joven Lucas Menghini Rey. Los gritos de ese momento daban claramente a entender que la metodología clásica del kirchnerismo de huir y meter la cabeza en un agujero hasta que pase la tormenta ya es bien conocida y ahora parece que no demasiado tolerada, ya que se le exige a los gobernantes algún otro grado de compromiso con la sociedad.
Y atención que por más que las usinas periodísticas gubernamentales se desgañitaban por las radios y por la TV adicta para explicar que había "infiltrados" en la manifestación, estos sólo aparecieron misteriosamente hacia el final para incendiar basura, romper vidrieras y hacer bardo para las cámaras y para que la Federal se luzca tirando gases, mientras la gente consternada por la macabra situación, la misma del común que había pedido "que se vayan todos" y los familiares del muchacho, se iban de la escena. Sin embargo, aunque los afanes comunicacionales del Gobierno también busquen hacer centro ocho años y medio después en los "resabios del neoliberalismo" o en las "herencias recibidas", los 51 muertos son el triste emergente de la política de subsidios para los amigos corporizada en TBA de los hermanos Claudio y Mario Cirigliano, situación que no tiene tres meses, como tampoco lo tiene el advenimiento de la familia Eskenazi, hoy repudiada por su accionar en YPF, quien no entró precisamente a la casa de los Kirchner, en Santa Cruz, por la ventana.
Ya sucedió con un montón de temas, por caso el "Proyecto X" de la Gendarmería que, aunque Nilda Garré reconoció que se sigue usando, aunque "no para espionaje", le fue endilgado por la ministra de Seguridad a Eduardo Duhalde.
Un ministro de aquel gobierno y antecesor de Garré en el manejo político de la fuerza, el senador Aníbal Fernández, lo había casi negado: "Que Plan X ni que ocho cuartos, ¿de qué estamos hablando?", se enfureció. Por supuesto, se repitió otro clásico K de echarle la culpa a la prensa no alineada, aunque en este caso, es notorio que nadie hablaba del tema hasta que el jefe de la fuerza, el propio comandante Héctor Schenone blanqueó al menos la carátula del "Project X" ante un juez.
Está claro que tampoco el negocio de Ciccone Calcográfica lo encaró un allegado a Julio Cobos. En este caso, la "omertá" de silencio es la constante que nadie rompe: ni el implicado, ni los funcionarios amigos, ni la prensa que le responde. Allí, Boudou, ha quedado complicado por la ex esposa de un amigo suyo, Alejandro Vanderbroele, titular de la empresa que se quedó con la imprenta, quien dijo públicamente que era "testaferro" del vicepresidente de la Nación. En tanto, saltó de su puesto en el BCRA un allegado a Boudou, quien había propiciado que se le diera a Ciccone un negocio de U$S 50 millones en impresión de billetes. Lo voló otra ala de la interna, Mercedes Marcó del Pont, bajo la estricta mirada de Guillermo Moreno.
Aquí, bien vale hacer una conexión con la Justicia, ya que esa causa que está en manos del juez federal Daniel Rafecas podría ser pedida por su colega Norberto Oyarbide, ya que existía una denuncia previa al respecto que hasta ahora no se había activado. La situación se torna vidriosa en cuanto a la confianza en la Justicia, ya que Oyarbide -aunque en un primer dictamen había sostenido lo contrario- dijo durante la semana que unos mail que habían cruzado el ex secretario de Transportes Ricardo Jaime con un asesor, donde se hablaba de negocios poco claros para el ex funcionario, no eran válidos porque se había roto la cadena de seguridad. Las dudas sobre el accionar de la Justicia se multiplicaron también cuando el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, anunció: que el Estado se iba a presentar como querellante ante la Justicia en el caso de la tragedia del Once "para defender el interés público y para poder ser parte en el expediente" y que para evaluar si TBA merecía sanciones se iba a esperar "a que se expida la Justicia".
La primera pretensión implica que el Estado es una de las víctimas de los hechos y que, como tal, puede impulsar medidas y asistir a la Fiscalía. Habrá que ver si el juez federal Claudio Bonadío acepta esa postura ya que es el Estado quien le entregó la concesión a TBA y puede ser considerado como partícipe en materia de responsabilidad, ya que debió ejercer el control a través de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), algo que está siendo notoriamente cuestionado, inclusive por la Auditoría General de la Nación (AGN).
En cuanto al otro punto, el caso se va a dilucidar en mucho en años, más allá de las demandas civiles y penales que lleven adelante los damnificados, quienes accionarán seguramente contra el Estado. En primera instancia, el juez deberá determinar los motivos del choque y luego hacer foco en las responsabilidades. Para el ala más contestataria del Gobierno, no hay que tener más contemplaciones con los Cirigliano.
El punto aquí es cómo convencer a la opinión pública de que el mismo Estado que toleró lo que toleró y que abdicó de los controles, que administra deficitariamente Aerolíneas Argentinas o que hizo pasar al país de ser productor de petróleo a ser importador de combustibles, sea capaz de administrar de ahora en más de modo eficiente un servicio de trenes. ¿Qué cabe esperar de los gobernantes en situaciones límite como ésta? En primer lugar, transparencia y frontalidad y esto es lo que ha faltado notoriamente en esta cuestión.
Pero más allá de lo ideológico, que hay que poner sobre el tapete a ver si surge de una vez la discusión que enriquezca el monólogo gubernamental, hay que observar políticamente este drama humano en un contexto de otros graves tropiezos de la administración, producto de dos situaciones: las internas en el seno del poder y la percepción de la opinión pública de que no todo es oro lo que reluce, tal como difunde el Gobierno. Dicho de otra forma, la gente ha comenzado a "manyar" de qué se trata.
En estos días, los vericuetos del discurso para intentar el disimulo han quedado bastante a la intemperie y eso le pega duro en la línea de flotación al Gobierno, a quien no le gusta quedar en evidencia, está claro, pero que no atina a otra cosa que a repetir los clichés. El silencio presidencial ante las adversidades, la negación de la realidad, el soltarle la mano a los amigos, echarle la culpa a los demás o cambiar de postura lo más campante son marcas registradas del kirchnerismo para tratar de desviar la atención.
En cuanto a la interna, está claro que en sordina se están registrando por esta horas serruchadas de piso, todos contra todos, a favor de la ocupación de espacios de poder. La Cámpora, el morenismo, el devidismo y hasta los alineados con el declinante vicepresidente Amado Boudou, están planeando con las alas extendidas sobre los temas del momento para ver cómo picotean mejor y acomodan sus fuerzas hacia el futuro. Desde ya, que poco y nada se inquietan por los lastres fiscales y de precios del modelo, por el retiro de subsidios a tarifas, por los bolsones de pobreza, por la carencia de planificación en infraestructura que lleva a estos accidentes por la falta de financiamiento externo o por el alejamiento de la Argentina del mundo, y claro está que apenas toman en cuenta cómo cada una de estas cuestiones impactan en la vida de la gente.
Lejos de las necesidades cotidianas de los ciudadanos, aunque diciendo que piensan en ellos, a la hora de buscar mayor protagonismo, los grupos internos de poder comenzaron a poner sobre el tapete algunos temas que los obnubilan: el rol que debe tener un Estado empresario y director, el futuro de los servicios públicos privatizados, el manejo discrecional del comercio exterior, cambios en la política energética, el total control político de la seguridad y hasta la búsqueda de la sumisión de los jueces.
Ante este cuadro de codazos que van y que vienen, hay que especular necesariamente con el rol que ocupa la Presidenta en esas pujas. Hasta ahora, no había duda, porque Cristina Fernández era el vértice adónde abrevaban todas estas corrientes y se sabía que ella ejercía un duro liderazgo, a la hora de sintetizar las opiniones. Pero, ahora, tras una salida de escena probablemente táctica y la anarquía que se observa en cada una de estas facciones por llevar agua para su propio molino, hay quienes se han puesto a pensar si ella misma no ha quedado "tocada" por la situación, para adentro, pero también para afuera.
Nunca antes se había escuchado antes con tanta furia el "Cristina, ¿dónde está?" como sucedió en el hall de la estación Once, tras la aparición del cadáver del joven Lucas Menghini Rey. Los gritos de ese momento daban claramente a entender que la metodología clásica del kirchnerismo de huir y meter la cabeza en un agujero hasta que pase la tormenta ya es bien conocida y ahora parece que no demasiado tolerada, ya que se le exige a los gobernantes algún otro grado de compromiso con la sociedad.
Y atención que por más que las usinas periodísticas gubernamentales se desgañitaban por las radios y por la TV adicta para explicar que había "infiltrados" en la manifestación, estos sólo aparecieron misteriosamente hacia el final para incendiar basura, romper vidrieras y hacer bardo para las cámaras y para que la Federal se luzca tirando gases, mientras la gente consternada por la macabra situación, la misma del común que había pedido "que se vayan todos" y los familiares del muchacho, se iban de la escena. Sin embargo, aunque los afanes comunicacionales del Gobierno también busquen hacer centro ocho años y medio después en los "resabios del neoliberalismo" o en las "herencias recibidas", los 51 muertos son el triste emergente de la política de subsidios para los amigos corporizada en TBA de los hermanos Claudio y Mario Cirigliano, situación que no tiene tres meses, como tampoco lo tiene el advenimiento de la familia Eskenazi, hoy repudiada por su accionar en YPF, quien no entró precisamente a la casa de los Kirchner, en Santa Cruz, por la ventana.
Ya sucedió con un montón de temas, por caso el "Proyecto X" de la Gendarmería que, aunque Nilda Garré reconoció que se sigue usando, aunque "no para espionaje", le fue endilgado por la ministra de Seguridad a Eduardo Duhalde.
Un ministro de aquel gobierno y antecesor de Garré en el manejo político de la fuerza, el senador Aníbal Fernández, lo había casi negado: "Que Plan X ni que ocho cuartos, ¿de qué estamos hablando?", se enfureció. Por supuesto, se repitió otro clásico K de echarle la culpa a la prensa no alineada, aunque en este caso, es notorio que nadie hablaba del tema hasta que el jefe de la fuerza, el propio comandante Héctor Schenone blanqueó al menos la carátula del "Project X" ante un juez.
Está claro que tampoco el negocio de Ciccone Calcográfica lo encaró un allegado a Julio Cobos. En este caso, la "omertá" de silencio es la constante que nadie rompe: ni el implicado, ni los funcionarios amigos, ni la prensa que le responde. Allí, Boudou, ha quedado complicado por la ex esposa de un amigo suyo, Alejandro Vanderbroele, titular de la empresa que se quedó con la imprenta, quien dijo públicamente que era "testaferro" del vicepresidente de la Nación. En tanto, saltó de su puesto en el BCRA un allegado a Boudou, quien había propiciado que se le diera a Ciccone un negocio de U$S 50 millones en impresión de billetes. Lo voló otra ala de la interna, Mercedes Marcó del Pont, bajo la estricta mirada de Guillermo Moreno.
Aquí, bien vale hacer una conexión con la Justicia, ya que esa causa que está en manos del juez federal Daniel Rafecas podría ser pedida por su colega Norberto Oyarbide, ya que existía una denuncia previa al respecto que hasta ahora no se había activado. La situación se torna vidriosa en cuanto a la confianza en la Justicia, ya que Oyarbide -aunque en un primer dictamen había sostenido lo contrario- dijo durante la semana que unos mail que habían cruzado el ex secretario de Transportes Ricardo Jaime con un asesor, donde se hablaba de negocios poco claros para el ex funcionario, no eran válidos porque se había roto la cadena de seguridad. Las dudas sobre el accionar de la Justicia se multiplicaron también cuando el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, anunció: que el Estado se iba a presentar como querellante ante la Justicia en el caso de la tragedia del Once "para defender el interés público y para poder ser parte en el expediente" y que para evaluar si TBA merecía sanciones se iba a esperar "a que se expida la Justicia".
La primera pretensión implica que el Estado es una de las víctimas de los hechos y que, como tal, puede impulsar medidas y asistir a la Fiscalía. Habrá que ver si el juez federal Claudio Bonadío acepta esa postura ya que es el Estado quien le entregó la concesión a TBA y puede ser considerado como partícipe en materia de responsabilidad, ya que debió ejercer el control a través de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), algo que está siendo notoriamente cuestionado, inclusive por la Auditoría General de la Nación (AGN).
En cuanto al otro punto, el caso se va a dilucidar en mucho en años, más allá de las demandas civiles y penales que lleven adelante los damnificados, quienes accionarán seguramente contra el Estado. En primera instancia, el juez deberá determinar los motivos del choque y luego hacer foco en las responsabilidades. Para el ala más contestataria del Gobierno, no hay que tener más contemplaciones con los Cirigliano.
El punto aquí es cómo convencer a la opinión pública de que el mismo Estado que toleró lo que toleró y que abdicó de los controles, que administra deficitariamente Aerolíneas Argentinas o que hizo pasar al país de ser productor de petróleo a ser importador de combustibles, sea capaz de administrar de ahora en más de modo eficiente un servicio de trenes. ¿Qué cabe esperar de los gobernantes en situaciones límite como ésta? En primer lugar, transparencia y frontalidad y esto es lo que ha faltado notoriamente en esta cuestión.
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