Ironías, salarios y protestas

Febrero siempre es un mes especial para las negociaciones salariales, es clave para arreglos en paritarias que promuevan tranquilidad social, especialmente en un año como 2012, vacío de comicios. A veces, el proselitismo y las votaciones ponen en un segundo plano las discusiones y los acuerdos por mejoras de haberes. En 2011, por ejemplo, los docentes reclamaron una suba del 35% y consiguieron un 22%; mientras que otros tuvieron mejor suerte con sus demandas y arreglaron por porcentajes superiores (30% en el caso de los bancarios, mercantiles y el sector de la alimentación); pero no hubo mayores problemas. El drama social no estalló. Los camioneros, por su lado, arreglaron por un 24%, un valor que se supuso fue acordado con el Gobierno nacional para que sirviera de medida testigo para el resto de las organizaciones sindicales. Claro, eran tiempos en que las sociedades políticas funcionaban; épocas de soportarse mutuamente, como sucedía entre la presidenta, Cristina Fernández, y el líder de la CGT, Hugo Moyano.

Mucho cambió desde entonces; hoy el moyanismo le exige al Gobierno una mejora en los ingresos del 100% para los trabajadores. Una chicana que no tiene el peso ni el significado de aquel 24%; esta nueva cifra es para mostrar que por lo menos la CGT moyanista esta alejada del kirchnerismo y de la clase dirigente que se concedió a sí misma un incremento del 100% en las dietas. La ironía del nuevo "porcentaje testigo" de los camioneros -distinto al de 2011- conlleva un mensaje para la jefa de Estado: se está del lado de los trabajadores o bien del lado de los privilegiados. No es que la hayan entrampado, sólo son planteos en el marco de un distanciamiento público, donde la demanda salarial es aprovechada para las aspiraciones sectoriales. Claro que si se mezclan intereses políticos con necesidades salariales, lo más probable es que el desequilibrio marque las tratativas en ese caso.

En Tucumán, sucede otro tanto, aunque no exista un enfrentamiento político detrás de las discusiones por los sueldos, aun en ciernes. Por estos lares los legisladores sólo se concedieron una mejora del 33%, no un 100% como los congresistas, pero también el porcentaje sirvió de disparador para que los gremios tucumanos salieran a pedir un valor similar, aunque sin ironías. De todas formas, en la provincia, los sindicatos estatales están a la espera de que haya un arreglo a nivel nacional con los docentes, porque servirá de base para el resto de los acuerdos. Algunos, tal el caso de UPCN, reclama un 40% de mejora, una cifra para sentarse a negociar. Luego se verá en qué se termina.

En el fondo, lo que quieren las organizaciones que agrupan a los empleados públicos es que el básico aumente entre $ 700 y $ 1.000. Actualmente el haber de la categoría 15 de la administración pública es el mínimo testigo, y es de $ 2.380. Si ese básico llegara a $ 3.000, por ejemplo -o más, obvio-, se podría encauzar un diálogo para cerrar un pacto con el Gobierno provincial. ¿Es posible que haya medidas de acción directa si no consiguen lo que aspiran? Amenazas siempre hay. Sin embargo, algunos gremios están realizando un trabajo de concienciación -pese a que muchos afiliados están de vacaciones, por lo que una medida de protesta en esta época pierde fuerza- para aplicar un plan de lucha. La fortaleza de cualquier acción depende de la cantidad de adherentes, cuanto más regresen de su descanso y retomen su labor en las oficinas públicas, más chances de éxito. Obviamente, en el Poder Ejecutivo manejan esta alternativa y apuran un arreglo en este tiempo, el de "debilidad" sindical por ausencia de trabajadores. Intereses contrapuestos que le dicen. Pero los docentes ya picaron en punta: amenazaron con no iniciar las clases. Como siempre.