El conflicto entre la Argentina y Uruguay

Tras casi cuatro años de disputa, finalmente la Corte Internacional de Justicia de La Haya dio a conocer su fallo, de carácter inapelable para las partes. El conflicto entre la Argentina y Uruguay se produjo como consecuencia de que el país vecino autorizó la construcción de una pastera en Fray Bentos, a la vera del río Uruguay. Los habitantes de la entrerriana Gualeguaychú mantienen desde entonces bloqueado el puente internacional "General San Martín" que une ambas ciudades, por cuanto sostienen que la fábrica finlandesa contamina el cauce de agua.
En su veredicto, la Corte Internacional sostuvo que los hermanos orientales violaron el Estatuto de 1975 que regula el uso del río Uruguay, pero no así sus "obligaciones de fondo", al permitir la instalación de la pastera Botnia. Descartó ordenar la reubicación de la fábrica, como exigía la Argentina. Respecto de la contaminación, el organismo internacional dijo que no hay evidencias claras de que hubiese efectos nocivos en el cauce de agua desde que la fábrica comenzó a funcionar en noviembre de 2007.
Como ya se había anticipado, el dictamen no favoreció a ninguna de las partes. El Tribunal les pidió a las naciones que resolvieran sus diferencias a través del diálogo y de las consultas, tal como establece el Estatuto de 1975, y desestimó las demandas de la Argentina por contaminación sonora o visual y se declaró incompetente en materia del impacto turístico que podría provocar el conflicto.
Mientras los mandatarios y cancilleres de ambos países reaccionaron con moderación, la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú dijo que el fallo de la Corte de La Haya no soluciona el conflicto y tampoco contribuye a la paz social y anunció que se efectuará una asamblea en el puente San Martín para el domingo. El movimiento informó que proseguirá la lucha para demostrar que Botnia contamina, y que su ilegalidad es suficiente para que se retire de la cuenca del río Uruguay. Todo parece indicar que no cederán en su intransigencia.
El canciller argentino exhortó a los asambleístas entrerrianos a reflexionar sobre el contenido del fallo y afirmó que la continuidad del corte del puente internacional no es la mejor manera de mantener la protesta. En la media tarde de ayer, se informó que nuestra Presidenta y su colega uruguayo se reunirán en Olivos el miércoles para acordar los pasos a seguir tras el dictamen del tribunal de La Haya. Según se anticipó, uno de los objetivos del encuentro es avanzar en la  posibilidad de realizar un monitoreo ambiental conjunto en el río Uruguay, para establecer si la pastera produjo contaminación desde que comenzó a operar en Fray Bentos. Uruguay, por su parte, propondría una modificación del Estatuto para que contemple las temáticas ambientales.
Cuando de común acuerdo se somete un conflicto al arbitraje de un tribunal, se debe acatar su fallo tal como aceptaron hacerlo Uruguay y la Argentina. Si una de las partes considera que el laudo no lo favoreció y quiere en consecuencia descalificarlo o desconocerlo, se está faltando a la palabra comprometida. Gualeguaychú no constituye un país, forma parte de la Argentina y como tal, sus asambleístas deben acatar las decisiones de sus gobernantes aunque no estén de acuerdo con estas. La intransigencia no es el camino indicado para resolver las diferencias, sino para profundizarlas como ya se ha visto. Este diálogo de sordos que lleva varios años, debería concluir de una vez por todas y dar paso a la comunicación. Ambos estadistas deberían encontrar el modo de mirar hacia adelante para fortalecer los vínculos de hermandad entre los pueblos y superar definitivamente este enfrentamiento que corre el riesgo, a esta altura, de convertirse en estéril.