En la disyuntiva de apañar la prostitución o desestimularla

Diana Maffía, asesora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuestiones de género, reconoce que quienes deben evaluar desde lo jurídico el fenómeno de la prostitución se encuentran ante dos abordajes que parecen contradictorios entre sí: el abolicionista, que indica que no puede existir el comercio sexual, y el reglamentarista, por el cual el Estado regula esa práctica. "Nuestro país no penaliza la prostitución. Lo que se penaliza es al sistema prostituyente, pero no a la persona en prostitución. Sin embargo, no se puede penalizar la oferta y la demanda de sexo en la calle porque eso es inconstitucional. Se está poniendo la sanción en la persona que es la víctima", afirma la experta.

"La prostitución no debe ser penalizada, pero un Estado abolicionista- como el argentino- desalienta toda forma de prostitución y toda forma de explotación, y debe perseguir a quienes sí cometen delito: la trata de personas, el proxenetismo, la persona que lucra con las prostitución ajena ( a una mujer que se sienta en el bar le cobran la copa el doble que al resto...) Esto debería estar penalizado y perseguido. Ahora- añade Maffía - el Estado no persigue ni penaliza a quienes lucran con la prostitución, y en cambio penaliza a las mujeres o travestis en prostitución. Si vamos a pasar de ser un país abolicionista a ser un país reglamentarista, esto significaría un cambio de leyes en el Congreso. El reglamentarismo dice: haremos un listado de las personas en prostitución, les daremos una cartilla de salud, les vamos a dar derechos de trabajadoras. Pero esa no puede ser una política pública en un Estado abolicionista".