Si hay un animal que tiene piel de león, melena de león, garras de león, cola de león, dientes de león y ruge como un león; lo más probable, es que sea un león. ¿Por qué, pese a las evidencias recogidas en tres años, el Estado nunca puso los ojos donde debía ponerlos? ¿No vio lo que los tucumanos ven desde la autopista cuando echan un vistazo al este? A juzgar por el tiempo transcurrido, quizá nadie en el Gobierno haya querido llamar al león por su nombre.

Porque la responsabilidad de las autoridades no termina con la expedición de un certificado. Por el contrario, allí en donde realmente comienza. Y con Pacará Pintado no hubo una acción responsable. Lo dijo la federación ambientalista que impulsó la demanda, lo advirtió Gendarmería Nacional y lo especificaron expertos y profesionales de la UNT: el lugar contamina el ambiente.

Sin embargo, el Estado negó que lo que tenía frente a sus narices era lo que todos le decían que era. Al final, tuvo que ser la Justicia la que pusiera el nombre y el apellido a una realidad innominada para la Provincia. Y no fue un juez: fueron dos en el fuero local, y uno en el federal. ¿También están equivocados? Simplemente siguieron el camino que les marcaron las evidencias. ¿Por qué no lo hizo el Gobierno?

Dirán que Pacará Pintado ya no recibe basura y que se habilitó Overa Pozo. Pero ya se sabe que para contar una mentira se dicen mil verdades. Si falló el control, alguien debería asumir la responsabilidad en el Gobierno. Si falló la concesionaria, ¿por qué se le amplía el negocio? No vaya a ser cosa que, para el Estado, lo que todos los tucumanos ven en Pacará Pintado no sea una montaña de basura, sino algo que se le parece.