Siempre de lana; ¿nunca de hierro?

No podrá decirse que la Justicia maltrató al gobernador, José Alperovich, y a los suyos. Tras ocho años de poder, desde el edificio de tribunales sólo se escucharon buenas noticias para el alperovichismo. Es como si, frente al mito del duende, el gobernador y quienes lo rodean siempre tuvieran la suerte de ser golpeados con la mano de lana.

El terremoto político y social que desató la decisión del fiscal Guillermo Herrera de requerir el sobreseimiento del hijo del ministro de Economía, Jorge Jiménez, en una causa por homicidio culposo mostró que el alperovichismo puede sentirse protegido en la cima de la montaña de votos que lo respalda, pero que no está blindado a los cimbronazos que asuntos tan sensibles pueden provocar en la sociedad.

A poco de asumir, y con el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) derogado, el gobernador puso la firma al plan pirinchista para cubrir vacantes judiciales. Así desembarcaron en tribunales el propio Herrera, el juez Juan Francisco Pisa, y las fiscalas Adriana Giannoni y María de las Mercedes Carrizo. Meses después, Pisa sobreseyó a la senadora Beatriz Rojkés en la causa en la que se habían investigado presuntas irregularidades por contratación de publicidad oficial, durante la gestión de Julio Miranda, por medio de la Fundación PIBE. En 2007, el hoy expuesto Herrera archivó una denuncia contra el por entonces secretario de Coordinación con Municipios y Comunas Sergio Mansilla, por supuestas anomalías. En manos de la fiscala Giannoni, en tanto, recayó la pesquisa por la tragedia que enlutó el 9 de Julio de 2008. Aquel mediodía, en el hipódromo, un tucumano murió al derrumbarse una tribuna montada por el Gobierno para el acto. Nunca se supo que algún funcionario público haya dado explicaciones.

Carrizo es la fiscala que, entre 2010 y 2011, estuvo en boca de todo el poder político porque investigó el intento del ministro de Salud, Pablo Yedlin, para contratar una fundación por $ 800.000. Yedlin fue multado por el Tribunal de Cuentas a raíz de las graves irregularidades administrativas. El escándalo destapado por LA GACETA fue enorme: la Fundación Salud se constituyó legalmente luego de haber dictado los supuestos cursos. Y registró como domicilio un departamento cuyo teléfono estaba a nombre de un ex funcionario del Ministerio de Salud y asesor del ministro nacional -vicegobernador en licencia-, Juan Manzur. Funsal, además, fue integrada con empleados del Siprosa. La fiscala concluyó que una sanción administrativa bastaba para barrer un presunto delito y para eximir de culpa a Yedlin. Es decir, Carrizo consideró que no tenía sentido juzgarlo, porque ya había sido sancionado.

El propio Alperovich recibió en julio un empujón enorme para arrollar a la oposición. En plena feria, la Corte Suprema le avaló, vía del excepcionalísimo per saltum, la chance de buscar un nuevo mandato.

En los últimos días, las buenas relaciones judiciales del alperovichismo volvieron a salir a la superficie. El hijastro del fiscal Herrera, Diego Sebastián Hevia (alias "Pepo"), fue titularizado en el Ministerio de Gobierno por Edmundo Jiménez -de quien el fiscal se declaró amigo- el 21 de octubre (Decreto 3.860/14). Y el abogado Carlos Mariano Delgado, hijo de la fiscala Carrizo, fue nombrado en noviembre de 2007 en el Ministerio de Seguridad (Decreto 210/7). Hoy busca el cargo de defensor oficial mediante un concurso del CAM.

A la vuelta de tantas buenas noticias puede entenderse por qué tanto empeño de la defensa de Manzur para que la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito pase de la Justicia federal a la provincial.

No obstante, en el tradicional mito norteño siempre queda la duda. Porque alguna vez, la suerte puede cambiar y el duende golpeará con la mano de hierro.