A 10 años de los cacerolazos que derivaron en un esbozo de reforma política, la discusión respecto del financiamiento partidario está aún en pañales. Fundamentalmente, por la falta de un sinceramiento del sistema.

Si los aportes públicos -en el caso nacional- no alcanzan para sostener una agrupación y, muchos menos, para afrontar una campaña electoral, ¿de dónde sale el dinero con el que los candidatos se posicionan desde mucho antes del inicio de la campaña? Aún más, si la ley local no prevé una asistencia financiera en función de los sufragios obtenidos, ¿cuál es la fuente de sustento de ese centenar de fuerzas provinciales, municipales y comunales que el mejunje del acople dio a luz? Bajo este concepción mercantilista de la actividad proselitista, ser un político pobre equivale a ser un pobre político.

En rigor, la voluntad impuesta por la mejor disposición no puede doblegar una realidad de la que nadie quiere hacerse cargo: transparentar el costo de la política. Porque a los que están en el poder el "derroche" les garantiza un bolsillo inagotable de alegrías hasta el día de los comicios. Y porque, cual palomas, siempre hay otros dispuestos a picotear la migajas que esparce el poderoso.