La decisión de Alperovich es, cuanto menos, oportuna. Ni el alperovichista más optimista confiaba en que la revisión por parte de la Corte del fallo contra la Junta Electoral fuera favorable a las intenciones del Gobierno. En los pasillos judiciales y políticos todas las versiones daban cuenta de que el ánimo no era sino el de ratificar la sentencia de los camaristas Rodolfo Novillo y Carlos Giovanniello.

¿Qué busca el Gobierno con esta decisión? Básicamente, cerrar una herida hacia la que la oposición apuntaba directamente sus golpes. La integración de la Junta Electoral, con mayoría del poder político, era el flanco preferido por los referentes enfrentados al Gobierno. Y esa pelea, al menos, le venían ganando al oficialismo. Desistir de la casación podría significar, en consecuencia, un dolor de cabeza menos para un alperovichismo que camina confiado a los comicios del 28 de agosto.

Sin embargo, más allá de la polvareda política, una de las discusiones que se iniciaron en 2006 (a partir la reforma constitucional) se cierra ahora con una bocanada de oxígeno para las instituciones. Y con la confirmación de que lo que la oposición no logra en las callejuelas políticas, lo puede la Justicia siguiendo un sendero más equilibrado. Más compacto.