Las primeras medidas judiciales para investigar las presuntas irregularidades cometidas en la contratación de cursos sobre endodoncia en el Siprosa serán solicitadas hoy por la fiscala penal de la IX Nominación, María de las Mercedes Carrizo.
Según detallaron fuentes de Tribunales a LA GACETA, la funcionaria requerirá al juez de instrucción penal de la III Nominación, Francisco Pisa, autorización para iniciar las pesquisas. Dado que uno de los denunciados (el ministro de Salud, Pablo Yedlin) tiene privilegios constitucionales, el Código Procesal Penal de Tucumán fija que el fiscal debe solicitar el inicio de una investigación jurisdiccional.
Concretamente, Carrizo pretende contar con una copia del expediente oficial firmado por Yedlin, mediante el que se avaló un pago de $ 800.000 a la Fundación Salud (Funsal) por el dictado de los cursos "Endodoncia Complementaria al Saneamiento Básico". Los elementos sobre los que girará la investigación la fiscala apuntan precisamente a algunas de las objeciones formuladas por el Tribunal de Cuentas (TC) en el Acuerdo Nº 188, mediante el que se rechazó el pago a Funsal. Entre sus objeciones, el órgano de control cuestionó que el listado de estudiantes (odontólogos y auxiliares del Siprosa) no haya sido acompañado por el número de documento de cada uno, como así tampoco de una constancia de la Dirección de Personal que acredite su pertenencia al Siprosa. Además, observó que el Ministerio de Salud no haya adjuntado la nómina de profesionales que dictaron los cursos de capacitación.
Efectivamente, desde que se publicó el Acuerdo Nº 188, el 18 de febrero, este diario intenta en vano que el ministro Yedlin haga pública la lista de casi 100 empleados que, según dijo, completaron la capacitación de Funsal. Como contrapartida, la respuesta del Ministerio de Salud siempre fue negativa. Puntualmente, también es una de las medidas solicitadas por los impulsores de la denuncia que dio curso a la investigación, los abogados Oscar López (peronismo disidente) y Raúl Moreno (UCR). Los opositores presentaron la denuncia el 19 de febrero, pero por un conflicto de actuación entre la fiscala Carrizo y su par, Carlos Sale, el expediente no registró ningún avance durante ese lapso.
Otro elemento sobre el que pretende indagar la fiscala es la incongruencia entre la fecha de inicio de los cursos (12 de mayo de 2009) y la de inicio de actividades de la Fundación Salud (2 de julio) y del convenio con el Siprosa (19 de agosto). Paralelamente, la relación entre el presidente de Funsal, el chileno Héctor Silva Olivares, y el jefe de Gabinete del Ministerio de Salud de la Nación, Raúl Penna, será parte de las pesquisas. En rigor, el teléfono de la sede fijada por Funsal está a nombre de Penna.